Editorial: Votación del FES en la Cámara
Editorial: Votación del FES en la Cámara El proyecto sobre Financiamiento de la Educación Superior (FES) que se votará mañana en la Cámara tiene algunos puntos rescatables, pero también numerosos y graves defectos. Los diputados deberán sopesar apropiadamente ambas dimensiones. Entre los primeros, se cuenta la reprogramación del crédito con aval del Estado que, en la situación actual, tiene una baja recuperación, lo que genera un costo relevante para las arcas fiscales. Esta reprogramación va acompañada de una nueva modalidad de pago de la deuda remanente, luego de una condonación parcial. El uso de los empleadores y del Servicio de Impuestos Internos como agentes retenedores de las cuotas que corresponderá pagar promueve una mayor tasa de recuperación. La combinación de estas medidas debería alivianar la carga fiscal. La extensión de este mecanismo de cobro al futuro sistema de financiamiento estudiantil también es positiva, reduciendo la mora futura. Un aporte adicional es que el cobro sea siempre contingente a los ingresos y que las personas de muy bajas rentas queden excluidas de retribución. Es pertinente, también, que los fondos ya no se originen en la banca, aunque desde 2022 solo el BancoEstado ha participado en este proceso.
Finalmente, la postergación de la entrada de los deciles superiores a la gratuidad (hoy día solo rige para los primeros seis deciles de ingreso) para el momento en que la recaudación tributaria sea seis puntos porcentuales del PIB superior a la contemplada en la Ley 21.091 de 2018 es una medida adecuada: la gratuidad ha tenido un impacto negativo en las instituciones de educación superior y ha significado desembolsos mucho mayores a los originalmente planificados, complicando las maltrechas finanzas públicas. Con todo, este artículo se rechazó en la comisión de Hacienda y cabría esperar que se repusiera. Pero, junto con esos puntos, hay una serie de aspectos del proyecto que merecen serios reparos y que, frente a la inflexibilidad del Gobierno, deberían rechazarse.
Desde luego, el nuevo financiamiento estudiantil va acompañado de la prohibición de copago por parte de las familias de los deciles 7 a 9, aunque la transferencia que se haga a la institución sea inferior a su arancel efectivo. Ello supone un desfinanciamiento importante para muchas instituciones, sumándose al producido por la gratuidad.
Ingenuamente, el Gobierno parece creer que esto se puede atenuar dejando en libertad los aranceles del décimo decil, pero estos grupos tendrán incentivos a actuar oportunistamente para aparecer con ingresos más bajos, algo que ya está parcialmente documentado con jóvenes del séptimo y octavo decil que simulan tener ingresos de los primeros seis para beneficiarse de la gratuidad. Esos menores ingresos significan menor autonomía para las instituciones. Al mismo tiempo, planteles que actualmente no están en la gratuidad, pero cuyos estudiantes necesitan financiamiento para pagar sus estudios, podrían, en estas condiciones, sumarse a ella, generando una mayor presión fiscal. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo pidió simular esta posibilidad y otros potenciales impactos para tener un rango razonable de escenarios fiscales. La comisión de Hacienda, actuando en este caso acertadamente, no aprobó el artículo que prohibía el copago. La Cámara debería alinearse con esa decisión. Esta instancia no debería aprobar tampoco la disposición que permite que los beneficiarios del FES, una vez egresados, puedan verse obligados a pagar varias veces el aporte que recibieron del Estado. Esa situación tiene un carácter expropiatorio y, por las distorsiones que genera, no registra mayores experiencias en el mundo. En diversos países que aplican mecanismos similares se ha privilegiado una devolución que ocurre hasta que se ha retornado el aporte recibido o se ha cumplido un plazo legalmente definido. Esta solidaridad mal entendida, en cambio, no ha tenido cabida. Además, genera comportamientos inesperados, que tendrán implicancias fiscales que no se han simulado apropiadamente. Por ejemplo, una persona que espera tener rentas relativamente elevadas tendrá incentivos a financiarse por fuera de este sistema. Ello tendrá consecuencias para el fisco que se suman a las antes señaladas. Por todo ello, se trata de una fórmula que debe ser desechada.. El Gobierno no ha mostrado real flexibilidad frente a los puntos más cuestionables de su proyecto.