Agua: Consenso Vital y Urgente
Egún datos de la Dirección Meteorológica de Chile, entre 2010 y 2019 nuestro país vivió la década más seca en el último siglo y medio, mientras que el año recién pasado figura entre los que históricamente han registrado menos precipitaciones. Tanto así que, actualmente, hay 136 comunas entre las regiones de Atacama y Maule en que se ha decretado escasez hídrica y presentan serios problemas para el abastecimiento de personas, animales y actividades productivas. De hecho, cifras de la Dirección General de Aguas indican que unas 400 mil familias rurales acceden al recurso solo mediante camiones aljibes. Se trata, sin duda, de una situación crítica que amenaza con seguir agudizándose. Baste recordar, por ejemplo, la alerta encendida hace algunos días por el Superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, “Quien advirtió que el próximo verano podría haber racionamiento de agua en Santiago, o las proyecciones del último informe del World Resources Institute que ubica a Chile entre los países que sufrirán mayor estrés hídrico en 2040. Este seco panorama obliga a poner en marcha medidas urgentes y, al mismo tiempo, buscar soluciones estructurales para una problemática que tiene causas naturales, pero también antropogénicas, que son las que se pueden controlar mediante adecuadas regulaciones y una mejor gestión. En ese contexto, el Gobierno conformó hace algunos meses una Mesa Nacional del Agua que acaba de plantear soluciones de corto, mediano y largo plazo como la inversión de más de $135 mil millones en 169 sistemas de agua potable rural para aumentar la cobertura de 53% a 100% al año 2024, US$6. 000 millones para construir 26 embalses, duplicar la cantidad de plantas desalinizadoras, la explotación de acuíferos profundos, el reúso de aguas servidas y la recarga de acuiferos. Además, las autoridades han lanzado campañas para que la población tome conciencia de su cuota de responsabilidad en el cuidado del recurso y asuma acciones al respecto. Incluso hace algunos días se acercaron a representantes de empresas para pedirles que aumenten la eficiencia hídrica en sus actividades. No cabe duda que esos esfuerzos y propuestas son positivas, pero a la luz de lo sucedido en anteriores ocasiones no está claro si serán suficientes para abordar esta problemática con la urgencia, prioridad y mirada de largo plazo que el país requiere. Si bien Chile cuenta desde el año 2015 con una Política Nacional para los Recursos Hídricos, este instrumento poco ha servido para avanzar en ese sentido. También han surgido iniciativas como Escenarios Hídricos 2030 que, a partir del trabajo público-privado, han aportado soluciones para colaborar con la seguridad hídrica en el país, pero el panorama no ha mejorado mucho. ¿Por qué no se ha logrado avanzar como sí ha ocurrido, por ejemplo, en materia de energía? Gran parte de la respuesta está en que los intereses particulares en torno al uso del agua son tan numerosos y variados competitivos— que han impedido construir consensos efectivos para dar sustentabilidad a su aprovechamiento. Muestras de esta discordia son la compleja tramitación que han tenido en el Congreso la reforma al Código de Aguas y los proyectos de ley para proteger los glaciares, como también el reciente rechazo a legislar una posible reforma constitucional que buscaba consagrar el agua como un bien nacional de uso público. En la práctica, esa falta de consenso ha impedido, por ejemplo, fortalecer la institucionalidad pública a cargo de administrar los recursos hídricos y fiscalizar su uso para evitar problemas evidentes como el sobre otorgamiento de derechos de agua y la extracción ilegal. Eso mismo ha dado pie al uso irresponsable del recurso por parte de algunos privados que incluso han contribuido a generar graves problemas ambientales y de desabastecimiento humano como los conocidos en Aculeo y Petorca, respectivamente. En ese sentido, es urgente que quienes desarrollan actividades productivas, en especial de tipo agrícola y forestal que son las que más consumen agua en el país, tengan una actitud más consciente y proactiva para ayudar a afrontar la escasez hídrica, adoptando por ejemplo sistemas de riego más eficientes o métodos para reutilizar el recurso en distintas labores. En ese sentido, introducir el concepto de economía circular en la gestión del agua es algo que las empresas deben comenzar a hacer. La propuesta de la Mesa Nacional del Agua también menciona algunos de estos temas definiendo tres grandes desafíos: garantizar la seguridad de suministro, con prioridad en el consumo humano; asegurar la calidad del agua; y modernizar el marco legal y la institucionalidad pública en materia hídrica. Son enunciados generales que coinciden con las intenciones planteadas en instancias anteriores. Es de esperar que ahora sí se logre el consenso vital y urgente que el país requiere para mejorar la gestión del agua.
