EL MINISTERIO PÚBLICO FRENTE A LOS DELITOS ECONÓMICOS: ha conseguido condenas en el 23% de los casos y presidio para 44 personas
EL MINISTERIO PÚBLICO FRENTE A LOS DELITOS ECONÓMICOS: ha conseguido condenas en el 23% de los casos y presidio para 44 personas Felipe Irarrázabal, director del C e n t r o C o m p e tencia de la UAI. la asociación ilícita, contrato simulado y conspiración para el tráfico de drogas.
En líneas generales, el informe revela que gran parte de los casos terminados tienen que ver con delitos económicos que se enmarcan en el código penal (corrupción, cohecho, negociación incompatible, delitos concursales y alteración fraudulenta de precios). Ahí está concentrado el 67% de las investigaciones. Al revés, solo un 12,77% dice relación con aquellos contra el Mercado de Valores, o un 7,66%, contra el sistema financiero y bancario.
El Boletín de 2022 explica que, de un total de 1.764.425 términos de investigaciones efectuadas por la institución ese año en todas las materias, un 30,6% se produjo mediante salidas "judiciales". Por su parte, un 62,5% fue vía salidas "no judiciales", es decir, donde no existe una formalización ni un control judicial. Dentro del universo de salidas "judiciales", un 9,4% consistió en sentencias definitivas condenatorias.
Los porcentajes se reducen al centrarse en "Delitos económicos y tributarios". De los 120.872 términos de 2022, apenas un 17,1% fue mediante una salida "judicial". Por su parte, un 76,62% de las investigaciones terminaron con salidas "no judiciales" y solo 3,3% en sentencias condenatorias. Si se amplía el análisis, y se aborda entre el 2005 y el 2022, se identificaron 235 casos respecto a delitos económicos, formalizados y terminados. De ellos, un 39,57% resultaron en hitos de éxito para el Ministerio Público, con una tasa de sentencias condenatorias de 23,4%, y de 6,38% absolutoria. En cambio, un 36,59% de los casos resultaron en hitos de fracaso. En delitos plurisubjetivos se identificaron 568.
En ellos, el Ministerio Público tuvo hitos de fracaso en el 47,64% de los casos, y de éxito en el 42,40%. La tasa de sentencias definitivas condenatorias fue del 28,45%. "En los delitos económicos, predominan a revisión de las cuentas públicas revela un creciente enfoque en delitos económicos desde hace aproximadamente una década", señala el estudio sobre desempeño del Ministerio Público en la persecución de delitos económicos, realizado por el CentroCompetencia de la UAI en colaboración con el Centro de Investigación en Derecho y Sociedad. Fue en 2016, cuando la fiscalía intensificó ese foco.
Ese año --con la reforma a la norma de libre competencia y la incorporación de pena de cárcel para la colusión-aumentó la discusión de la acción penal en delitos tributarios y anticompetitivos, que actualmente se encuentra entregada a órganos especializados, como el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica. Situación que se discutió también al alero del proceso constitucional y de la misma Ley de Delitos Económicos promulgada en 2023. Y se acrecienta ahora con la normativa que sistematiza los delitos vinculados a la actividad empresarial, además de ampliar las responsabilidades penales de las personas jurídicas y que empieza a regir el 1 de septiembre. Un contexto al que se suma la Ley Karin que eleva las conductas consideradas de acoso laboral y que comienza el 1 de agosto. Ambos, mantienen en alerta al sector privado.
CeCo realizó una investigación que abordó el desempeño de la fiscalía en la persecución de delitos económicos y delitos plurisubjetivos (que requieren el accionar de un grupo como asociación ilícita) en Chile, desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana, es decir, a partir de 2005 hasta 2022, última información disponible cuando se empezó a elaborar el reporte en enero de 2023. "Las cifras de este estudio pueden servir como una línea base o benchmark para la nueva Ley de Delitos Económicos porque la información se levantó antes de la normativa", dice el investigador Juan Pablo Iglesias. "Dado que la persecución penal puede conllevar al mayor nivel de afectación de derechos fundamentales de imputados y condenados, resulta particularmente relevante evaluar el desempeño de las instituciones encargadas", subraya el director de CeCo, Felipe Irarrázabal.
El reporte fue enviado al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien en su cuenta pública 2023 señaló: "Es importante que el Ministerio Público avance en generar un espacio de información accesible hacia la comunidad, como otras instituciones públicas". Sería un paso, dicen los investigadores. Los delitos en cuestión Fue un reporte inédito derivado de un análisis de un año y medio. La metodología consideró múltiples fuentes de información. Se revisaron las cuentas públicas del fiscal nacional entre 2008 y 2023, sus boletines institucionales, su base estadística, además de pedir información por transparencia al Ministerio Público.
Y se construyó una unidad de análisis que estableció una relación "RUC/delito/término". Esto, con el fin de evaluar el desempeño del órgano en base a la forma de término del procedimiento penal respecto de causas formalizadas, distinguiendo hitos de "éxito" (sentencias condenatorias, suspensión condicional del procedimiento y acuerdo reparatorio) "fracaso" (sentencias absolutorias, sobreseimiento definitivo y decisión de no perseverar), y "neutros" (como sobreseimiento temporal, facultad de no investigar o incompetencia). En base al análisis, en los delitos económicos, los casos de éxito fueron de 39,57% en los 17 años analizados. Y si bien, si uno compara la información bruta del boletín de los procedimientos abreviados y las penas sustitutivas", subraya el informe. Irarrázabal agrega: "El tema es hasta qué punto hay una tendencia asfixiante del mundo penal en relación con la regulación económica. El problema es si vas a lograr efectivamente sancionar o meter preso, porque si no, estás tirando leña a una hoguera de expectativas, que no se van a cumplir.
Entonces, habría que cuestionarse si muchas veces es mejor una vía administrativa". 916,29 días de presidio promedio Respecto de las sentencias condenatorias de delitos económicos --es decir del 23,4%, de los casos planteados arriba--, se evaluaron 48 RUC, de los cuales 31 tenían información disponible. De estos últimos, se contabilizó a 46 personas condenadas, de ellas 44 fueron como autor y el resto, cómplices.
Tomando solo a los autores, el 40,91% fueron por negociación incompatible, seguido de lejos por desarrollo de giro bancario sin autorización con un 29,55%. El tiempo promedio de presidio que impuso el tribunal fue de 916,29 días (2 años, 6 meses y 6,29 días), y la mediana1fue de 631,5 días (1 años, 4 meses y 26 días). La condena máxima fue de 1.825 días (5 años), mientras que la mínima fue de 41 días. Salvo la condena máxima, todo el resto obtuvo una condena más cercana al rango mínimo de penas aplicables, revela el informe.
Para el caso del delito que condena a los directores y gerentes que, a sabiendas, presenten declaraciones falsas sobre la propiedad y capital de la empresa, o balances adulterados, existe solamente un condenado, con un tiempo de presidio de 5 años. Hoy, de los 44 condenados por delitos económicos, el 84,09% (37 personas) cumplió o está cumpliendo su condena a través de alguna pena sustitutiva. En los delitos plurisubjetivos, los condenados son 263.260 son en calidad de autores, gran parte por asociación ilícita por tráfico de drogas.
El tiempo promedio de presidio que impuso el tribunal fue de 1.575,33 días (4 años, 3 meses y 25 días). La condena máxima fue de 5.476 días (15 años y 1 día), y la mínima de 41 días.
Esto --explican en CeCo-es solo un primer paso. "¿Cómo hacer que la autoridad, tenga mayores niveles de conciencia de lo que está haciendo y una conciencia de mayor accountability? Se requieren estadísticas sobre desempeño y esto es un avance", dice Irarrázabal. "El Ministerio Público tiene demasiado poder como para permitirse no ser evaluado", subraya. 2022 --que incluye casos formalizados y no formalizados-se establece que los casos de éxito solo ese año fueron de un 8,44% en delitos económicos, versus un 17,98% en el total de delitos, expandir esa comparativo a todos los ejercicios en cuestión, es complejo. "El Boletín Estadístico tiene categorías que no coinciden exactamente con nuestra muestra. No quisimos compararlos porque no nos consta que tomen los mismos delitos", señala Iglesias. Aunque agrega: "El sistema penal está estructurado para los delitos que se descubren infraganti. Entonces probablemente en esos delitos haya una mayor tasa de éxito. En los delitos económicos es casi imposible contar con un delito muy flagrante, no vas a estar cuando alguien, por ejemplo, use información privilegiada". Vamos a la muestra. En Delitos Económicos y Tributarios, el Ministerio Público establece 49 delitos.
El reporte, sin embargo, acotó la muestra a aquellos tipos penales establecidos como delitos económicos de primera categoría en la Ley de Delitos Económicos, aprobada en agosto del 2023 y que empieza a regir en septiembre.
En total, son 34, entre los que destacan aquellos contra la Ley de Mercado de Valores como proporcionar información falsa, información privilegiada, colusión, aquellos contra la Ley General de Bancos, contra la Ley de Sociedades Anónimas, cohecho, etc.
En el caso de los plurisubjetivos se toman EL MINISTERIO PÚBLICO FRENTE A LOS DELITOS ECONÓMICOS: ha conseguido condenas en el 23% de los casos y presidio para 44 personas Nueva ley comienza a regir el 1 de septiembre El CentroCompetencias de la UAI realizó un estudio que aborda las investigaciones de delitos económicos entre 2005 y 2022. Solo en el último ejercicio, los casos de éxito --sentencias condenatorias, suspensión condicional y acuerdo reparatorio-fueron apenas un 8,44%, versus un 17,98% en el universo total de delitos.
Si se toman, eso sí, los siete años de análisis: el 39,57% ha sido de éxito y el 36,59% de fracasos. · MARÍA JOSÉ TAPIA "L JONATHAN MANCILLA "El problema es si vas a lograr efectivamente sancionar o meter preso, si no, estás tirando leña a una hoguera de expectativas". FELIPE IRARRÁZABAL DIRECTOR DEL CENTROCOMPETENCIA (CECO) El reporte incluyó una encuesta realizada a abogados chilenos reconocidos por Chambers and Partners en la categoría white collar litigation, que han participado asesorando en delitos económicos. Fueron 15 preguntas. En promedio, calificaron el desempeño general del Ministerio Público con un puntaje de 2,42. Aún más, el 53,9% respondió con una nota igual o inferior a 2. Aún peor fue el resguardo a la información confidencial, donde lo calificaron con un 1,92. Y la gran mayoría reconoció que se requiere una reforma legal para tener un mejor resguardo de la confidencialidad en las investigaciones de la Fiscalía.
En lo relacionado con la preparación de los jueces de garantía y ministros de Tribunales Orales en lo Penal para efectos del juzgamiento de delitos económicos complejos, el puntaje promedio fue de 2,27. "Falta de capacitación en conocimientos técnicos" fue la principal razón esgrimida. Abogados "white collar" le ponen nota roja.