Crimen organizado y secuestro en Chile. Por Pablo Urquízar M.

El secuestro, a diferencia de otros delitos más “visibles”, genera un profundo impacto psicológico y simbólico, pues desafía directamente el derecho más básico: la libertad individual y la seguridad personal. De ahí que su proliferación, especialmente cuando puede involucrar a actores del crimen organizado, erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar los derechos y libertades fundamentales.

Entre los múltiples delitos que han marcado la pauta en la evolución de la seguridad pública en Chile en la última década, el secuestro se ha posicionado como una de las manifestaciones más preocupantes y complejas muchas veces asociada al crimen organizado. El informe “Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024: desafíos a la luz de la nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública”, elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, entrega un diagnóstico revelador: entre 2014 y 2024, según información oficial de Carabineros de Chile, los secuestros aumentaron un 74% a nivel nacional, totalizando 3.649 casos en el período.

El secuestro debe entenderse muchas veces – no siempre- como un delito predatorio del crimen organizado, es decir, una conducta delictual que busca explotar a las víctimas para obtener beneficios económicos u operacionales, mediante violencia, intimidación o coerción. Este tipo de delito no solo implica una agresión directa contra las personas afectadas, sino que también refleja un patrón estructurado de criminalidad que se sostiene en el control territorial, el uso del miedo y la instrumentalización de la vida humana como recurso para el lucro o la presión.

Durante gran parte del período analizado, los secuestros se mantuvieron en cifras relativamente estables. Sin embargo, a partir del año 2020 se registró una aceleración significativa, con puntos históricos en 2022 y 2023. Este último año alcanzó la tasa más alta: 2,5 secuestros por cada 100 mil habitantes. Aunque el 2024 mostró una leve caída (2,2 por cada 100 mil), la cifra sigue siendo muy superior a los registros iniciales de 2014, lo que podría revelar un cambio estructural en el panorama delictual.

Lo más complejo es la forma en que este delito ha dejado de ser un fenómeno acotado geográficamente. Si bien la Región Metropolitana concentra la mayoría de los casos (52% del total en la década), con un aumento del 37% en diez años, el informe detalla que los secuestros han crecido en prácticamente todas las regiones del país, con excepción de Magallanes y Los Ríos, donde la variación fue nula. Regiones como Los Lagos, Atacama, Ñuble y La Araucanía han experimentado incrementos alarmantes, algunos superiores al 200%, demostrando que el fenómeno se ha diseminado más allá del núcleo urbano capitalino.

El caso de Los Lagos, por ejemplo, es paradigmático: pasó de registrar 3 casos en 2014 a 19 en 2024, con un aumento del 533%. Atacama, por su parte, muestra una variación de 333%, pese a partir desde una base estadística baja. Ñuble, una de las regiones más jóvenes del país, alcanzó su máximo histórico en 2024, lo que podría estar revelando una falta de capacidad instalada para hacer frente a fenómenos delictuales más complejos.

Esta expansión territorial del Secuestro, podría estar vinculado a que eventualmente las organizaciones criminales están adoptando estrategias de descentralización, diversificando sus áreas de operación en busca de territorios con menor presencia del Estado y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Aunque la reducción de secuestros registrada en 2024 (-15% respecto al año anterior) representa un aspecto positivo, no puede interpretarse como una tendencia consolidada. Más bien, puede responder a dinámicas coyunturales, como operativos focalizados, cambios en el comportamiento de bandas o incluso a subregistro. El desafío es evitar que el descenso de un año produzca complacencia institucional frente a un fenómeno que ha mostrado una peligrosa capacidad de mutación y adaptación.

En este contexto, la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública representa una oportunidad estratégica para articular una respuesta integral. Este delito exige una capacidad investigativa avanzada, coordinación intersectorial, inteligencia efectiva y una fuerte presencia territorial del Estado. El enfoque preventivo debe complementarse con una persecución penal eficiente, que logre identificar y desarticular las redes que utilizan el secuestro como herramienta de intimidación o financiamiento ilícito.

Finalmente, es fundamental que la ciudadanía esté informada y protegida. El secuestro, a diferencia de otros delitos más “visibles”, genera un profundo impacto psicológico y simbólico, pues desafía directamente el derecho más básico: la libertad individual y la seguridad personal. De ahí que su proliferación, especialmente cuando puede involucrar a actores del crimen organizado, erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar los derechos y libertades fundamentales

Chile aún está a tiempo de revertir esta tendencia, pero requiere decisión política, coordinación interinstitucional y una inversión sostenida en capacidades técnicas. De lo contrario, el secuestro podría convertirse en un problema muchísimo mayor para el país.

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