Reglas del juego y estabilidad
Aunque han transcurrido más de cinco años desde su promulgación, la Ley de Pesca continúa provocando controversia. La llamada "ley corta", aprobada por la comisión de Pesca del Senado en diciembre avanza en la sustitución del actual sistema de licencias industríales transables de carácter renovable a 20 años (licencias de pesca clase A) por uno de subastas. Se trata de una reforma en cuyo origen se encuentran los cuestionamientos a la legislación vigente a propósito de las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política y eventuales sobornos a parlamentarios. En esa línea, esta "ley corta" buscaría evitar que la regulación pesquera siga sometida a objeciones de legitimidad. Las implicancias del cambio, sin embargo, tanto desde el punto de vista del sector involucrado como por las eventuales señales a los demás agentes económicos, ameritan un análisis ponderado.
Se ha planteado, por ejemplo, que subastar la totalidad de las cuotas industriales permitiría incrementar la competencia, pues promovería el ingreso de nuevos actores y el crecimiento de las empresas de menor tamaño. No es obvio, sin embargo, que esto se produzca. Según sugiere la evidencia, es probable que, en un sistema como el propuesto, los incumbentes tiendan a ganar las subastas, pues al haber realizado y estar derivando rentas de inversiones "irreversibles/hundidas" (no transferibles a otras compañías), tendrán una disposición a pagar mayor que la de los potenciales entrantes. Asimismo, la existencia de economías de escala
—disminución en el costo medio ante el incremento en la cantidad producida— implica que cualquier argumento de carácter distributivo que se utilice para restringir la participación de los incumbentes de mayor tamaño en las subastas podría terminar generando pérdidas de eficiencia. Así, si bien siempre es necesario promover la competencia, no es del todo claro que la propuesta consiga el efecto buscado. Pero el elemento más controvertido de la nueva legislación es la eventual afectación de los derechos de los titulares de las licencias transables. Al respecto se han planteado incluso objeciones de constitucionalidad. Ciertamente se trata de una materia compleja. En efecto, la industria aceptó acogerse en 2013 al régimen de licencias a 20 años actualmente vigente, una de cuyas características era su renovabilidad, a partir del cumplimiento de cuestiones ambientales, pesqueras y laborales. Desde la perspectiva de los críticos de la "ley corta", eliminar dicha renovabilidad supone una alteración de sus derechos, una suerte de expropiación de ellos sin fórmula compensatoria; frente a esto, la respuesta del Ejecutivo es que aquí no existirían derechos en juego, sino solo una expectativa, por lo cual la alegación sería improcedente. Más allá de tal discusión específica, hay aquí involucrado un debate más amplio sobre la estabilidad en las reglas que establea* el Estado para la explotación de ciertos bienes de carácter público. De hecho, cuestiones similares se han planteado a propósito de medidas adoptadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de resoluciones de la Corte Suprema respecto de las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, y también durante la tramitación de la reforma al Código de Aguas. En cada una de estas materias, y según ha mostrado la experiencia tanto interna como comparada, la participación de privados dentro de un marco de reglas claras y estables permite un uso eficiente de los recursos, redundando ello en el bienestar común. AI contrario la volubilidad regulatoría destruye las confianzas y desalienta la inversión, máxime cuando ciertas decisiones aparecen como el producto de determinados climas de opinión pública o de la presión de grupos de interés. En ese sentido, episodios como el de la llamada "ley de la jibia" —donde el Congreso llegó al extremo de definir por ley las técnicas a utilizarse en una determinada pesquería— constituyen un ejemplo de lo que debiera evitarse al abordar este tipo de materias. Chile debe distinguirse por la fortaleza de sus instituciones. Esto no implica, por supuesto, pretender perpetuar una determinada regulación. Sin embargo la búsqueda de acuerdos sobre la base de principios técnicos debiera ser el motor de la discusión en este ámbito, en un marco que ofrezca grados razonables de certeza para los distintos actores. La búsqueda de acuerdos sobre la base de principios técnicos aparece como el camino deseable para encarar cambios refutatorios.
