Experta apunta a las Pymes como principales responsables de la vulneración de los derechos laborales de los inmigrantes

La Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, señala que gran parte de las 3 mil denuncias efectuadas por extranjeros corresponde a estas empresas, ya que las grandes compañías se ven expuestas a multas mayores. “Las medianas empresas, el comercio, los restoranes, los almacenes más pequeños y la vega no cautelan los derechos laborales de estos trabajadores”, afirma. Los más vulnerados de los trabajadores inmigrantes son los haitianos. Así lo reveló un informe de la Dirección del Trabajo (DT). Durante el primer semestre, este grupo realizó más de mil reclamos, representando un tercio del total de denuncias efectuadas por extranjeros. Al respecto, la Directora del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Carmen Norambuena, endosa la responsabilidad de esta situación a las pequeñas y medianas empresas. “Hay muchos que efectivamente cumplen, sobre todo las grandes empresas, pero las medianas, el comercio, los restoranes, los almacenes más pequeños y la vega no cautelan los derechos laborales de las personas migrantes”, sostiene. “Normalmente, quienes menos cumplen son los negocios o emprendimientos con menor capital”, insiste. De acuerdo a la especialista, en las grandes empresas generalmente se cuidan más de las irregularidades porque las multas son muy altas. “Los talleres de un conocido retail tienen contratada una cantidad importante de extranjeros y, conforme a los estudios de una alumna de la Universidad de Santiago, cumple con la normativa y no tiene dificultades”, ejemplifica. Por otra parte, y según un estudio de Clapes-UC, el 78% de los trabajadores migrantes trabaja en empleos no calificados. A juicio de la académica, esto se produce fundamentalmente por la condición desregulada de los extranjeros que ingresan a Chile, ya que los contratos a los que se exponen son mucho más precarios, al no tener respaldo legal de su estadía. Además, “el que se les exija un contrato para ingresar al país es un arma de doble filo, porque el migrante está ligado y condicionado con su empleador para que este último ponga las reglas del juego, ya que de esto depende su entrada al país”, agrega. Finalmente, insiste en que, por mantener su trabajo, muchas de estas personas no reclaman ante las autoridades que corresponde. “Quien contrata debe ajustarse a la normativa legal que impone el Ministerio del Trabajo, sea connacional o extranjero, pero en el caso de los migrantes, hay un dejo de iresponsabilidad tanto en el comercio como en las industrias pequeñas”, sintetiza.