Desde el 27 de febrero de 2010 hasta la convulsión social y los últimos incendios en Valparaíso:

Los duros aprendizajes que quedan tras una década de múltiples y variadas catástrofes

Terremotos, maremotos, aludes, atentados incendiarios, entre otros, han puesto a prueba los servicios de emergencia, develando falencias y obligándolos a ajustar sus respectivos protocolos.
Terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, o más conocido como 27-F; desde el 18 de octubre pasado, el estallido social que cruza el país, y en las últimas semanas, devastadores incendios en Valparaíso. En medio de esos hechos, una sucesión de aluviones, sobre todo en desérticas comunas de la Región de Atacama, además de los estragos del “invierno altiplánico” en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. También una avalancha que sepultó casi por completo Villa Santa Lucía, cerca de Chaitén, mientras megaincendios forestales han arrasado en los últimos años amplias zonas entre Coquimbo y La Araucanía, o han irrumpido en radios urbanos y localidades como Santa Olga, en Maule. Todas esas catástrofes durante la década que casi termina pusieron a prueba a los organismos de emergencia, develando sus falencias y obligándolos a ajustar sus protocolos e incorporar tecnología y trabajo coordinado entre ellos. Hasta ahora, según expertos consultados, los resultados han sido variados, pero ha habido una evolución. Eso sí, el magíster y doctor en historia, Mauricio Onetto, académico del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma, advierte que “las instituciones por sí mismas no pueden asumir todo. Falta entendimiento histórico, educación y prevención”. Autor de obras como “Discursos desde la catástrofe. Prensa, solidaridad y urgencia en Chile 1906-2010”, Onetto añade que “hay avances, como que por primera vez tenemos —desde 2017— una política nacional para la gestión del riesgo de desastres; siete años después del 27-F. También hubo una modernización de la Onemi, pero —en general — tenemos un Estado que reacciona y que no se anticipa”. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo, explica que después de los incendios de 2014 en esa ciudad-puerto se introdujo la tecnología. “Los carros bomba incorporaron GPS e hicimos cambios de comunicaciones, porque se sobrepasaron todas las comunicaciones por la cantidad de recursos que se concentraron. Hasta ese entonces, bomberos de la misma región, y de otras regiones, asistían a apoyar sin una organización previa, lo que hoy no ocurre, porque se pide a requerimiento. A raíz del megaincendio

de 2014, Valparaíso hizo ver esta situación a nivel nacional. Gracias a eso, hoy todos se movilizan a través de un sistema nacional de operaciones”, dice. “En Rocuant y San Roque tuvimos 77 unidades que fueron requiriéndose a medida que se necesitaban. En 2014 llegaron 250 carros bomba y no había una estructura que soportara esa cantidad. Chile, después de 2014 y 2017, implementó el sistema de comando de incidentes, a través de USAID-OFDA (Agencia de EE.UU. Para el Desarrollo Internacional-Oficina de Asistencia para Desastres), que es la oficina de desastres de EE.UU. Ha sido un aporte”,

agrega.
A Incendios forestales no dan tregua hasta ahora

Si hay un tipo de contingencia que durante casi toda la década ha puesto a prueba prácticamente a todos los organismos de emergencia, son los incendios forestales. Uno de los episodios más recordados ocurrió en el verano de 2017, con ocho regiones afectadas, bomberos sobrepasados y la Conaf cuestionada. Ahí, la ayuda internacional fue clave y el pueblo de Santa Olga, en Maule, fue el símbolo de la destrucción. En zonas arrasadas, sus habitantes aún recuerdan los aplausos que recibía cada descarga del Super Tanker, que estuvo tres semanas combatiendo siniestros, sobre todo en el sur. También generaron expectación las operaciones del Ilyushin 11-76 ruso y de helicópteros capaces de liberar hasta 10 mil litros de agua, por descarga, y en solo tres segundos. Casi tres años antes, en abril de 2014, esos incendios irrumpieron con fuerza en el radio urbano y cerros de Valparaíso, con más de tres mil viviendas quemadas, más de 10 mil evacuados y 15 fallecidos.

Avalancha, drones e

invierno altiplánico Un sonido estremecedor precedió a una avalancha de piedras, troncos y toneladas de barro arrastrados por el río Burritos, que cerca de las 09:15 horas del 12 de diciembre de 2017 arrasó con tres cuartas partes de Villa Santa Lucía, situada junto a la Carretera Austral, unos 75 km al sur de Chaitén, Región de Los Lagos. Hubo 22 fallecidos y se decretó zona de catástrofe. El Sernageomin advirtió sobre los peligros geológicos y de repoblar sin medidas de mitigación, y la emergencia marcó un hito en pruebas y usos de drones para actualizar mapas durante emergencias, lo que ha sido impulsado por el Instituto Geográfico Militar. Catorce meses después, en febrero de 2019, Arica, Tarapacá y Antofagasta fueron impactadas por lluvias, aludes y cortes de carreteras. El fenómeno climático activó evacuaciones, puentes aéreos y también develó la fragilidad en vías de comunicación, aislamiento y urgencia por mejorar el acceso a servicios básicos, al igual que en los aluviones de 2015 en Atacama.

Enfrentando el estallido

social y fuego en cerros

Desde el inicio de la convulsión social, la Onemi, Bomberos, la Conaf, ambas policías y gobernaciones provinciales han sido exigidas al máximo por incendios en zonas urbanas y rurales. Gobernaciones provinciales y municipios han denunciado presunta intencionalidad y simultaneidad en siniestros en Peñuelas y Quillota, además de los cerros Rocuant y San Roque, en Valparaíso. Algo similar también ocurrió en el Cajón del Maipo, y otro factor que se sumó fue la falta de agua por la sequía. En zonas urbanas, el Cuerpo de Bomberos incluso comparó la actual situación con la registrada en 1891 durante la Guerra Civil. A lo anterior se suman cortes de rutas, ataques a peajes, comunas enteras que han quedado sin supermercados por el saqueo y quema de estos, además de atentados a comisarías, municipios, entre otros tipos de edificios públicos, lo que ha entorpecido la coordinación entre organismos de emergencia.
Las lecciones del 27-F

Cinco meses después del 27-F, la primera encuesta que evaluó el trabajo de instituciones y autoridades reveló la molestia de la opinión pública: descoordinaciones, falta de servicios básicos y graves fallas en las comunicaciones. La Onemi fue la institución peor evaluada y la Armada realizó una investigación para medir el desempeño del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA). Se concluyó que actuó correctamente al dar la alerta de maremoto a la Onemi a las 03:51 horas, pero se equivocó al levantar esa condición a las 04:56 horas. También hubo interrupción de enlaces de comunicaciones y destrucción de instrumentos de medición, Tras el terremoto 8, 4 Richter del 16 de septiembre de 2015 con epicentro en Coquimbo, la Onemi y el SHOA enviaron mensajes de textos a celulares alertando la evacuación del borde costero, casi 10 minutos después del evento.
MARIO ROJAS M. Y HERNÁN CISTERNAS