Día Internacional de DD.HH.: experta de la ONU advierte sobre barreras de acceso al aborto en Chile

sobre las dificultades de acceso a la interrupción del embarazo en tres causales. Alerta que se instala el mismo mes en que se cumple el plazo para el ingreso del proyecto sobre aborto legal anunciado por el Gobierno.

En el marco del Día Internacional de Derechos Humanos, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, advirtió sobre los desafíos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y las dificultades que persisten para el acceso al aborto seguro en Chile.

Durante su visita de 10 días a nuestro país, Mofokeng abordó la crisis en el sistema de financiamiento de la salud y la necesidad de “garantizar una asignación equitativa de los recursos”. Según la experta, el Gobierno chileno tiene la obligación de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud prestados por terceros.

“Escuché en repetidas ocasiones el preocupante sentimiento de que, en Chile, la salud no es un derecho, sino un negocio”, dijo. Asimismo, afirmó que “los grupos poderosos que representan intereses creados en el sector de la salud con fines de lucro tienden a funcionar sin las necesarias salvaguardias de los derechos humanos en Chile”.

En ese sentido, la representante de Naciones Unidas alertó que la desigualdad de acceso se traduce, por ejemplo, en la salud sexual y reproductiva, y las disparidades en el sistema de salud público-privado. Si bien Mofokeng destacó los esfuerzos para despenalizar el aborto en tres causales, advirtió sobre “el uso excesivo de la objeción de conciencia, sobre todo por parte de las instituciones, además de la presión ejercida por los compañeros sobre otros obstetras que sí ofrecen abortos, para que se opongan”.

Alerta que se instala desde Naciones Unidas el mismo mes en que se cumple el plazo para el ingreso del proyecto sobre aborto legal anunciado por el Gobierno. Contexto en el que la experta reforzó el llamado al Estado para eliminar las restricciones que dificultan el acceso seguro a la interrupción del embarazo.

“Lo que detectó la relatora de Salud de la ONU en su visita a Chile nos parece preocupante, especialmente porque da cuenta de la falta de acceso a prestaciones de salud legalmente garantizadas, como el aborto en tres causales. Este es un derecho que quedó establecido en 2017 durante el Gobierno de la expresidenta Bachelet, y no es aceptable que las mujeres hoy se vean privadas de él debido a la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud”, advirtió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

En esa línea, señaló que como Gobierno siguen a la espera de la resolución de Contraloría para la aprobación de las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia presentadas por el Ejecutivo. Documento que -según indica la secretaria de Estado- es clave para fortalecer el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantizando que mujeres y niñas puedan ejercer este derecho de manera efectiva y sin barreras.

“Con estas modificaciones, se busca generar protocolos claros de reasignación y derivación, evitando que las usuarias deban desplazarse entre ciudades para acceder a esta prestación. Además, se refuerza la entrega de información precisa y accesible, en línea con la ley de derechos del paciente, asegurando que todas las mujeres reciban una atención continua, oportuna y sin costos adicionales”, afirmó.

Proyecto aborto legal

Durante su tercera Cuenta Pública, en junio de este año, el Presidente Gabriel Boric confirmó la decisión del Ejecutivo de presentar el proyecto sobre aborto legal en el Congreso, con el fin de dar cumplimiento al programa en materia de derechos sexuales y reproductivos. Iniciativa que será ingresada antes que termine el año, según lo confirmó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

“La ley de aborto va. (…) No habría razón alguna para señalar que por ser otro año electoral más, no podamos seguir insistiendo y avanzando en los compromisos que tenemos con el país”, señaló la vocera de Gobierno.

Consultada por los plazos, Vallejo indicó que “el año legislativo termina en enero, lo importante es que el Presidente comprometió el ingreso de este proyecto de ley, (…) hay una palabra y la palabra se cumple. Si es un día más o un día menos, es una discusión secundaria en el entendido de que se va a cumplir”.

Lo cierto, es que las mejoras a la implementación de las tres causales -vía modificación del reglamento- y el debate sobre aborto legal, serán dos proceso no exentos de dificultades debido a la resistencia por parte de algunas fuerzas políticas en el Congreso.

Así lo señaló el senador de la UDI, Iván Moreira, quien en conversación con CNN Chile Radio, dijo que el proyecto de ley de aborto legal entregará “demasiado libertinaje” a las nuevas generaciones. A propósito del mensaje de felicitaciones que envió al Presidente Gabriel Boric por su paternidad, donde lo emplazó a “una reflexión más profunda por sobre la ideología y no perseverar en aborto libre para proteger la vida del que está por nacer”.

“Se va a abusar mucho del aborto libre y creo que nuestra sociedad hoy día no está preparada, pero en 10,15 años, las generaciones son distintas, y van cambiando. Y no se trata de adherir a estas cosas, sino a tener que comprender que hay una sociedad muy distinta a las décadas y a la generación que nosotros vivimos, que es una generación que fue muy conservadora”, indicó.

Por otro lado, desde el oficialismo no solo han reiterado el llamado a terminar con el abuso de la objeción de conciencia en instituciones, donde incluso, hay 100% de personal objetor, sino que también a seguir trabajando para detener la criminalización del aborto. “Es momento que los sectores conservadores entiendan que las mujeres somos sujetos de derecho”, dijo a El Mostrador la diputada PS y presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Ana María Bravo.

“Tiene que haber espacio, es algo que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo y creo que, a diferencia de lo que muchos dicen, Chile tiene la madurez suficiente para discutir el aborto legal. Abrir este debate, generar espacios de diálogo y sobre todo detener la criminalización hacia las mujeres, que por motivos íntimos y quizás dolorosos debe interrumpir su embarazo”, señaló la parlamentaria.

“Los derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos”

Desde una perspectiva histórica, el avance de los derechos de las mujeres ha dialogado permanentemente con la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Si bien ha predominado el foco en los derechos que se ejercen en el espacio público, esto convive con aquellos derechos que ocurren tradicionalmente en el llamado “espacio privado”, como la violencia de género y los derechos reproductivos. Realidad que en los últimos años ha logrado instalarse en el debate legislativo y materializar políticas públicas garantes de derechos con perspectiva de género.

“Es importante recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, intrínsecos a la dignidad de todas las personas, y no una posición política o cuestión meramente valórica como se intenta instalar constantemente. Esto es relevante porque traslada la discusión a cuestiones normativas y de derechos, como a un deber de promoción, protección y garantía de estos derechos. En Chile, el marco normativo de la interrupción del embarazo en tres causales representó un avance histórico, pero aún enfrentamos serios desafíos en su implementación que año a año, se han denunciado especialmente por parte de los movimientos de mujeres”, señaló Danitza Pérez, académica e investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP.

En esa línea, Pérez enfatizó en que “la confirmación del ingreso de un proyecto de ley sobre aborto legal abre una nueva oportunidad para avanzar hacia un país más equitativo y respetuoso de los derechos de las mujeres y personas gestantes”. Asimismo, enfatizó “que si bien hablamos de una cuestión de derechos, permean también cuestiones éticas y morales que suelen tomarse el debate”. Por lo que es esencial que la discusión se dé en un marco informado, con base en evidencia científica y desde un enfoque de derechos humanos.

“Sin conocer aún el detalle del proyecto de ley, es posible prever que se busca fortalecer la autonomía reproductiva como un pilar de la igualdad sustantiva, además de alinear a Chile con los estándares internacionales en la materia. La experiencia comparada demuestra que legislar el aborto legal no solo reduce las muertes maternas evitables, sino también desestigmatiza una decisión que, en última instancia, pertenece a cada individuo y que hoy permite la existencia de un mercado oculto que solo aumenta los riesgos de las mujeres que requieren esta prestación de salud”, afirmó la académica.