Aguas Andinas versus regantes
La batalla por las aguas sucias de Santiago
La sanitaria evalúa volver a aprovechar esos flujos, pero los dueños de campos aguas abajo dicen que tienen el derecho histórico de usarlos. Se reactivan dos proyectos de ley que ayudarían a definir un marco legal.
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millones de m3 de aguas tratadas se devuelven al Mapocho al año. Tres veces el embalse El Yeso.
millones podrían invertirse para repotabilizar el agua y recircularla en los hogares de Santiago.
Por Cristian Rivas N.
No es ciencia ficción. Aunque expertos chilenos y extranjeros ya lo han repetido una y mil veces conviene recordar que el agua es un recurso cada vez más escaso y Chile no se queda abajo de la amenaza de no poder cubrir el consumo interno, tanto humano como industrial. La fuerza con que está aterrizando el cambio climático en el país, con escenarios cada vez más frecuentes de sequía en la zona centronorte, promete una batalla dura en el mediano plazo, teniendo a la cuenca de Santiago como protagonista.
El presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, relevó este año la idea de que muy pronto deberán utilizar las aguas servidas que tratan en sus plantas de El Trebal y La Farfana y que hoy devuelven al cauce del río Mapocho para satisfacer, por ejemplo, la demanda de riego en grandes extensiones de parques o plazas, o incluso repotabilizarla y recircularla entre los hogares de Santiago. Según los cálculos preliminares de la sanitaria, esto último podría implicar una inversión de USS 500 millones.
"Anticipándonos al Santiago del 2030 o 2040, ya no es ciencia ficción que podremos reutilizar y repotabilizar parte de los más de 600 millones de metros cúbicos de agua descontaminada que cada año devolvemos a los cauces naturales para uso en el riego agrícola", dijo Pickering hace dos semanas en una columna en DF. Para hacerse una idea, en la empresa dicen que ese flujo es equivalente a casi tres veces la capacidad del embalse El Yeso.
La sola mención del uso de esas aguas reflotó la disputa de la sanitaria con los agricultores aguas abajo de sus plantas en la zona poniente de Santiago. Reclaman que la empresa no puede dar otro uso a esas aguas —16 m;i por segundo, poco más de la mitad del curso del río en esa zona— y que debe devolverlas al cauce del Mapocho por los puntos en que lo establece el decreto de concesión. Además se opusieron al proyecto del MOP que busca construir un acueducto (Canal Prosperidad) para llevar parte de ese flujo al valle de Casablanca, lo que aún no se resuelve.
"Suena bonito reutilizar las aguas para regar jardines disminuyendo la cuenta a los clientes, es un discurso bien popular.
Pero lo que se está tratando de hacer es un negocio nuevo y nadie ha pensado en que las 40 mil hectáreas que se riegan con esas aguas en Curacaví, Mallarauco, Melipilla Talagante, Peñaflor o Malloco van a quedar sin el recurso, lo que encarecerá la alimentación de la ciudad que deberá buscar otros puntos de abastecimiento de productos agrícolas", afirma tajante Felipe Bascuñán, presidente de la Asociación Canal Mallarauco.
La sanitaria responde que la ley no las obliga a devolver esas aguas, pues desde siempre le fueron otorgadas a través de derechos consuntivos, es decir, puede uti
lizarlas y reutilizarlas sin tener que vaciarlas al río, lo que por cierto no ha hecho hasta ahora. Pickering dijo el 19 de mayo a I ja Tercera que no están buscando hacer un "negocio". Se trata más bien de anticipar una estrategia para enfrentar la futura escasez hídrica y que, de hacerlo, deberán compensarlo en la cuenta de sus clientes como está establecido en su proceso tarifario, acotan fuentes de la sanitaria.
Pero Bascuñán insiste en que no se quedarán de brazos cruzados. "Hablé con el ministro de Obras Públicas (Juan Andrés Fontaine) y me dijo que la solución era judicial, o sea que nosotros demandáramos a las sanitarias para demostrar que el agua es nuestra", recalca. "Estamos tratando de organizamos para hacerlo", afirma, sobre todo porque hasta ahora no existe una definición judicial de quién tiene esos derechos.
¿Quién tiene la razón? Una voz neutral es la del académico del Centro de Derecho y Gestión de Aguas déla UC, Guillermo Donoso. "Una vez que Aguas Andinas capta las aguas servidas y las trata, no tiene que devolverlas, por definición del decreto de aprovechamiento de esas aguas", explica, en línea con distintas resoluciones de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS).
Lo que ha pasado, agrega el experto es que antes de la implementación de los sistemas de tratamiento en la década pasada, las aguas de alcantarillados se vertían directamente a los ríos, lo que propició un mayor caudal y por ello se entregaron derechos de agua que hoy 110 podrían ser cubiertos si la sanitaria dispusiera de las aguas tratadas de otro modo.
En Aguas Andinas, en todo caso, insisten en que los agricultores en ningún caso se quedarán sin agua. Y Donoso dice que lo que deberán hacer para adaptarse es agregar tecnología a sus métodos de riego para optimizar los menores flujos.
En el norte del país ya existen ejemplos de venta de agua tratada a mineras. El caso más mencionado es en Copiapó donde la sanitaria Aguas Chañar abastece a la minera Candelaria.
A la espera del Parlamento Dos proyectos de ley que se discuten en el Congreso podrían ayudar a despejar estas disputas. "Deberían ayudar a enfrentar los conflictos en la definición del uso de estas aguas", admite Donoso.
Las iniciativas, surgidas de mociones de diputados, se reactivaron en abril. La más avanzada -ingresada en 2016- está en segundo trámite en el Senado —en la Comisión de Obras Públicas— y busca modificar la legislación aplicable a los servicios sanitarios. Uno de sus enfoques es establecer un marco legal para los servicios no regulados (donde se incluye la "comercialización" de aguas tratadas).
Eso hasta ahora no está definido y es el mayor punto de discordia entre sanitarias y regantes en distintas cuencas del país. Los primeros dicen que no están obligados a liberar las aguas tratadas a los ríos, y los segundos, que por derechos de uso anteriores —o históricos—, les corresponde usarlos. Este miércoles, tras asistir a la comisión, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció la creación de una mesa técnica para discutir y proponer cambios a la regulación en distintas materias.
La segunda iniciativa, en primer trámite en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara, busca específicamente que las aguas servidas tratadas puedan ser usadas en actividades agrícolas y mineras.
