Diputados analizaron el grave problema medioambiental que afecta a la mayoría de las regiones del país
A nalizar el grave problema medioambiental que afecta a la mayoría de las regiones del país y los episodios de contaminación acaecidos durante los últimos meses, así como conocer las políticas públicas adoptadas por el actual gobierno en esta materia, fue el objetivo de la sesión especial celebrada esta tarde por la Cámara de Diputados. La cita, solicitada por 54 diputadas y diputados, contó con la participación del Ministro de Salud, Emilio Santelices, y del Subsecretario de Medioambiente, Felipe Riesco. En la oportunidad también intervinieron los diputados Javier Hernández (UDI), Sebastián Álvarez (Evópoli), Daniel Verdessi (DC), René Alinco (IND), Sebastián Torrealba (RN), Diego Ibáñez (IND), Félix González (PEV), Amaro Labra (PC), Fernando Meza (PRSD), Fidel Espinoza (PS), Jaime Mulet (FRVS), René Manuel García (RN), Carolina Marzán (PPD), Miguel Ángel Calisto (DC), Alejandro Bernales (PL), Sergio Bobadilla (UDI) y Gustavo Sanhueza (UDI). Al término del debate, el Ministro Emilio Santelices celebró la convocatoria y estimó que existe una mirada compartida, en donde se está recogiendo lo que viene aconteciendo por décadas en nuestro país, de modo de avanzar con una mirada de largo plazo respecto de los temas que nos convocan como nación en este ámbito. Reiteró el compromiso del Ministerio de Salud y del Gobierno con la epidemiología y en trabajar en fortalecer la vigilancia epidemiológica, determinando cuáles son las fuentes contaminantes del país, los potenciales emisores y su correlación con los efectos en la población, procurando luego la mitigación en los efectos a la salud. Finalmente, indicó que otro eje es el desarrollo de una agenda colaborativa con el Ministerio del Medioambiente, de modo de constituir una nueva normativa en la materia.
Propuestas de los parlamentarios
En la sesión se aprobaron tres resoluciones, La 436 solicita al Ejecutivo adoptar una política coherente y sistemática de protección del medioambiente y de tutela de la naturaleza, que tenga por fin orientar los medios de producción de la economía hacia un desarrollo armónico de todos los sectores de la población, disminuyendo los altos niveles de contaminación que se han detectado en las zonas de sacrificio, como también, en cada uno de los recursos naturales del país, como el agua, el suelo y el aire. También solicita actualizar la legislación ambiental en concordancia con los más altos estándares internacionales; incrementar los recursos destinados a la protección del medioambiente, a lo menos en un 1% del gasto público para 2020; establecer un royalty a favor de las zonas de sacrificio; y que se envíe copia a la Cámara de Diputados de las medidas adoptas, entre otros puntos. La resolución 437 pide al Ejecutivo dictar nuevas normas de calidad del agua y suelo; y actualizar y homologar las existentes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, enfatizando las regulaciones de los metales pesados e hidrocarburos. Luego, llama a elaborar a través de la Onemi planes de acción, junto a las comunidades, con los recursos necesarios ante emergencias ambientales; asignar mayores fondos al Ministerio y Superintendencia de Medioambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental; revisar y actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial de las zonas de sacrificio que congele el crecimiento de la industria peligrosa, contaminante y molesta; incorpore áreas de amortiguación entre parques industriales y
zonas urbanas; y decretar el cierre, en el más breve plazo, de las cinco termoeléctricas más antiguas en funcionamiento, entre otras propuestas. Por último, la resolución 438 pide al Presidente de la República que establezca las condiciones estructurales e institucionales que permitan el establecimiento de metas respecto a la mitigación de gases de efecto invernadero, Además, se llama a que se implementen acciones concretas que permitan a nuestro país adaptarse al cambio climático, aumentando la resiliencia de nuestro territorio e incluyendo medidas que tiendan hacia un incremento en la seguridad de las personas como principal foco e, igualmente, acciones que protejan las actividades productivas como principal medio de desarrollo del país. Asimismo, que entregue las competencias necesarias al Estado de Chile, tanto a nivel nacional, como regional y local, para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales asociados al Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
