PPD llama a votar por una Nueva Constitución para resguardar el agua
Luego de conocerse en el rechazo de Senadores de derecha para consagrar el agua como un derecho humano fundamental y bien nacional de uso público que buscaba regular los derechos otorgados, no quitarlos y de esta forma controlar a los especuladores que tienen derechos de agua y no los ocupan, el PPD llama aprobar el cambio en la
constitución en abril.
Coyhaique-. El PPD hizo un llamado a los parlamentarios de derecha a tomar conciencia de la grave sequía del país producto del cambio climático y ejecutar acciones que vayan en beneficios de la gran mayoría de las personas y no de un grupo reducido de empresarios en desmedro de los graves daños a la agricultura familiar campesina, el medio ambiente y los riesgos de incendios que trae consigo la falta de gestión pública del recurso hídrico. Según consideran desde la colectividad, las modificaciones al Código de Aguas impuestas en los ochenta permiten la privatización del agua bajo el convencimiento que el mercado sería el mecanismo más eficiente para su asignación, con la idea de entregar derechos a privados el uso y la propiedad de agua, asumiendo que existirían caudales
constantes y no habría escasez. Situación que hoy en día no es posible en un país presenta un 40% de zonas declaradas con escasez hídrica, donde hay derechos en papel no existiendo el recurso disponible. El PPD reconoce que la Constitución consagra el agua como bien nacional de uso público, lo que sucede en muchas partes del país es que éste derecho se lleva a cabo a través de camiones aljibes que entregan agua a las personas con un alto gasto municipal asociado. Situación que se explica en parte porque existen especuladores que obtienen derechos y no los ocupan, imposibilitando a las personas que no poseen llevar a cabo proyectos de infraestructura que son necesarios para mitigar los efecto del cambio climático. El vicepresidente del PPD, Horacio Velásquez, manifestó que “lo que algunos aún no entienden es que lo que se demanda es un desarrollo integral de la sociedad, la gestión del agua no es un tema ideológico sino de acciones concretas tendientes de solucionar la grave crisis hídrica del país”. “Se entregaron los derechos de agua y hoy en día es muy difícil que el Estado pueda llevar a cabo políticas públicas
tendientes a disminuir el impacto del cambio climático. En la región tenemos el ejemplo de la Comunidad de Aguas del El Claro que está imposibilitada de extender su proyecto Agua Potable Rural situado en el lugar donde está la mayor producción hortícola de la región, producto que los derechos están tomados ríos abajo por una empresa que no los ocupa hace más de cinco años, afectando seriamente a la capacidad productiva nuestra región impidiendo avanzar en la soberanía alimentaria”, explicó Velásquez. Ante este escenario, el PPD llama aprobar el cambio en la Constitución en las elecciones del mes de abril, que permite a las minorías imponerse sobre las mayorías, impidiendo avanzar en este tipo de proyectos que lleva más de once años en el congreso, debido a que doce parlamentarios de derecha rechazaron y 24 aprobaron, imponiéndose el rechazo consagrar el agua como un derecho humano fundamental y bien nacional de uso público. Debe ser la ciudadanía la que tenga el protagonismo de decidir, fortaleciendo nuestra democracia, ya que es indudable que el modelo actual beneficia negocios imperfectos, especulativos que aumentan la pobreza como es el caso del mercado del agua. Para el PPD, el Informe Ejecutivo de Proceso Constituyente 2017, es muy claro en declarar que 95% de las personas valoran respetar el medio ambiente y la necesidad de un desarrollo sustentable que genere políticas públicas tendientes al bien común y no para el beneficio de algunos, distinto a lo que sucede hoy en día donde la sociedad no es quien decide cómo usar el agua sino los dueños. Para ello el PPD propone que el agua sea de dominio absoluto del Estado y que la Nueva Constitución sea coherente, consagrando y garantizando en la práctica el principio del Bien Común como objetivo central de las políticas de Estado.
