Día Internacional de los/las detenidos desaparecidos y desaparecidas, por la memoria viva, justicia pendiente y verdad necesaria. por Sonia Brito Rodríguez y Lorena Basualto Porra

Esta jornada nos recuerda que la desaparición forzada no es un hecho aislado ni una tragedia accidental, es un crimen de lesa humanidad, planificado, ejecutado y sistemáticamente encubierto por Estados que decidieron convertir la violencia en política de control y exterminio. Al instaurar en 2010 esta conmemoración, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la gravedad de una práctica que no pertenece únicamente al pasado, sigue vigente en diversas regiones del planeta, donde aún hoy se utiliza la desaparición forzada como mecanismo de terror, disciplinamiento social y represión de voces disidentes.

En Chile, la desaparición forzada constituye una de las expresiones más brutales del terrorismo de Estado implementado durante la dictadura civil-militar impuesta en 1973. No fue un exceso, no fue un error, no fue la acción de unos pocos, fue un mecanismo deliberado de aniquilación, articulado desde la Junta Militar y ejecutado por sus aparatos represivos, que buscaron instalar el miedo como forma de control, destruir el tejido social y erradicar a quienes consideraban “enemigos internos”. Cada detenido desaparecido representa una vida arrancada, un proyecto interrumpido y un horizonte de justicia cercenado. Detrás de cada ausencia persiste el sufrimiento de familias que fueron condenadas al dolor, a la incertidumbre y a la búsqueda incesante de verdad y justicia, arrastrando generaciones enteras en la memoria de la violencia y la impunidad.

A más de cinco décadas del golpe, las organizaciones de familiares, las agrupaciones de derechos humanos y sectores comprometidos de la sociedad civil han persistido en mantener viva la exigencia de memoria, verdad y justicia. Han debido luchar contra la negación, manipulación, encubrimiento, indiferencia y el pacto de silencio que persiste hasta hoy en quienes poseen información y se niegan a entregarla. Su lucha contra el olvido, la complicidad institucional y la lentitud de un Estado que ha optado demasiadas veces por la tibieza o el cálculo político en lugar de la justicia plena. El resultado es una democracia incompleta, atravesada por la herida abierta de las desapariciones forzadas.

Conmemorar este día en Chile significa denunciar con fuerza la impunidad, afirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y recordar que ningún proceso democrático puede asentarse sobre la mentira o la negación. Implica reconocer que la desaparición forzada es una memoria de dictadura y es una práctica que, en distintos contextos globales, sigue operando como estrategia de control y como instrumento del autoritarismo contemporáneo. Desde diversos lugares del mundo, la desaparición forzada sigue siendo un crimen actual, que revela la fragilidad de los derechos humanos cuando los Estados los subordinan a la violencia política.

El 30 de agosto no puede convertirse en un ritual vacío, en un acto meramente simbólico o en una ceremonia burocrática, es un grito de memoria y de rebeldía, una interpelación radical a la sociedad y a las instituciones para no naturalizar la impunidad ni callar frente a la injusticia. Es el recordatorio de que la democracia no puede construirse sobre la desmemoria, sobre la negación de responsabilidades o sobre la comodidad del olvido. Cada conmemoración debe renovar el compromiso de búsqueda, de denuncia y de exigencia, porque mientras no se sepa dónde están, no habrá paz posible, no habrá reconciliación real, ni justicia verdadera.

Las y los desaparecidos permanecen como presencias que atraviesan nuestra historia, impulsándonos a construir una sociedad fundada en la resistencia civil y los principios éticos, capaz de enfrentar la impunidad y la violencia política. Su legado no se reduce al dolor que dejaron, es, sobre todo, una fuerza ética que nos obliga a no aceptar jamás la violencia política como destino, conmemorarlos es reafirmar que la memoria es resistencia, que la justicia es irrenunciable y que ningún futuro puede levantarse sobre la impunidad.

Dra. Sonia Brito Rodríguez

Directora Carrera Trabajo Social Universidad Alberto Hurtado

Presidenta Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS)

Presidenta Asociación Chilena de enseñanza en Trabajo Social Universitario (ACHETSU)

Dra. ©. Lorena Basualto Porra

Académica Universidad Católica Silva Henríquez

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