Gastos “de bolsillo” en salud
hile es uno de los países que presentan el mayor gasto “de bolsillo” en salud, es decir, aquel que es financiado directamente por las personas y no cubierto por seguros, Fonasa o isapres. Por cierto, mediciones como esta son imprecisas, pero revelan uno de los desafíos de nuestro sistema de salud, el cual, paradójicamente, es al mismo tiempo uno de los que exhiben mayor cobertura. Lo que sucede es que esta última deja de lado muchos factores que son parte del gasto. La evidencia disponible es que la mayor proporción de este gasto de bolsillo corresponde a medicamentos (38%). Otros componentes importantes son consultas médicas (20%) y servicios de laboratorio y rayos (12%). Todo indica que estos desembolsos van al alza. Un estudio realizado por investigadores del Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, concluyó que, entre 2012 y 2016, este gasto creció, en términos reales, un 50%, llegando a $31 mil por persona, es decir, un total que se acerca a los $100 mil mensuales para el hogar promedio de Chile. Dicha evolución significa que los gastos de bolsillo pasaron de representar en 2012 el 5, 2 % de los desembolsos del hogar, al 6, 2 % en 2016. Pero los promedios pueden ser engañosos. Así, algo más del 20% de los hogares no reportan gastos de bolsillo en salud (los datos utilizados en el estudio provienen de las encuestas de presupuestos familiares realizadas por el INE), y otro 30% consigna gastos de bolsillo inferiores al 2% de su presupuesto. Sin embargo, hay también un 10% de los hogares que sedestinar entre 15% y hasta 81% de su presupuesto a gastos de salud de bolsillo, con un promedio de 25%. En general, aunque no de manera exclusiva, estos altos desembolsos corresponden a hogares con adultos mayores. Se trata de una circunstancia a la que la política pública le ha puesto escasa atención, pero que permite entender por qué una de las principales inseguridades de la población tiene que ver con el financiamiento de una enfermedad grave; esto independientemente, incluso, de que las intervenciones que esa enferme-
dad pueda suscitar estén bien cubiertas. En efecto, en esas circunstancias, el principal gasto de bolsillo —los medicamentos— puede alcanzar niveles muy elevados. Los avances que ha habido al respecto, como la así llamada Ley Ricarte Soto, son insuficientes y, en el caso particular de esa normativa, pueden presentar un diseño inadecuado. A propósito de esta realidad, dos elementos merecen especial consideración por parte de las autoridades, Uno es el funcionamiento del mercado de los medicamentos. Este es de una complejidad alta, pero diversos antecedentes —que, debe reconocerse, resultan a menudo anecdóticos— sugieren que sus precios en nuestro país son elevados. Durante la última campaña, el entonces candidato Sebastián Piñera suscri- bió este planteamiento y, ya como Presidente, envió en mayo indicaciones a un proyecto al respecto discutido en el Senado. Ellas apuntan a lograr una mayor transparencia de los precios en toda la cadena productiva, nuevos canales de comercialización que inchuyen a Cenabast y la posibilidad de fraccionamiento en la venta de medicamentos. Con todo, no es evidente que estas o las otras propuestas del proyecto sean suficientes para eliminar las distorsiones que incrementan los valores en este mercado. De hecho, y como se informa en esta edición, ya una primera Ley de Fármacos ha tenido efectos no previstos. Por otra parte, interesa proteger más eficazmente a quienes deben desembolsar en medicamentos una proporción demasiado elevada de sus ingresos. Eso supone revisar el alcance de la política de seguros. El Presidente Piñera, en muchas ocasiones, ha puesto énfasis en la necesidad de proteger a la clase media (y cabe entender que también a grupos vulnerables) de situaciones que escapan a su control. En este caso, una forma de hacerlo sería, por ejemplo, asegurar que los gastos en medicamentos no superen en ningún hogar más de una proporción definida de sus ingresos. No parece una política imposible de fiscalizar y tampoco, a juzgar por los antecedentes que reporta este estudio, de financiar gradualmente.
Interesa proteger más eficazmente a quienes deben desembolsar en medicamentos una
proporción demasiado elevada de sus ingresos.
