Autor: ALEXANDRA CHECHILNITZKY
Las opciones que se barajan para dar cabida a expertos en el proceso constituyente
. Reconociendo que igualmente los académicos pueden tener posturas políticas, algunos plantean que incluso se convoque a instituciones internacionales.
Que exista un comité de expertos que colabore en el proceso constituyente es uno de los primeros consensos que se entre los partidos políticos que por estas semanas están buscando un acuerdo que viabilice la redacción de una nueva propuesta de Constitución.
Y es que una de las críticas que tuvo el texto propuesto por la Convención Constitucional disuelta en julio es que, además de tener un carácter catalogado por muchos como sumamente identitario y refundacional, la calidad jurídica del mismo era baja. Pero cuál sería la tarea de esos expertos, cuándo deberían desarrollar su labor, cómo se elegirían y qué características tendrían son preguntas sobre las que aún no hay respuestas.
Las ideas van desde que el grupo de expertos escriba principios constitucionales que deben ser incorporados “expresamente” —como señaló Chile Vamos en su documento— en la reforma que viabilice el proceso constitucional, hasta que dicho comité asesore durante todo el proceso, lo que es compartido tanto por el oficialismo como por la oposi ción. Pero de allí se desprende la pregunta de qué tan incidente sería su trabajo, si solo será consultivo o podrán influir realmente en las decisiones que se tomen.
Por lo mismo, otros plantean podrían ser par= te de las listas que presenten los partidos para una posible elección de constituyentes, de tal forma que se aseguren sus cupos en una eventual nueva Convención, o que el grupo asesor realice un reglamento para el nuevo órgano y que sistematice información que se deba tener en cuenta —algo planteado por todo oficialismo—, como el proyecto de la expresidenta Miche¡ le Bachelet o el rechazado el 4 de septiembre.
Una alternativa distinta que también se baraja es Alternativas van desde que elaboren un preborrador hasta que incidan durante todo el trabajo de redacción: DEFINICIONES. — Uno de los temas clave que deberán resolver los partidos políticos en sus próximas reuniones es si les darán un rol a expertos y bajo qué condiciones.
En la foto, la última cita sostenida este viernes, E El papel de los académicos durante el año de funcionamiento de la Convención Constitucional A mediados de mayo, cuando el Rechazo ya lideraba en las encues= tas por el plebiscito de salida, el primer vicepresidente de la Convención ya extinta, Jaime Bassa (Frente Amplio), se puso en contacto con casi 20 académicos, de distintos sectores políticos, para que integraran un grupo asesor que apoyara la labor de las comisiones de Armonización y de Normas transitorias.
Algunos de los contactados fueron Elisa Walker, de la UAI; Jorge Contesse, de Espacio Público; Patricio Zapata, de la UC, y Domingo Lovera, de la UDP, aunque, finalmente, la idea no se llevó a cabo y de hecho recibió críticas incluso de constitu= yentes por el tardío momento —al final del proceso— en el que se impulsaba la idea. Antes de ello, igualmente algunos asesoraron ad honorem a colectivos afines, entregando insumos a los exconstituyentes, entre los cuales también había abogados (55), varios de ellos dedicados al derecho constitucional.
Para Mario Fernández, la diferencia es que dichos exconvencionales "no estaban representando su saber jurídico, estaban representando una parte del pueblo de Chile, que es muy importante”, La Convención también contó con una secretaría técnica que proveía de insumos a los convencionales.
Por ejemplo, a la comisión de Armonización le entregó un documento de 542 páginas con observaciones donde exponían inconsistencias entre normas, como el caso de aquella que establecía el consentimiento indígena en paralelo a otra que estipulaba la consulta.
Algunas advertencias fueron abordadas, varias otras no, JUEVES Ese día los partidos retomarán las reuniones en el ex-Congreso de Santiago. que estos sean designados por los partidos políticos con representación parlamentaria en forma proporcional a los cupos que tiene cada tienda en el Congreso, lo que fue explicitado por Chile Vamos y que hasta el momento solo se han opuesto a esta idea en Revolución Democrática.
Otro punto que deberán resolver los partidos es quiénes serán catalogados como expertos: si serán solo abogados constitucionalistas, también considerarán entendidos en materias económicas, si deberán provenir de casas de estudio con determinadas características (por ejemplo, años de acreditación de los planteles) u otros requisitos e incluso inhabilidades. José Ignacio Martínez, decano de Derecho de la U.
De los Andes, propone que un comité, pauteado por el Congreso, elabore un anteproyecto que posteriormente sea “sometido a los procedimientos que el poder político acuerdo”, es decir, un documento que luego tome forma de proyecto de Constitución enel Congreso Convención, pero siempre ratificado con un plebiscito de salida, Para Mario Fernández, director del Departamento de Derecho Público de la U. De Chile y exministro de Interior, para que una Constitución “tenga legitimidad, debe tener un órgano constituyente representativo. Pero además es imprescindible la participación de expertos para que la Constitución tenga calidad jurídica”. José Francisco García, profesor asociado de Derecho Constitucional de la U. Católica y quien fue parte de la comisión que viabilizó Ja reforma constitucional abierta por el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, ve tres fases del proceso constituyente. La primera, dice, es la habilitación del nuevo proceso, la que se debe traducir en una nueva reforma constitucional, que es “esencialmente pol: ca” y en la que no ve necesaria la participación de expertos.
La segunda sería la preparatoria del órgano constituyente, etapa en la que sería necesario que comience A operar el grupo asesor “preparando el reglamento y anticipando algo de trabajo de los textos que después se pueden discutir enel órgano”. Y la tercera, de elaboración de una propuesta de Constitución, fase en la que el comité se pueda transformar en un intérprete de controversias. Para Isabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho de la U.
Adolfo Ibáñez, el rol que deben cumplir los expertos es de “acompañar el proceso para aportar en cuestiones específicas, advertir problemas, proporcionar evidencia comparada, alertar en asuntos de redacción e incoherencias y cómo ellas tienen impacto en la tramitación judicial, y trabajar en torno a cuestiones procedimentales.
Ello puede hacerse mediante una secretaría té nica robusta, con voz en el proceso, pero siempre dejando el lugar aque las decisiones sean tomadas por la política”. Candidez Uno de los puntos que han conversado al interior de los partidos es que el comité de expertos puede ser conformado por académicos y que también se debe considerar a aquellos que integran organismos del Estado, como presentantes de la Contraloría o el Poder Judicial. En el caso del oficialismo, además, advierten que no quieren que se sumen representantes de centros de estudios de determinados pensamientos políticos. Esto, porque quieren dejar claro que el hecho de tener un grado académico no quita la posición política que puedan representar.
Pero para Aninat, igualmente, “pensar en los expertos como personas neutras o abstraídas de posiciones ideológicas es un error”. Por ello, García afirma que en la experiencia comparada se han limitado ciertas circunstancias, Por ejemplo, “no se admiten expertos que sean militantes o se pueden poner reglas de inhabilidad en el sentido de que no pudiste haber participado en politica activa en los últimos dos años”. Miriam Henríquez, decana de Derecho de la U, Alberto Hurtado, considera que “se requieren insumos técnicos no partisanos, pero tampoco neutrales. La pericia debe ayudar a resolver problemas, a interpretar formulaciones ambiguas y a dotar de una historía de las normas que reduzca la incertidumbre.
Esos expertos deben servir a todo el colectivo constituyente”. A ello, añade que al no ser “seres dotados de candidez, un Consejo internacional de juristas, que conoce el proceso (Comisión de Venecia, Fundación Max Planck o Comparative Constitution Project) permitiría mayor objetividad”.