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Opinión
Hace un par de semanas, se publicó la versión 2018 del "Informe País: Estado del Medio Ambiente", elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con resultados nada alentadores para los ecosistemas y la población del país. Escasez hídrica, suelos erosionados, contaminación ambiental, pérdida en superficie de bosques nativos, especies en peligro de extinción, son solo algunas de las señales que dan a conocer los investigadores a cargo del informe que se realiza desde 1999, y que plantean el crecimiento macroeconómico, la actividad industrial, el crecimiento de la población y el cambio climático como las principales presiones sobre el ambiente en el país.
Debemos repensar nuestra economía, hoy basada en la extracción de recursos renovables, con la minería en el norte, agricultura en la zona central, forestal en el centro sur y acuicultura en el sur. Cada una de ellas, si bien han generado empleos y representan una parte importante del ingreso de recursos al país, los impactos ambientales y sociales han generado un detrimento sostenido sobre el ambiente y salud de las personas. ¿Cómo podemos revertir esta situación? La acción de los tomadores de decisión en ámbitos como calidad del aire, aguas continentales, energía, crecimiento urbano y gestión ambiental, entre otros, debe considerar la evidencia científica en ese proceso y plantearse la finitud y fragilidad de los ecosistemas que sostienen nuestro sistema de vida.
Es claro que como país debemos empezar a firmar los acuerdos internacionales que nos comprometan a tomar medidas que protejan el ambiente, pero no solo firmar y ratificar, sino que actuar en consecuencia. Por ejemplo, luego de varios años se ha comprendido que mantener, conservar y restaurar bosques nativos es una tarea crítica y necesaria, se ha iniciado a paso lento, existiendo un compromiso alargo plazo, a través de Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.
Se requiere un compromiso de múltiples actores, quienes deben, basados en evidencia científica, diseñar políticas públicas que permitan disminuir el daño en el corto plazo. Para ello, es necesario que políticos, científicos, empresarios, profesionales de distintas áreas, ONG y representantes de la sociedad tengan un diálogo participativo, en el que se puedan detectar los potenciales riesgos derivados de una actividad productiva que impacte el ambiente y los recursos naturales. El informe, también da cuenta de la importante tramitación del proyecto que reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en tiempos donde la agenda proinversión genera dudas sobre la fortaleza del sistema para velar por una adecuada protección del ambiente, ante una retórica del gobierno y los empresarios que apela a reducir los tiempos y los permisos asociados a proyectos industriales. Una muy mala señal también dio el ministro de Agricultura al presentar una indicación parlamentaria en la discusión del presupuesto y que fue aprobada por ambas cámaras, que permitiría construir embalses de gran envergadura sin estudios de impacto ambiental, criticada ampliamente por organizaciones ambientalistas y ciudadanas, pues el remedio puede dejarnos peor que el actual escenario.
Debemos actuar con urgencia. Contar con una legislación robusta, que nos prepare para vivir las consecuencias del cambio climático y las de nuestro desarrollo, que incorpore evidencia científica, focalizando los esfuerzos en la sostenibilidad y la calidad de vida de las personas.
Hay que contar con una legislación robusta, que nos prepare para vivir las consecuencias del cambio climático y las de nuestro desarrollo, y que incorpore la evidencia científica.
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