VOCERO ASOCIACIÓN COMUNAL DE LA HIGUERA:
Sergio Álvarez: “Nadie se recuerda del humano y las necesidades de la gente de la comuna de La Higuera”
Fue la segunda jornada (4 de marzo) cuando la mayoría de las seis partes coadyuvantes del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentaron sus argumentos frente a los tres jueces que componen la terna que, finalmente, resolverá la controversia entre Andes Iron y organismo que pondera ambientalmente los proyectos de inversión. En 2016, Dominga y 1. 600 personas naturales, mayores de edad, de La Higuera adscribieron el Acuerdo Marco, pacto inédito en la minería nacional dijeron
desde la Asociación Comunal de La Higuera, pues reconoce derechos a las personas que residen en ese territorio a recibir beneficios económicos por la explotación y comercialización del mineral. Sergio Álvarez, vocero de la Asociación Comunal de La Higuera, planteó, frente a la ofensiva ambientalista en los alegatos, que “nadie se recuerda del humano y las necesidades de la gente de la comuna”. Eso en relación no solo al pacto entre la empresa y el grupo de personas, sino que
además por la alta cantidad de mano de obra que compromete la firma al ejecutar el proyecto minero: 10.000 trabajos en su etapa de construcción; 1. 500 durante su explotación y 1. 000 en su fase de cierre. Consultado por los argumentos de los abogados ambientalistas, sostuvo: “Escuche hablar del Desierto Florido donde va a estar ubicada la mina y para nosotros ver el Desierto Florido, debemos recorrer más de 150 kilómetros, desde Punta Colorada (el último pueblo de La Higuera). Hablaron de la (planta) desaladora y aquí mismo en Antofagasta tienen desaladoras y nunca han tenido problemas, y Antofagasta se abastece con el 80% de agua desalada. Creo que a ellos (los abogados) les falta ir a La Higuera y no conocen las necesidades de la comuna”. En ese sentido, el dirigente vecinal apeló a que los aspectos técnicos-ambientales, que pidió la Corte Suprema resolver al Tribunal Ambiental de Antofagasta en su fallo de septiembre del 2019, “ya se discutieron cuando el proyecto fue
evaluado por el SEA en la región y que luego de más de 3 años de ponderación recomendaron que cumplía con todos los requisitos para ser aprobado”. Respecto a la idoneidad de los jueces —sólo Fabrizio Queirolo compone el Tribunal Ambiental, mientras Jasna Pavlic y Juan Opazo integran la Corte de Apelaciones de detalló que al interior de la Asociación Comunal se
mantienen confiados en un resultado positivo, tal como ocurrió en el juicio anterior, desarrollado entre diciembre del 2017 y abril del 2018. “A lo mejor ellos (los jueces) también van a poder o querer ir a terreno, y ahí se van a dar cuenta de la realidad del proyecto, que no es como se dice, y que realmente cumple con todos los requisitos”, sentenció.
