Código de Aguas
Señor Director: En Chile existe un mercado del agua regulado por privados, con mínima participación del Estado, y este no garantiza el acceso al agua para toda la población ni mucho menos salvaguarda el caudal ecológico. Reafirmo esto, ya que el pasado 23 de enero, el abogado y ex director general de Aguas Matías Desmadryl publicó una columna en "El Mercurio”, en defensa del Código de Aguas de 1981, destacando su contribución al crecimiento y desarrollo económico del país durante los últimos 30 años. Me parece lamentable este tipo de declaraciones, con un sesgo productivo que raya en lo aberrante. En primer lugar, el autor no aclara que aquellos países con modelo de mercado de aguas sí resguardan un porcentaje para uso humano y caudal ecológico. Tampoco deja claro que la falta de prelación en derechos permite que comunidades locales se queden sin agua por actividades productivas en sus territorios. Además, nada dice sobre el precario sistema de monitoreo hidrológico, que no nos permite saber cuánta agua tenemos exactamente y dónde está, cuestión que sí está resuelta en los otros países con sistemas similares al chileno. La fiscalización del Estado está reducida a su mínima expresión, lo que implica que privados dispongan a su arbitrio de este recurso, con sobreconsumo respecto del caudal entregado, robo de aguas y repartición inequitativa entre usuarios dentro de un mismo curso de agua. Finalmente, la consagración del derecho de propiedad sobre las aguas en la Constitución es la que hace único en el mundo a este modelo chileno. Países como Australia, Canadá o Alemania tienen un sistema bastante distinto al nuestro, ya que se ocupan de conocer
Bien sus recursos hídricos para luego asegurar caudales que permitan su funcionamiento ecológico y consumo humano. Luego, utilizan el excedente para el mercado del agua. Esto, a diferencia de Chile, donde tenemos ríos secos por la sobreextracción y comunidades que no tienen acceso al agua potable y mucho menos a saneamiento adecuado de aguas servidas. Frente a este panorama, no podemos seguir avalando el actual Código de Aguas.
CRISTIÁN FRÉNE Investigador Instituto de Ecología y Biodiversidad