El peligro de la Reforma al Código de Aguas no es campaña del terror
En el 2016 los diputados aprobaron importantes reformas al Código de Aguas, como el derecho humano al agua potable y saneamiento, el uso prioritario para actividades de subsistencia, el fin de la especulación de los derechos perpetuos y la ampliación de los caudales ecológicos. Pero en el senado grandes empresarios aliados al Ministerio de Hacienda, que encabeza Felipe Larraín, secundado por el de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, intentan revertir estos logros, porque son siete los puntos que nos quieren derribar para disputar el contenido de la mencionada reforma presentada desde la Cámara Baja. Buscan eliminar la prioridad del agua para uso doméstico de subsistencia. El agua es un derecho humano y el Estado debe garantizar su acceso especialmente para los hogares, la produción campesina, a las comunidades indígenas y al agua potable rural, Quieren que el gobierno continúe otorgando derechos de agua perpetuos en vez de concesiones temporales para los pocos futuros derechos que quedan. La figura del derecho de aprovechamiento se ha utilizado para convertir al agua en un bien privado y
no de uso público de todos los chilenos, esto significa mantener el código de 1981 que hoy día tiene a tantas comunidades de nuestro país secas. En ese mismo orden desean aumentar el plazo entre cinco y diez años para quienes no usan el agua y la acaparan sin que se extingan esos derechos, los especuladores prefieren pagar multas antes de devolver el recurso hídrico no utilizado, el cambio climático y la sequía no esperan y hay muchas comunidades y actividades productivas que necesitan esa agua. Quieren que las empresas mineras continúen utilizando las aguas halladas en el área de la concesión sin pedir autorización. La minería es el único sector productivo que usa aguas sin pedir permiso a la DGA. El Estado y las comunidades debemos saber dónde está el agua y quién la está usando. Pretenden eliminar las exigencias de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad. El caudal ecológico es un mínimo de agua que necesitan los ríos para no degradarse completamente y así mantener las funciones ecosistémicas esenciales
para la vida. Sin este caudal ecológico los ríos están destinados a secarse y desaparecer. Exijamos que todos los ríos de Chile mantengan este caudal mínimo. También quieren sumar en sus acciones entre el ejecutivo y los empresarios aliados, que las centrales hidroeléctricas de hasta 20 megawatts puedan usar toda el agua del río, y secarlo sin respetar el caudal ecológico mínimo. Estas hidroeléctricas construidas en serie en un río pueden causar tanto daño como una megacentral y están lejos de ser equiparables a la agricultura de subsistencia como petenden hacernos creer. Quieren impedir que se evalúen los impactos al medioambiente y a las comunidades locales cuando el dueño de los derechos de agua en una cuenca pretenda sacar esos derechos de agua en otro río u otra cuenca. Cuando la autoridad ha otorgado aguas en un río es porque evaluó que había disponibilidad de recursos hídricos. Es obvio si dicha agua se quiere sacar de otro lugar, la autoridad evalúe si existe agua y si es posible sacarla sin dañar el ambiente o a los que ya están usando el recurso hídrico de ese lugar. Los senadores deben mantener las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, lo que permitirá a la autoridad resguardar la sustentabilidad de las fuentes de agua, de los usos prioritarios de interés público por lo que es necesario preguntarse si van a hacer respetar el interés común como respeto del derecho humano al agua o por ser cómplices de las políticas extrativistas que impulsa el gobierno bajo la lógica de mercado y si por el lado ciudadano vamos a esperar que nos afecte una nueva ley del despojo. Ricardo Covarrubias Vocero Movimiento Todas y Todos por Aconcagua
