Invertir en la infancia: una urgencia impostergable

En ese breve y decisivo periodo, los niños y niñas construyen las bases de su desarrollo según los vínculos, estímulos y oportunidades que reciben. Por eso, la baja matrícula en educación inicial no es solo una cifra, es una deuda con la infancia, las familias y el futuro del país.

La disminución de la matrícula en prekínder no es reciente ni casual. Tiene causas estructurales de larga data. Según el Informe de Caracterización de la Educación Parvularia 2024, la matrícula total bajó un 13% desde 2019, y la cobertura en prekínder cayó más de siete puntos en un solo año. Además, la inasistencia grave se duplicó y el ausentismo en kínder aumentó de forma sostenida.

Hoy, en muchos barrios, asistir al jardín implica trayectos largos, transporte deficiente y entornos percibidos como inseguros. A eso se suman la falta de redes de apoyo, la inestabilidad económica y la sobrecarga que enfrentan muchas madres. En ese contexto, quedarse en casa parece —aunque no lo sea— más seguro. No es casual que, según Fundación Integra (2023), un 44% de las familias prefiera mantener a los menores en el hogar.

Sin embargo, esa protección aparente tiene un alto costo. Cada día fuera del jardín es una oportunidad perdida. No basta con estar en casa, es esencial jugar, conversar, explorar y recibir estimulación adecuada. La educación parvularia promueve el lenguaje, el pensamiento, la autorregulación y la socialización desde los primeros años.

Un jardín infantil no es solo cuidado. Es un espacio educativo planificado, con profesionales comprometidas y capacitadas. La evidencia es clara, lo que ocurre entre los 0 y 6 años determina gran parte del desarrollo emocional, cognitivo y social.

Estamos ante un fenómeno complejo que requiere una respuesta integral. No basta con construir jardines en territorios prioritarios. También es clave comunicar con claridad, acompañar a las familias con cercanía y recuperar la confianza en las instituciones. Es urgente restablecer el vínculo con los hogares, ampliar la cobertura y situar la educación inicial en el centro de las políticas públicas.

En este escenario, resulta clave poner atención a una buena noticia: la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril recién pasado, la que representa una verdadera oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo y eficiente. Propone facilitar el ingreso a la educación inicial, simplificar trámites, ordenar la oferta pública y asegurar que ningún niño quede fuera por barreras administrativas. Y si bien aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, su entrada en vigencia marcará un punto de inflexión.

Esta decisión legislativa va en la dirección correcta, pero su impacto dependerá de cuánto logremos traducirla en prioridad política y compromiso sostenido. Invertir en la infancia no es optativo, es el cimiento de una sociedad más justa, segura y con futuro. Por eso, cualquier programa de gobierno debe priorizar esta etapa con decisión. La urgencia debe reflejarse en el presupuesto, en políticas coherentes y en una agenda educativa sostenida. Cuidar a los más pequeños debe traducirse en acciones concretas, medibles y permanentes. Solo así avanzaremos hacia un país que no deje a ningún niño atrás.

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