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Tras la suspensión provisional decretada por el Gobierno
TALCA. - A pesar de valorar como positivo el hecho que desde el Gobierno se haya anunciado la suspensión provisional de menos siete remates de derechos de aguas en la Región del Maule, el alcalde de san Clemente, Juan Rojas, comentó que la medida es insuficiente.
“No podemos seguir administrado el agua como lo hacíamos 40 años atrás.
Hoy día el Estado de Chile no puede estar rematando derechos de aguas que no tenemos.
Todos hablamos de cambios climáticos y crisis en la sequía y no obstante a eso se están rematando derechos de agua”, comentó. Los remates fueron decretados por la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), desatando polémica entre agrupaciones ecológicas y vecinales de la localidad de Vilches, en San Clemente, quienes vieron un grave riesgo de que disminuya aún más el caudal del río Lircay. DIARIO OFICIAL Al respecto, el jefe comunal insistió que desde el Estado se deben administrar de mejores formas los caudales de agua existentes en la región, llamando a que estas licitaciones sean paralizadas de forma definitiva.
De igual forma insistió que, a pesar de lo positivo del anuncio de la suspensión de estos remates de agua, es imprescindible que esta medida sea publicada en el Diario Oficial. Juan Rojas comentó que las normativas legales que amparan estos procedimientos fueron confeccionadas cuando la realidad de Chile era otra en materia hídrica, aludiendo a los significativos estragos que ha dejado lugar el cambio climático y la severa sequía que se ha extendido por casi una década.
“Estas leyes eran de cuando Endesa era de todos los chilenos, cuando teníamos otra realidad ambiental y teníamos mucha más agua, pero hoy en día no podemos pensar distribuir algo que no tenemos”, expuso. CONSULTA CIUDADANA En esta perspectiva, el alcalde comentó que la presencia de menos caudales de agua en las cuencas del país, hace reflexionar sobre la realidad imperante y, en su opinión, exhorta al Gobierno a quedarse con la administración de estos recursos para garantizar el desarrollo de otros sectores de la economía, como es el caso de la agricultura.
“Los sanclementinos vamos a comenzar a luchar ahora por la suspensión definitiva de estos remates.
Es muy raro que, por un lado, te digan que hay sequía, crisis hídrica y calentamiento global, mientras que, por el otro, proponen el remate de los derechos del agua”, se cuestionó.
Consideró que las aguas deben ser administradas por el Estado, hecho que fue reafirmado por el 90% de los vecinos que participaron en la consulta ciudadana realizada en San Clemente. DESINFORMACIÓN Por su parte, Felipe Donoso, gobernador de Talca, comentó que la decisión de la suspensión de los remates de derechos de aguas en toda la región, responde a que todas las personas que se sientan afectadas puedan generar las acciones en derecho que correspondan.
“Recordemos que, en definitiva, estamos en un Estado de Derecho y las acciones para hacer valer esos derechos tienen que ser en el marco legal, según correspondan”, sostuvo. Manifestó que el remate también se realizó para actualizar los derechos hidrológicos de los ríos, entendiendo que la situación ha cambiado y que, en la actualidad, el país enfrenta la mayor sequía en la historia, lo que puede traer cambios permanentes. DERECHOS NO CONSUNTIVOS Donoso reiteró que gran parte de estos remates públicos eran por nuevos derechos no consuntivos, lo que significa que no se consume el agua, sino que la toman en un lugar y la devuelven.
“Pero en esos tramos no debe haber personas que se sientan afectadas y no debe quedar jamás el tramo seco, porque aquí hay muchos mitos de la legislación de aguas.
Se dice que no es un bien nacional de uso público, cuando no es así.
Por lo tanto, está cautelada y resguardada por la Dirección general de Aguas”, explicó. El gobernador aseguró que, cada vez que se otorga un derecho de agua, se debe resguardar un caudal mínimo ecológico, lo que impide que cualquier cause quede seco y que tampoco se afecten los derechos de terceros, como en el caso de los sistemas de agua potable rural.
“Si es que algún minuto del proceso existe menos agua disponible que los derechos de aprovechamientos otorgados es la DGA, siempre estará en primer lugar garantizar el agua para el consumo humano”, dijo.
Michel Hechavarria
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