El agua, una cuestión de Estado
A crisis social dejó en suspenso, comprensiblemente, una serie de asuntos que hasta ese día se consideraban relevantes, pero que hoy parecen lejanos o de importancia menor. Sin embargo, existe un problema que solo se ha agravado sin que se adviertan soluciones estructurales: la sequía. Apenas concluyó la temporada invernal entre Coquimbo y Los Lagos —el área afectada por un déficit crónico de agua que ya supera la década—, se insinuó un debate acerca dela institucionalidad para manejar el recurso, y las autoridades declararon a casi250 comunas en situación de emergencia o escasez hídrica. No obstante, ese proceso se ralentizó el 18-O y es probable que desde entonces se haya perdido un tiempo valioso en precisar el diagnóstico y acordar medidas de mitigación. Recuperar la ini ciativa requiere sentido de urgencia. El estatuto jurídico del agua es un ámbito de intensa toma de posición política, debido a la forma en que el Estado entrega derechos de aprovechamiento a los privados. Desde luego hay algunos mitos al resPecto y una insuficiente comprensión de cómo la legislación prioriza la distribución del líquido, así como de la seguridad que requieren las inversiones. Pero no es po: ble desconocer que, si se abre la fase constituyente, la cuestión del agua será un nudo crítico de la discusión. Es prácticamente unánime la visión de los expertos en torno a que la escasez responde, en lo fundamental, a un deficiente manejo hídrico. Se han hecho evidentes las fallas del Estado en regulación, fiscalización e información, pero también se observan ineficiencias, mermas y mala utilización por parte de las actividades productivas, que consumen más del 90%. Según la Fundación Chile, el 44% de los problemas
Son de gestión, y existen 43 dependencias estatales que intervienen en procedimientos vinculados con el agua. Por lo mismo, es clave avanzar en una institucionalidad con atribuciones para definir una política y una hoja de ruta para, al menos, los próximos treinta años. Si bien el Gobierno lanzó una campaña para el gasto responsable del agua, y ha alertado de riesgos de racionamiento, también debe garantizar a las personas que el esfuerzo que les demanda tendrá su equivalente en un compromiso similar de justicia ambiental, cuidado, uso racional y eficiente por parte de la empresa privada. De lo contrario, la desconfianza se impondrá sobre el objetivo mayor de educar a la sociedad acerca de los cambios en la relación con el agua que inevitablemente ya están aquí con el cambio climático. Desde hace algunos años se habla de problemas que constituyen temas de país o Estado, es decir, cuya naturaleza y resolución los sitúa por encima de intereses político-ideológicos. Una estrategia global, robusta institucionalmente y de largo plazo para el agua es uno de aquellos desafíos,
“El Gobierno debe garantizar a las personas que el esfuerzo que les demanda tendrá su equivalente en un compromiso similar de la empresa privada”.