Pese a que los derechos de agua se llevan todos los titulares, desde la UC creen que planificación estatal y mejor gestión son más relevantes para superar la sequía.
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a sequía que vive el país ha agitado el debate sobre la propiedad del agua. Esta semana un proyecto de ley que buscaba incorporar en la Constitución al recurso como “bien nacional de uso público” no obtuvo los votos suficientes para ser aprobado en el Senado, lo que enfureció a la oposición. Sin embargo, el agua tiene esa definición en el Código Civil desde el siglo XIX. Esa paradoja no sorprende a los investigadores del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC Guillermo Donoso (GD) y Daniela Rivera (DR), para quienes parte del problema es que la discusión sobre el agua ha sido ideológica más que técnica. Donoso, de hecho, empezó a debatir vía redes sociales para poner algo de cordura en un debate polarizado. “He visto publicaciones que dicen: “los mineros son los que más agua usan', cuando en realidad representan el 3% de los derechos”,

explica. Dice que ha tratado de entregar información y mejorar la calidad del debate, “no siempre me creen”, ríe. Así, Donoso (PhD. De la U. De Maryland y exdecano de Agronomía UC) advierte que mientras se discuten reformas constitucionales, “si no ajustamos el consumo y la sequía sigue, en un año y medio estaremos enfrentando un racionamiento en la zona centro norte del país”.

La solución, para ambos expertos, tiene que ver más con la gestión del agua que con la forma de asignación del recurso, cuyo modelo “afuera es visto muy positivamente. Se reconoce como pionero en reasignación de los derechos en base al mercado. Luego vino Australia y varios otros”, explica. Así, la discusión se ha centrado en la propiedad pero poco en una administración adecuada de la demanda. Donoso no cree que haya que rehuir a discusiones sobre el modelo chileno de aguas: “Sin duda que hay elementos a debatir y perfeccionar pero el problema central es de gestión”. Y sobre ello entrega algunos ejemplos elocuentes: “Chile tiene un consumo muy superior a países como Australia, España e Israel que están en un promedio de 100 litros por persona/día. Nosotros estamos en 180 litros”. Otro ejemplo alarmante: Las sanitarias tienen, en promedio, un 35% de pérdidas (debido a filtraciones y “colgados” a la red, entre otras razones). “En Copiapó se está construyendo una desaladora de agua pero tiene cerca de un 40% de pérdida ¿ no será mejor cerrar esas pérdidas antes de desalar?”, cuestiona Donoso quien explica que la ley tarifaria carece de losincentivos para controlar esta ineficiencia.

Estado débil Otro punto clave lo plantea Rivera (abogada, directora del Centro): la falta de planificación en materia hídrica. “Tenemos una serie de iniciativas: embalses, pozos, carreteras hídricas (ver recuadro), recargas artificiales, pero sin una hoja de ruta clara. La sequía lleva 11 años, y seguimos sin un plan nacional del agua vinculante y que diga “vamos hacer tales medidas a corto y largo plazo”. Además de falta de planificación, la poca información demuestra algunas de las precariedades del sistema. “Si bien la DGA tiene aproximaciones, hoy todavía no hay certeza de cuál es el porcentaje y características de los derechos (que se entregan)”. Ello debido que el Código de Aguas de los 80 no puso un plazo para inscribir los derechos históricos que esa ley reconoció (que equivalen a aproximadamente el 70% del agua del país). Y si bien en el agua superficial son las mismas asociaciones de usuarios quienes llevan información sobre el recurso, en el caso del agua subterránea el control es mínimo. Solo desde 2018 la DGA tiene atribuciones para fiscalizar, “pero ahí el problema es que no sé quién tiene qué”, explica.

Perpetuidad de los derechos Pese a que el porcentaje de caudal que se ha reasignado a través del mercado no representa más allá del 10%, la propiedad perpetua de los derechos de agua es quizá el tema que mayor discusión pública genera.
IE
Carreteras hídricas: necesario, no suficiente

Pese a que Chile tiene una disponibilidad de agua bastante superior al promedio del mundo, su distribución a lo largo del territorio está lejos de ser la ideal. Para Donoso las iniciativas para aumentar la oferta de agua en la zona centro norte (como la desalinización y los proyectos de traer agua desde el sur del país) son necesarias pero

no suficientes, “El problema es que si solo haces gestión de oferta, estás en un permanente nivel de estrés”. Agregando que “lo que se necesita hacer es una gestión de demanda, necesitamos aumentar la productividad del agua. Un muy buen ejemplo es la minería que pasó de 2, 5 m' a 0, 6 m? por tonelada de concentrado”.

En el caso de las carreteras hidricas explica que el objetivo es aumentar la superficie de riego, no satisfacer las demandas insatisfechas hoy. Y Rivera agrega que nadie se ha hecho cargo de los efectos ambientales que el traslado de agua podría tener ni tampoco los conflictos entre comunidades que traspasan sus derechos.
Pablo Eguiguren F.
Guillermo Donoso, del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC:
—¿Cómo funciona el sistema de asignación en países donde los derechos no son perpetuos? —GD: Vía plazos largos y renovables, porque si no, no hay inversión. Las reglas de renovación son muy claras, entonces es muy poco posible la arbitrariedad. —Parece un modelo de derechos perpetuos donde el Estado se reserva el derecho a reclamarlos de vuelta. —DR: El Estado mantiene la potestad de revisión de esas concesiones. Es decir si cambian el clima o la hidrología, la administración tiene la potestad de intervenir y hacer cambios en esas titularidades. —Pero eso hoy también lo puede hacer la DGA.. . —DR: Sí, lo ha hecho recientemente para asegurar agua potable en zonas rurales. La DGA comenzó a comprar derechos, cosa que podría haber hecho hace mucho tiempo. —Entonces el problema es el temor a que se cambien las reglas del juego. —GD: Hoy día el agua tiene un plazo de mirada de acuerdo a cada gobierno. Lo que necesitamos es una visión de más largo plazo. Porque si vamos a hablar de embalses, de desaladoras, lo que se necesitan son definiciones claras de las condiciones para renovar. Y que sean creíbles —advierte Donoso. —Quizá debiera pensarse en un modelo de autoridades de aguas independiente para asegurar credibilidad y estabilidad en la regulación —GbD: Es lo que han hecho otros países. En Israel tienen una autoridad de agua autónoma, son los mismos usuarios las que los financian. Australia tiene también una autoridad con una visión de largo plazo. Incluso Perú y Brasil la tienen.
180

Litros por persona por día es el consumo promedio de agua de los chilenos. En Australia, España e Israel es de 100.

10%

Solo ese porcentaje de los derechos de agua se ha reasignado a través del mercado.