La falta de agua y sus hechos comprobados
Ya no es una posibilidad, es un hecho que en muchos sectores de la Provincia de Quillota, el agua para consumo humano depende de la llegada de camiones aljibe. Es un hecho que, en Boco, Quillota, deben cerrarse -entre las 11 y las 20 horaslas válvulas de la Cooperativa de Agua Potable Rural, para que pueda llenar sus estanques desde camiones distribuidores. Hay varias causas detrás de esta situación que viven miles de familias de la zona y un millón 400 mil personas en el país: Es cierto que estamos frente a la mayor sequía de la historia. También que, hoy en Chile, no está consagrado el uso privilegiado del agua para consumo humano, como un derecho, en la Constitución. Es un hecho que, el martes de la semana pasada, cuando se quiso corregir esta situación en el Senado, se rechazó la idea de legislar, porque 12 parlamentarios de la derecha más dura fueron más fuertes que los 24 votos a favor, al no cumplirse el quórum de 2/3 de los votos, que exige la Constitución de 1981 y sus posteriores reformas, para hacer cambios de este calibre en la carta fundamental. También que hay un *acaparamiento” de acciones de agua en unos
pocos accionistas, gracias al artículo de esta misma carta magna, que permite que el agua sea entendida como un bien de derecho privado. Es un hecho que -como me lo dijo en una entrevista un ex director de la DGAexisten casos donde un agricultor usa sólo el 20% de los derechos de aprovechamiento de agua y el otro 80% no lo usa o lo transa en el mercado, como se hace con las acciones en la Bolsa de Valores, especulación de por medio. Es un hecho que, a pesar de la grave sequía, con otras reglas del juego o mayor solidaridad entre los usuarios de agua, el agua sí podría alcanzar para todos. Otro hecho es que jueces de la región han otorgado derechos a quienes los piden por la vía judicial, incluso teniendo en su mano informes de la Dirección de Aguas recomendando no otorgarlos, respaldados en informes técnicos que demuestran el agotamiento del acuífero. Por ello, es obvio que hay más derechos asignados que agua disponible. Es un hecho que el agua que llevan los camiones aljibe a los APR, la mayoría comprada por el Estado, a razón de 38 mil millones de pesos al año, es agua y no un sucedáneo. Es decir, hay agua en alguna parte
y alguien se hace rico vendiendo este “oro transparente” mientras hay familias que sufren. También es un hecho que los movimientos sociales y ONG más relevantes en la denuncia pública de “robo de agua” no han puesto nunca una denuncia en tribunales. Al menos no en la región, que ha sido usada de plataforma para sus acciones mediáticas. Es más: cuando la DGA se fue a la Corte contra un gran empresario de la Provincia de Petorca, denunciado por estas mismas organizaciones, debi hacerlo sola y ganó. Es un hecho que el acuerdo entre los regentes de las cuatro secciones del río ya no es suficiente para llegar con agua a todos quienes lo necesitan. Por eso, parece poco inteligente seguir sosteniendo que no es necesario cambar las reglas de juego y reemplazar el actual Código de Aguas. También lo es seguir creyendo que la Constitución es un paraguas protector de nuestros derechos y por eso es necesario redactar una nueva para evitar que unos pocos votos impidan cambios tan fundamentales como definir que el agua es un bien público y su consumo humano debe estar garantizado por el Estado.
Claudio Espejo Bórquez Editor
