Preocupación ciudadana por el cuidado del medio ambiente
Desde el informaron cerca del envío de un proyecto de ley sobre delitos ambientales que establece sanciones civiles y penales dependiendo de los daños medioambientales, y define dos nuevos delitos que no estaban tipificados: la obstrucción de las investigaciones y la entrega de información falsa. Creemos que este tipo de iniciativas es tremendamente valiosa para ir entregando robustez a una institucionalidad ambiental que sigue en deuda, pero que en los últimos años ha ido madurando en nuestro país. Las lecciones ambientales de los últimos años han demostrado que el control ciudadano y de los medios de comunicación es fundamental para validar la importancia de este tema. La responsabilidad de las empresas en este ámbito es mayoritariamente adecuada, pero también hay excepciones que nos llevan a concluir que aún hay mucho por avanzar en esta materia. Cómo lograr un desarrollo sustentable y sostenible, parece ser la gran interrogante, y lo cierto es que cuesta llegar a un consenso en tomo al tema, porque a veces las miradas son extremas e incompatibles, y en otras definitivamente coincidentes. Cada región tiene ritmos distintos, algunas muy industrializadas, como las zonas mineras, y otras apostando por un modelo de desarrollo a escala humana, aprendiendo de los errores de otros territorios y poniendo en valor el patrimonio y los recursos naturales, como Aysén. Un modelo de producción limpia, que no contamine el aire, las aguas, los campos o
los productos que están en pleno crecimiento, es sin duda la meta a lograr, y para ello hay que trabajar de manera colectiva y consensuada. Y es que mirando lo ocurrido en otras partes del país, con plantas de celulosa, con emprendimientos mineros, con descargas sin ningún control que generan contaminación en los cursos de agua, con el uso del agua para fines comerciales de elite, la ciudadanía tiene el legítimo derecho a pensar que en materia ambiental, definitivamente aún no se asume con mucha seriedad y compromiso la denominada Responsabilidad Social Empresarial. Quizás la gran interrogante es aclarar por qué hechos que acontecen en el ámbito privado, tienen tan nefasto impacto en la comunidad. Habitantes de prácticamente todas las regiones del país han sufrido en carne propia, transgresiones ambientales groseras y dañinas, una demostración absolutamente objetiva de que el daño ambiental es una práctica más común de lo que muchos creen. No hay ley alguna ni ministerio del medio ambiente alguno que pueda obligarles, si las empresas no están convencidas de lo que tienen que hacer. La institucionalidad chilena plantea claramente en sus fundamentos que el crecimiento económico es esencial para satisfacer las necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, éste debe basarse en el uso eficiente, equitativo y ambientalmente responsable de todos los recursos escasos de la sociedad, es decir, los
recursos naturales, humanos y económicos.
