En enfrentamiento donde murió Las imágenes que podrían apoyar o derribar la ' credibilidad de Carabineros
Grabaciones realizadas por policías fueron entregadas al fiscal Garrido
Por N. Olivares, D. Figueroa y L. Jiménez
(Grafico)
A 72 horas de los hechos, las filmaciones de carabineros que participaron en el enfrentamiento, donde murió el joven mapuche Camilo Catrillanca, miembro de la comunidad Temucuicui, ya se encuentra en manos del fiscal Roberto Garrido y de la PDI.
También fueron entregados los peritajes y todos los elementos recogidos en el sitio del suceso.
Sin embargo, esas imágenes oficiales aún no se conocen públicamente. Hasta el momento sólo hay videos de particulares circulando. Y una de las misiones que le dio el fiscal Garrido a la PDI es recopilar toda filmación.
Cuando el Presidente Sebastián Pinera, el pasado 28 de septiembre, presentó en La Araucanía al grupo de reacción táctica del GOPE, que fue entrenado en la selva colombiana —más conocido como "Comando Jungla"—, las cámaras GoPro HD, para registrar audio e imágenes, instaladas en cascos o en hombros, eran parte del equipamiento. A ellos se sumaban cámaras termales de corto alcance GPS y binoculares con telémetro. Si bien no todos los efectivos poseen cámaras, sí las tiene el personal de turno. La apuesta del Gobierno era tener personal equipado, altamente preparado, de reacción rápida y eficiente para controlar casos de violencia.
Esas imágenes —obtenidas de los efectivos que estaban en terreno, pues aparentemente no hay filmaciones del helicóptero policial que participó en la persecución— son prueba fundamental para ratificar la versión de Carabineros que fue reproducida por el general director Hermes Soto y el intendente Luis Mayol. "Tengo entendido que esa persona (Catrillanca) formaba parte (del enfrentamiento)", dijo ayer el intendente.
Esa versión, sin embargo, está siendo cuestionada por la oposición, particularmente por el senador DC Francisco Huenchumilla, y por la propia directora del Instituto de Derechos Humanos Consuelo Contreras, quien tiene antecedentes de que Catrillanca venía de trabajar su tierra y se encontró con el tiroteo.
"Como institución tengo que creerle a Carabineros, pero las verdades hay que probarlas jurídicamente", dijo hoy Contreras en T13 Radio.
La caída en la credibilidad o confianza de Carabineros ha sido una tendencia desde 2017, a raíz del caso de fraude fiscal (denominado "PacoGate") por más de $23 mil millones y por lo ocurrido con la "Operación Huracán", en que tanto Labocar como el funcionario civil de Inteligencia, Alex Smith reconocieron falsificación de pruebas en casos de violencia en La Araucanía.
Ya en 2017, una vez conocido el "PacoGate", en la CEP de abril-mayo, Carabineros retrocedió 17 puntos en el índice de confianza en las instituciones (ver gráfico), pasando de un 54% a un 37%.
En mayo de este año, en una encuesta del Instituto Libertad y Desarrollo, Carabineros fue una de las instituciones que lideró el ranking de percepción de corrupción (0 a 10) donde la institución subió de un 4,8 a 5,8.
Antecedentes Ayer en Twitter, el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo expresó sus dudas, al recordar las dudas tras las muertes de Alex Lemún (2002) y Matías Catrileo (2008). "Se habló de enfrentamiento y se demostró falso. Recién en 2017 fue procesado el ex oficial", dijo sobre caso de Lemún. Respecto de Catrileo acotó que "se dijo lo mismo y se negó baleo por la espalda".
"Hay tres o cuatro casos donde la justicia ha comprobado manipulación de pruebas, falsificación de evidencias. Eso genera escepticismo de lo que ha hecho Carabineros", añadió Claudio Fuentes del Instituto de Investigación de la UDP.
Y dijo que en el caso de Catrillanca, no fue "solo una bala por la espalda, el tractor recibió varios impactos. No es la tesis de la bala loca".
Lucía Dammert, socióloga y académica Usach, coincidió con Fuentes: "Hay evidencias que el tractor tiene varios impactos de bala. Carabineros y el Gobierno deben entregar un informe muy rápido en base a las evidencias. Si dicen que fue una bala loca y a los cinco minutos los desmienten, se genera más ansiedad y desconfianza".
El comando y la detención A ello, se suma otro cuestionamiento: la pertinencia de que un comando táctico de entrenamiento militar sea el que persiga lo que las autoridades han denominado un "delito común".
"No tenemos claro qué es lo que pue
de gatillar la intervención de este comando, en qué circunstancia y para qué. Para nadie es un misterio que dada la situación política en La Araucanía, una intervención de fuerza desproporcionada le echa bencina a la hoguera", planteó Hugo Frühling, académico de la U. de Chile.
Consuelo Contreras, del INDH, en T13 Radio, puso de ejemplo que "cuando hay un portonazo en Santiago no viene Fuerzas Especiales".
Otro cuestionamiento, que pone en aprietos la credibilidad de la versión de Carabineros es que el juez ratificó que hubo una detención ilegal de un menor de edad. "No sólo lo detuvieron al lado del amigo muerto, le imputaron ser parte de este proceso. Evidentemente Carabineros sufre un revés enorme, porque la primera noticia judicial que se obtiene es una que pone en entredicho al procedimiento" sostuvo Dammert.
Por la detención de ese menor de 15 años, quien acompañaba a Catrillanca y habría sufrido una golpiza, el INDH se querelló.
Afecta agenda Por estos hechos, el senador Francisco Huenchumilla —quien fue el único de oposición en asistir al lanzamiento del Plan Araucanía del Gobierno— emplazó directamente al Gobierno y al ministro de Interior, por estos días vicepresidente, Andrés Chadwick. "El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad política en la formación y en las acciones del Comando Jungla (...) Señor ministro del Interior Ud. debe dar una explicación al país", dijo.
Si este caso se transforma en un nuevo golpe a la credibilidad de Carabineros puede representar no sólo un obstáculo para el avance del propio "Plan Araucanía" impulsado por La Moneda. De hecho, ayer el ministro Alfredo Moreno reconoció que la muerte de Catrillanca "hace más difíciles las cosas". Este hecho podría afectar también a la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, que fue presentada la semana pasada.
A ello se suma la posibilidad de que el intendente Mayor sea acusado constitucionalmente y que el presupuesto de Carabineros sea reacortado en el Senado.