Informalidad y financiamiento universitario

“La elaboración de políticas económicas requiere con urgencia una visión global de los impactos que estas pueden causar en forma indirecta a la economía como un todo”. Benjamín Villena Roldán Profesor asociado Universidad Andrés Bello e investigador La propuesta del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) tiene la noble intención de aliviar la carga financiera de estudiantes y familias. Pero tal como en la recién aprobada reforma de pensiones, en la propuesta del FES se subestima el riesgo de la informalidad laboral al aumentar fuertemente el costo laboral, en un escenario de productividad del trabajo estancada en Chile. Del mismo modo, con el FES se crearían incentivos para que las nuevas generaciones de profesionales prefieran recibir abiertamente pagos informales. De este modo, evitarían los pagos del impuesto que se les cobraría para retribuir los recursos con que el Estado financiaría sus estudios. Sin un diseño cuidadoso, el sistema puede aumentar las actuales dificultades para hacer exigibles pagos de deuda o impuestos. Esto no solo limitaría la recaudación para financiar al nuevo sistema de financiamiento universitario, sino también podría mermar la base tributaria de otros impuestos y cotizaciones previsionales. Desafortunadamente, la política pública ya aprobada de pensiones y aquella que se quiere aprobar de FES no toma en cuenta el rol de la informalidad laboral, situación que representa alrededor de un 27% del empleo en Chile, y que podría bordear cerca de 33% con la reforma de pensiones ya aprobada en régimen (Joubert 2015). Al parecer, se supone que los trabajadores con educación superior no son informales, pero esto no es cierto. Antes de la pandemia, un 22% de los informales en Chile tenían educación superior, cifra que aumentó a un 30% durante 2020-2023 (Villena-Roldán, 2024). Un alza de tributos específicos a graduados de educación superior generará mayor informalidad, con la consiguiente pérdida de productividad y de una sustancial recaudación fiscal, dado que se trata del grupo de mayor ingreso potencial. Existen otros elementos en la discusión de este proyecto de ley que hacen dudoso su impacto positivo sobre la calidad y autonomía del sistema universitario chileno. Con una mayor dependencia del arancel de referencia y de regulación estatal, puede aumentar la segregación en la educación superior, con una brecha mayor de calidad entre instituciones según su participación en el nuevo sistema. Una caída en la calidad de los profesionales formados en instituciones más dependientes del Estado, sumado a la obligación tributaria, podrían intensificar aún más los incentivos a la informalidad. Esto significará una pérdida de productividad y recaudación fiscal y mayores restricciones de financiamiento para generaciones futuras. La elaboración de políticas económicas requiere con urgencia una visión global de los impactos que estas pueden causar en forma indirecta a la economía como un todo. En un escenario de costos laborales crecientes, la política de financiamiento de la educación superior debe balancear cuidadosamente los costos y beneficios y reasignar los escasos recursos disponibles para permitir que cada estudiante opte por una carrera e institución donde pueda completar con éxito sus estudios y que le brinde la mayor empleabilidad e ingreso en el mediano plazo.

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