Crear seguros en pensiones o un pilar de reparto; mayores subsidios al valor de la tarifa del transporte público; devolución de impuestos como el IVA para los ingresos más bajos; fijar precios de referencia y aumentar cobertura de medicamentos ambulatorios, y contener el efecto del dólar y crear la figura del comercializador de electricidad aparecen entre las propuestas de los especialistas. + C. AGURTO, N. DURANTE y J. ESTURILLO
Pensiones de vejez alcanzan en promedio los $233 mil mensuales,
pero el 50% de los jubilados obtiene menos de $151 mil
Las bajas pensiones es uno de los principales problemas que preocupan a la sociedad chilena. Y los fríos números son concluyentes: si consideramos el promedio de lo que reciben todos los pensionados —desde los que cotizaron una vez en la vida hasta los que lo hicieron por 40 años—, logran autofinanciar una pensión promedio de $207 mil, y con aporte del Pilar Solidario dicho monto asciende a $233 mil. Los datos de la Superintendencia de Pensiones revelan, además, que el 50% recibe menos de $151 mil. ¿Qué explica los bajos montos de las pensiones? Para buena parte de los expertos, este fenómeno radica en las condiciones del mercado laboral chileno con bajos sueldos, informalidad laboral que incide en la baja densidad de cotizaciones, subcotización, entre otras razones. En este contexto, Marco Morales, académico del departamento de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP) , explica
que el pilar de capitalización individual cumple con su objetivo. De hecho, plantea que los pensionados con mayor densidad de cotización obtienen mejores pensiones. Los números muestran que una persona que cotizó entre 1 y 5 años recibe una pensión promedio de $124 mil, incluyendo el aporte previsional solidario; mientra que alguien que lo hizo entre 35 y 40 años recibe, en promedio, $600 mil. Pese a esto, cree necesario ajustar el sistema de pensiones a la realidad del país. “No da para un sistema de capitalización individual como pilar fundamental”, explica ¿ Cómo incrementar las pensiones? Junto con mejorar los parámetros antes expuestos, como la densidad de cotizaciones y los salarios, el experto de la UDP plantea generar un pilar adicional al pilar de capitalización individual y al pilar solidario, que sea financiado con cotizaciones. “Podría ser un sistema de reparto tradicional o generar seguros como el de dependencia que propone
la actual reforma. (.. .) También se podría crear un seguro de longevidad que permita reducir la tabla de mortalidad a los 85 años. Así puedes aumentar las pensiones en 25% de forma inmediata a todo el mundo”, dice. Contodo, reconoce la necesidad de incrementar lo que el Estado destina a programas sociales. “El gasto público representa un 25% del PIB y en los países de la OCDE el promedio es más del 40%. La torta tiene que aumentar y hacerlo a través de mayor recaudación tributaria”.
Precio de la energía viene al alza desde 2010 y tarifas sanitarias entre ciudades tienen diferencias de más de dos veces
Las familias en Chile destinan en promedio el 14,3 % de su ingreso mensual al pago de electricidad, agua, gas, combustibles y arriendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este porcentaje representa el tercer mayor gasto de las personas tras la alimentación y el transporte. Aunque la tensión en torno a la electricidad es permanente, este año este servicio contribuyó especialmente a subir el descontento social. A la polémica por el pago de los medidores inteligentes se sumaron alzas, de casi 20%, en la tarifa final. La primera por acción del tipo de cambio y la segunda por incrementos en el precio de la energía pactado en licitaciones en contratos que gradualmente comenzaron a regir en 2010. La energía representa del orden del 70% de la cuenta final de la luz de los clientes regulados ellos los residenciales—, y entre este último año y 2019 ha subido en promedio 7%, pasando de US$ 85 por MWh a US$ 91 por la acción de las fórmulas de indexación. A esto se suman variaciones en los otros componentes de la tarifa que son la remuneración de las distribuidoras y el transporte de la electricidad. El tipo de cambio, además, influye sobre todos estos factores, determinando alzas y bajas en la cuenta final.
A nivel latinoamericano, Chile está en el tramo alto de precios por KWh. Lo superan Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay. En este último país el KWh es 36% mayor que el de Chile. En el otro extremo, Paraguay tiene el precio más bajo, y este es 184% menor que en Chile (ver gráfico). A juicio de Rodrigo Jiménez, gerente general de la consultora Systep, contener el efecto del tipo de cambio, que incide en todas las cuentas y ha tenido el mayor efecto en las variaciones de las tarifas, ayudaría en el largo plazo a moderar las variaciones, incluso más que el mecanismo de estabilización que anunció el Gobierno. A esto se sumaría la baja de la cuenta final —en torno al 1, 5%— por el recorte de la tasa de rentabilidad de las
distribuidoras que está en trámite. El especialista plantea que, en largo plazo, será clave avanzar en la modernización más profunda de la distribución eléctrica. Esto permitiría instalar, por ejemplo, la figura del comercializador de electricidad para convivir o sustituir las licitaciones, bajando así los precios de la energía.
Apurar la reforma a las sanitarias Si bien las tarifas del agua en Santiago están entre las más bajas de la región, según una comparación que hizo la superintendencia del ramo, siendo superada solo por Perú, especialistas advierten respecto de las importantes diferencias que hay entre las distintas ciudades del país, ya que entre Coyhaique, que es la más alta
con US$ 3, 43, y la capital, con US$ 1, 45, la diferencia por metro cúbico es de más de dos veces. Una fortaleza del sistema tarifario local que destacan los conocedores del sector son los subsidios que aplica y que en 2017, por ejemplo, beneficiaron a más de 675 mil clientes, equivalentes al 12,6 % del total urbano. Consultores destacan que en este caso, y por las características del modelo actual, la forma más efectiva de bajar las tarifas sería apurar la rebaja de la tasa de rentabilidad de las sanitarias de 7% a 6%, que comunicó el Gobierno en el marco de la reforma a la ley del sector anunciada por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
SERVICIOS BÁSICOS y arriendo representan 14,3 % del gasto promedio de las familias.
Los datos revelan la realidad que enfrentan los chilenos y expertos dan sus propuestas para reducir la brecha
Santiago es una de las ciudades con el transporte público más caro respecto del ingreso medio de sus habitantes
Santiago es una de las ciudades con el transporte público más caro respecto de los ingresos medios de sus habitantes. Así al menos lo demuestra el análisis realizado por el director del Centro de Innovación en Transportes y Logística de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP), Franco Basso. Por ejemplo, los habitantes de Santiago pagan un porcentaje mayor de sus ingresos (6, 2%) que las personas que viven en Londres (6, 1%), Tokio (4, 3%) o Nueva York (2, 6%). Esto se explica principalmente porque, si bien el costo del transporte público es menor que en esas ciudades (US$ 58,3 ), el nivel de ingresos medio de los capitalinos es evidentemente más bajo (US$ 939). Al compararlo con otras ciudades de la región, el costo del transporte en Santiago respecto a los ingresos es inferior a urbes brasileñas como Río de Janeiro y Sáo Paulo, pero mayor que en Ciudad de México o Buenos Aires. Actualmente el Estado entrega un subsidio de US$ 800 millones anuales al sistema de transporte integrado de la capital, que incluyea Metro y buses, cifra que se replica al resto de las regiones. Esto permite financiar un tercio de la operación total del sistema. “Los buenos sistemas de transporte del mundo tienen subsidio operacional. Por ejemplo, en el caso de Londres supera el 60%. En Chile andamos cerca del 35%, pero sirve para financiar hartas cosas y no solamente la tarifa”, explica Basso. Por eso plantea que para bajar o contener las alzas del transporte público es necesario aumentar el subsidio operacional, mientras se avanza hacia nuevas licitaciones de buses y de operación. “Si queremos llegar a estándares OCLE, la tarifa del transporte público debiese costar la mitad. Pero como sabemos que eso no va a pasar, porque no están los recursos suficientes, hay que ir avanzando paulatinamente para acercarse a esa cifra”, añade. En esta ecuación, además, plantea que hay que mejorar los ingresos directos del sistema. “El pacto social debe incluir derechos y deberes, y dentro de los derechos está recibir un servicio de calidad, más barato que el que tenemos ahora y dentro de los deberes está pagar; eso, como ciudadanos, lo tenemos que volver a poner en el centro. La evasión llega al 25%, una de las cifras más altas del mundo. Eso hace que la tarifa no pueda bajar como debiese”, reconoce.
El 50% gana menos de $400 mil mensuales y el 7% de los asalariados formales está por debajo de la línea de la pobreza
Prácticamente, el 50% de los trabajadores recibe menos de $400 mil mensuales y solo el 14% tiene un sueldo que supera el millón de pesos, según datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE (ESI) correspondiente a 2018. El mismo informe muestra que el 62% de los hogares acumula ingresos mensuales menores a $1 millón. Estas cifras, de acuerdo al director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), Jaime Ruiz-Tagle, dan cuenta de un problema multidimensional. “Si bien en los últimos años hemos reducido la pobreza de manera importante, hay mucha gente que sigue estando muy cerca de la línea de la pobreza. Eso significa que es gente súper vulnerable, que cuando tiene algún problema de gastos adicionales o alguien de la familia pierde su trabajo, quedan en una situación muy deteriorada. Esa vulnerabilidad hace que la gente tenga un nivel de bienestar muy bajo”, afirma. Por otro lado, asevera que además mucha gente que es asalariada con jornada completa aún así sigue bajo la línea de la pobreza. “Aproximadamente, un 7% de la gente que trabaja en empleos formales vive en situación de pobreza. Esto es una vergúenza para el país”, dice enfático, Ruiz-Tagle participó en la Comisión Salarial formada en 2015 por el Ministerio del Trabajo y el Consejo Superior Laboral que generó propuestas como aumentar los salarios en 2, 2% real anual y los subsidios monetarios del Estado en 1, 5% anual, con el objetivo de reducir a la mitad la pobreza de los asalariados en 10 años. “Se van a cumplir cinco años desde eso y no hemos avanzado mucho”, afirma. Respecto de los anuncios realizados por el Gobierno esta semana, como la implementación de un ingreso mínimo garantizado de $350 mil, el economista señala que van en la dirección correcta, pero llegan tarde. Además, plantea medidas complementarias como la aplicación de impuestos “negativos”, similar a como lo hacen en países desarrollados. “Cuando tienes un ingreso suficientemente bajo, el Estado te devuelve los impuestos que pagaste como, por ejemplo, el IVA. También se puede revisar lo que hoy existe; por ejemplo, si cambias los parámetros de la pensión básica solidaria o del subsidio al empleo joven o al trabajo de la mujer”, dice Ruiz-Tagle, quien plantea además que la clase empresarial tiene un rol fundamental que jugar: “Necesitamos que todos pongan de su parte”, añade. Por último, pide que como sociedad nos comprometamos con metas y plazos. “Ojalá que en cinco años no haya ningún asalariado en situación de pobreza. Ese tipo de compromiso es muy importante para generar un nuevo acuerdo social que nos está demandando el país”, concluye.
Fijar el precio de medicamentos o poner una banda de referencia para bajar su costo
“Estoy llegando al convencimiento de que la única manera es fijar el precio a medicamentos de marca con patente vigente”, fueron las palabras de Jaime Mañalich, ministro de Salud, el jueves al ser consultado sobre cómo se puede regular efectivamente el valor de los medicamentos. El martes por la noche, el Presidente Sebastián Piñera se hizo cargo del malestar ciudadano por el alto gasto en medicamentos que sufren las familias chilenas y anunció la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos no cubiertos por el GES o la Ley Ricarte Soto, además de ampliar el convenio de Fonasa con farmacias para reducir el precio de los remedios, lo que beneficiará a más de 12 millones de personas, dijo el mandatario. Sin embargo, luego surgieron críticas, porque los anuncios no atacan el problema de fondo: el alto costo de los medicamentos ambulatorios en Chile. Un estudio de la consultora Iqvia concluyó que el precio promedio de los medicamentos en Chile es de US$ 14,2 , muy superior a los US$ 9, 9 que se pagan en Perú. Y al analizar solo los medicamentos innovadores, es decir, de marca, en Chile se paga un promedio de US$ 28,5 , mientras que en Brasil, US$ 14,5. Eso sí, en buena parte de los países de la región el Estado subsidia o al menos regula el precio. Según Carolina Velasco, investigadora del CEP, dice que “el problema pasa porque en Chile no cubrimos medicamentos ambulatorios. Lo primero que hay que hacer es definir cuáles cubrimos y hasta
qué precio se va a cubrir un medicamento”. En la mayoría de los países OCDE, agrega la experta, hay agencias técnicas independientes que priorizan los medicamentos que más
se consumen, lo que no ocurre en Chile. De hecho, el promedio de la OCDE en gasto público en medicamentos es de 57%, mientras que en Chile solo llega al 10%. En tanto, el dinero del bolsillo que destinan los consumidores para medicamentos en la OCDE es de 33% y en Chile llega a 65%. Algunas medidas de solución aplicadas en otros países como Alemania, Bélgica o Canadá son los precios de referencia, que determinan cuánto vale en promedio ese medicamento en países similares y eso se da como cobertura para seguros públicos (Fonasa) y privados (isapres). En otros, como Francia, España e Irlanda, fijan el techo máximo que puede valer un medicamento. En Colombia, por ejemplo, existen dos regímenes de regulación, uno denominado “De libertad vigilada”, en el cual la industria tiene el deber de informar al regulador acerca de sus precios de venta, pero no se someten a regulación de precio. Bajo el segundo esquema, denominado de “Control directo”, se fija el precio máximo de venta. La regulación de precios opera desde 2013 y está a cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
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EL 62% DE LOS HOGARES acumula ingresos mensuales menores a un millón de pesos, de acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE.