Columnas de Opinión: ¿Es sostenible la gratuidad?
Columnas de Opinión: ¿ Es sostenible la gratuidad? LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS Aunque pueda incomodar, la gratuidad en la educación superior es una discusión que Chile necesita, especialmente en el contexto económico actual, de escasez fiscal y bajo crecimiento económico.
Somos la segunda economía de la OCDE que más invierte en educación superior como porcentaje del PIB, lo que ha incrementado fuertemente la cobertura, pero con resultados insuficientes en materia de productividad laboral, descentralización productiva y movilidad social. A través de la gratuidad ($2,58 billones en el Presupuesto 2026), el país financia trayectorias formativas que podrían no generar el retorno económico ni social esperado.
Un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica establece que el 35% de las carreras muestra un retorno económico negativo y el 40% de los titulados trabaja en algo poco o nada relacionado con aquello que estudiaron. Adicionalmente, el estudio identifica problemas de competencia e información, y muestra que las mujeres tienden a elegir carreras con menor retorno económico. En definitiva, se deben hacer correcciones. La oferta de educación superior en Chile está determinada casi exclusivamente por la demanda de los estudiantes, sin orientaciones de matrícula hacia carreras con proyección real, que favorezcan trayectorias laborales exitosas y rentables. Así, ciegos frente a la realidad, jóvenes y adultos tienden a elegir carreras saturadas, se matriculan en instituciones de calidad cuestionable o se forman en ocupaciones que no responden a las necesidades del mercado. De no mediar cambios o ajustes, el esquema actual termina incumpliendo la promesa central que justifica el financiamiento público: el acceso a una vida mejor, realizada en lo perOPINIÓN sonal y que aporte al país.
Cabe entonces formular una pregunta ineludible: ¿ debe el Estado financiar todas las carreras a través de la gratuidad? Esto no solo atañe al individuo, sino también al costo de oportunidad de atender otras necesidades como el acceso a vivienda y salud, que corresponden asimismo a condiciones esenciales para el desarrollo y bienestar de las personas.
Sobre esa base, a través de un esquema público-privado, se podrían identificar áreas críticas donde la gratuidad se concentre de manera prioritaria, asegurando que el financiamiento esté alineado a las necesidades del país, y, al mismo tiempo, a la realización concreta de quienes estudian. Para carreras saturadas, con baja empleabilidad (o que llevan al subempleo), una política diferenciada podría mantener el acceso sin eliminarlo a través de otros instrumentos: becas, créditos u otras modalidades de apoyo. Una estrategia específica podría estudiarse para carreras no rentables en lo económico, pero altamente valoradas en lo social y cultural. Finalmente, parece imprescindible disminuir la duración de los programas de estudio, particularmente aunque no exclusivamente en carreras universitarias, cuyo promedio real es de 6,4 años. Es cierto que en Chile se requiere nivelación, dado el deterioro de la educación primaria y secundaria, pero la duración de las carreras es sustantivamente mayor que el estándar internacional. Carreras más cortas impulsarían una más rápida inserción al mundo laboral de los titulados, mejorando la productividad del país y rentabilidad de las carreras.
El foco de la gratuidad no debe ser la supervivencia financiera de las instituciones, sino garantizar que las personas accedan efectivamente a un futuro mejor a través de una educación de calidad, alineada a las vocaciones de los estudiantes y a las necesidades de Chile, favoreciendo empleos de calidad, movilidad social, productividad y crecimiento económico. Una política que financia masivamente trayectorias sin retorno no es neutral: tiene costos humanos, sociales y fiscales que una democracia madura debe estar dispuesta a discutir con rigor y honestidad. n.