Grupo asesor presidencial, liderado por el excontralor Ramiro Mendoza, revisa la modernización del Estado:
Consejo advierte que elección de gobernadores puede ser fuente inagotable de conflictos
• Dicen que hay serios "vacíos legales" que ponen en riesgo el carácter unitario de la república. Asimismo critican el "desacople temporal" entre esos comicios de 2020 y los parlamentarios y presidenciales de 2021.
El consejo
Ramiro Mendoza, presidente de la instancia, excontralor Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21 Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo Leónidas Montes director CEP Jeannette von Wolffersdorff, directora de la Bolsa de Santiago Javier Etcheverry exministro Beatriz Corbo, miembro del consejo de ADP Claudio Muñoz, presidente de Telefónica y de Icare Ignacio Irarrázaval director del centro de políticas públicas UC Mario Waissbluth fundador Educación 2020 Evelyn Matthei alcaldesa de Providencia Salvador Valdés miembro de Clapes UC
TEMAS FINANCIEROS
El consejo dice que el diseño institucional de estas leyes no se hace cargo al respecto.
Fotografía: El Presidente Piñera, en junio pasado, al presentar al grupo asesor presidencial para la reforma del Estado. Entre ellos, el excontralor Ramiro Mendoza y la alcaldesa Evelyn Matthei.
"Los procesos de descentralización deben ser perfeccionados y fortalecidos para que no pongan en riesgo el carácter unitario de nuestra República ".
"El consejo estima su deber darle cuenta a S.E. de la preocupación (...) por considerar que pueden existir serias dificultades administrativas en su implementación".
"La magnitud de esta importante iniciativa (competencias) puede que dar acotada a las voluntades disímiles de las autoridades".
EXTRACTOS DE LA CARTA DEL CONSEJO ASESOR AL PRESIDENTE PIÑERA
• Causal de acusación constitucional
El ministro de la Segpres Gonzalo Blumel, anunció ayer que se realizará un perfeccionamiento a la normativa que regirá para los futuros gobernadores regionales, apuntando a que estas autoridades también estén sometidas a la causal de acusación constitucional. "Hubo un vacío en cuanto a la causal de acusación constitucional: en la reforma no se consideraron estas causales, y la Constitución contempla la acusación, pero no están las causales. Hay que hacer un perfeccionamiento para que la normativa quede completa. Me refiero al período 2019-2020 en esto", dijo el secretario de Estado, asegurando que estas causales se asimilarán a las de un ministro de Estado. En La Moneda señalan que está en la ley aprobada por el Parlamento que los gobernadores regionales puedan ser acusados constitucionalmente pese a que desde 2020 estas figuras se sometan a elección popular.
JAVIERA MARTÍNEZ y EDUARDO MONRROY
Fue el 25 de junio del año pasado cuando el Presidente Sebastián Pinera anunció la creación del consejo asesor para la modernización del Estado, en el marco de la presentación de un proyecto de transformación digital. Este grupo, liderado por el excontralor general de la República Ramiro Mendoza, está compuesto por personeros de los sectores público y privado que asesoran al mandatario "en materias de reformas al Estado".
El lunes pasado —y en línea con su función— el grupo envió una carta al Presidente Pinera para abordar las normas legales establecidas para la regionalizanción del país.
La misiva —firmada de puño y letra por los consejeros, a la que tuvo acceso "El Mercurio"— dice específicamente que allí abordan la "implementación de las normas legales dictadas en febrero pasado que se refieren a lo que se ha llamado el fortalecimiento de la regionalización del país". Así, el consejo realiza una fuerte advertencia a la implementación de la nueva elección popular de gobernadores regionales que tiene una fecha planificada para 2020. No solo eso: el consejo afirma tener "preocupación" respecto a las leyes de descentralización
—21073 y 21.074—, pues, añaden, estas tienen vacíos que, dicen, deben ser fortalecidos y perfeccionados con el fin de no poner en riesgo el "carácter unitario de nuestra república ni la capacidad de administrar el Estado en forma ordenada y eficiente". En esa línea, recalcan que dada la falta de densidad normativa de la ley se puede afectar "el buen funcionamiento de la administración del Estado y el desarrollo territorial de Chile". Así, se comienza precisando que "la arquitectura legal que se ha puesto en funcionamiento adolece de vacíos y puede transformarse en un semillero de problemas que ameritan ser vistos desde ya". Al mismo tiempo, el consejo cusa que hay "una fragilidad en la densidad normativa de su contenido que puede afectar el buen funcionamiento de la administración del Estado y territorial de Chile". En ese sentido, expresan que respecto a la transferencia de competencias desde el gobierno central a los regionales, fue establecido en la ley sin un ámbito j delimitado, de modo que "puede quedar acotada a las voluntades disímiles de las autoridades participantes". Y subrayan que estas competencias deberán dictarse mediante un decreto a más tardar el próximo 15 de febrero. "La envergadura de los desafíos (...) excede la capacidad de solución que herramientas como los reglamentos pueden dar", acotan. En ese contexto, advierten que las facultades de un futuro gobernador regional pueden ser "una fuente inagotable de conflictos para el futuro cercano entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional".
"Es opinión de este consejo
—continúan más adelante— que las competencias de los gobiernos regionales debieran, al menos inicialmente, ser comunes para todos ellos e incorporar todos los elementos necesarios para el ejercicio efectivo de la competencia". Asimismo, en materia de descentralización fiscal, el consejo agrega: "El diseño institucional creado por las leyes mencionadas no se hace cargo de los temas financieros que surgen con este proceso". En otros temas, el consejo advierte que no se consideran elementos de transparencia, responsabilidad fiscal, gestión presupuestaria y también problemas de competencia.
"Este consejo, compartiendo el deseo de lograr una mayor descentralización, considera que el problema al que nos enfrentamos no se resuelve en forma tan simple. Por el contrario creemos que de la manera en que lo estamos abordando podemos poner en riesgo seriamente el proceso de descentralización" recalcan en el informe. También apuntan a que no es recomendable "realizar diseños institucionales apurados por la urgencia". Y subrayan que esta ley no consideró incentivos para fortalecer el capital humano en regiones y evitar que continúe un éxodo desde regiones a Santiago. Finalmente, el consejo enfatiza en que existe un "desacople temporal" entre las elecciones de autoridades regionales (2020), con las elecciones presidenciales y parlamentarias, de 2021. Advierten que esto puede afectar a los ciudadanos.
