ENTREVISTA. FRANCISCO VILLALÓN, gerente asuntos corporativos de Andes Iron
“La gran mayoría de la comunidad quiere que se haga este proyecto”
Rancisco Villalón, geE rente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, sostiene que es clave que el proyecto sea revisado técnicamente y en derecho, algo que, en su opinión, en el “Consejo Regional de Coquimbo y el Comité de Ministros claramente no sucedió”.
El proyecto Dominga ha tenido un camino muy difícil. ¿A qué atribuyen losrechazos sufridos? ¿ Cuánto han impactado razones de orden político y la propiedad de la iniciativa? -La tramitación podríamos dividirla en dos etapas. En la primera, de carácter técnico, Dominga obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, que recomendaba aprobar el proyecto. Ello tras mas de tres años de análisis de parte del SEA. Posteriormente, vino la votación Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por el intendente y los seremis, que de acuerdo información pública que han entregado personas que participaron en ese proceso, se realiun contexto de presiones, ajenas al plano técnico. Posteriormente, en el Consejo de Ministros, hubo situaciones complicadas y que son de conocimiento público, que terminaron con dos ministros y un subsecretario renunciando al Gabinete. La composición de propiedad, en tanto, no ha tenido
gravitación alguna.
¿ Cuál es el relacionamiento con la comunidad? ¿ Qué percepción tienen respecto del proyecto? - Hoy la gran mayoría de la comunidad quiere que se haga este proyecto y hacia ellos sentimos una enorme responsabilidad. Así quedó reflejado en la reciente consulta ciudadana realizada por la Asociación de Municipalidades. La gente está cansada de centralismo y de que grupos minoritarios que buscan imponer
Sus ideas destruyan sus sueños y esperanzas. Desde un inicio este proyecto ha realizado un intenso trabajo con la comunidad de manera transparente. Tras un proceso de diálogo, la empresa cerró hace mas de tres años un acuerdo marco con la comunidad para fomentar el desarrollo humano, ambiental y productivo de la comuna de La Higuera. Este acuerdo implica un aporte de entre US$ 2 y US$ 4 millones anuales (del orden de hasta US$ 100 millones aproximadamente en 25 años) a una entidad compartida que financiará iniciativas acordadas con la comunidad. Asimismo, la empresa usará ciento por ciento de agua desalada en sus procesos, lo que permitirá asegurar el consumo humano en La Higuera. ¿Qué esperan del Primer Tribunal Ambiental? - Creemos en la justicia. Esperamos que ahora quese volverá a analizar el fondo del caso, un tribunal especializado pondere la información técnica, lo cual en instancias como el Consejo Regional y el Comité de Ministros claramente no sucedió.
“La gente está cansada de centralismo y de que grupos minoritarios que buscan imponer sus ideas destruyan sus sueños”.
