Experto: "Chile era un país de emigrantes y no de inmigrantes"
Bernardo Navarrete, del Centro de Estudios Migratorios, señala que los extranjeros que vienen al país para quedarse, enfrentan reglas no del todo coherentes.
Bernardo Navarrete
Profesor asociado de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Ciencia Política y Magíster en Ciencias Sociales. Licenciado en Educación y Profesor de Estado en Historia y Geografía. Ha sido asesor en el Congreso Nacional ¡Senado) Presidencia de la República y en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Sus áreas de investigación son las políticas públicas y gobiernos subnacionales. La docencia la ejerce en Políticas Públicas Política Comparada y Métodos de Investigación Cualitativa.
Ha escrito tres libros y en los últimos cinco años ha publicado 15 capítulos de libros y 12 artículos en revistas indexadas.
Al migrar, las personas pierden los derechos ciudadanos de sus países de origen, dice el experto | agencia uno
"En Chile el aumento de la inmigración ha provocado perplejidad en un país que tradicionalmente ha sido productor de emigrantes y que no dispone de una tradición disciplinaria que estudie la migración de forma persistente", señala Bernardo Navarrete, académico del Centro de Estudios Migratorios.
Navarrete agrega que "la reflexión actual ha estado muy determinada por la perspectiva normativa, centrada en los límites éticos que significa para la comunidad política la responsabilidad sobre las instituciones del Estado involucradas con la inmigración".
Para el académico, las largas filas que ha generado el tercer proceso regulatorio implementado por el Gobierno, "visibiliza la discusión sobre las políticas de acceso y coexistencia. Los inmigrantes ya están aquí para quedarse, pero enfrentan reglas no del todo coherentes, difíciles de modificar y escasamente relacionadas entre sí".
"Estamos esperando una ley en forma", dice Navarrete, añadiendo que "en el intertanto las instituciones formales deben lidiar con las informales (costumbres, cultura y expectativas), que estructuran el comportamiento de inmigrantes y afectan el desarrollo de políticas públicas hacia quienes no son connacionales".
"Las instituciones formales también son capaces de modificar la estructura de oportunidades y expectativas que tienen los migrantes.
De hecho, la primera prueba que tiene el inmigrante en el país de recepción, es producto de sus primeras relaciones con las instituciones públicas. El espacio de acción de los inmigrantes se ve restringido no tan solo por los límites legales de nuestra sociedad, sino además porque los recién llegados tienen prácticas culturales que las estructuras institucionales no habían contemplado, lo cual puede generar conflictos".
Adelanta que "el dilema para quienes atienden en la 'ventanilla' de sus instituciones, es sobre el grado de satisfacción de las necesidades que gestionan y cuántas de las aspiraciones están siendo respondidas".
"Es importante recordar que al migrar las personas se alejan de las instituciones redes sociales y pierden los derechos ciudadanos de sus países de origen, mientras que en los países de acogida los migrantes no logran obtener los derechos y beneficios que disfrutan los ciudadanos", indica.
El especialista insiste en que "necesitamos una ley que responda a la burocracia que gestiona la inmigración al proveerla de una reglamentación clara sobre los incentivos y restricciones aplicables a todos. Además, las políticas migratorias están determinadas por la percepción que el gobierno tenga sobre las migraciones, que generan por acción u omisión, un modelo de sociedad que con el correr de los días nos iremos informando".
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