Autor: J.P. PALACIOS

Propuesta de renovación automática de cargos beneficiaría a 1 de cada 2 funcionarios
Propuesta de renovación automática de cargos beneficiaría a 1 de cada 2 funcionarios La mitad de los empleados públicos que se desempeñan en la administración central tiene una antigüedad de más de dos años en sus puestos.
Ese grupo, de acuerdo al nuevo criterio que acordó el Gobierno con los gremios del sector público, estaría en condiciones de acogerse al principio de confianza legítima o de renovación automática de su vínculo contractual con el Estado.
Según estadísticas levantadas por el centro de estudios Horizontal, el 50% de los funcionarios del Gobierno Central (ministerios y servicios públicos relacionados) está en la modalidad de contrata hace más de dos años y quedaría “amarrado” a sus cargos por el nuevo criterio de confianza que planteará el Gobierno en el proyecto de ley de reajuste del sector público.
Este porcentaje representa a 201.712 empleados con contratos a plazo fijo que tienen una antigüedad superior a los dos años, de una dotación de 407.845 en el Gobierno Central (ver gráfico). Esto implica que uno de cada dos funcionarios se podrían ver beneficiados. La estadística no incluye a los empleados a contrata de las municipalidades, por lo que número final de beneficiarios sería mayor. Horizontal también estima que dentro de este grupo, unos 91 mil trabajadores tienen rentas brutas que van desde los $2,5 millones hasta sobre los $5 millones mensuales. “Esta fórmula echa por tierra el pronunciamiento de la Contraloría sobre confianza legítima, que dejaba en los tribunales la decisión de las desvinculaciones”, critica el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach.
La controvertida fórmula La semana pasada los ministerios de Hacienda y del Trabajo suscribieron con 10 de los 16 gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) un protocolo de acuerdo que fijó un aumento salarial de 3,4% y otras materias laborales para dotar de mayor estabilidad laboral a los funcionarios.
A siete días de esa firma, el debate sigue abierto, especialmente por las llamadas cláusulas de “amarre”. En el punto 14 del documento se busca consagrar por ley el principio de confianza legítima o de expectativa de renovación automática de los empleados a contrata.
Por la vía jurisprudencial, hasta ahora ese criterio estaba fijado por la Corte Suprema y antes por la Contraloría General de la República (CGR). Ahora, el Ejecutivo busca establecer por norma legal que: “Los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N18.834 o al artículo 156 de la ley N18.883, según corresponda”. Este cambio implica reducir de cinco a dos años el criterio de confianza que había zanjado la Corte Suprema.
Esta propuesta, junto a la disposición que también está en el protocolo y que determina que las desvinculaciones de contratas deben ser fundamentadas por los jefes de servicio, ha sido interpretada por la oposición como “normas de amarre”. El economista y académico de la UC David Bravo había estimado que la propuesta que eleva los requisitos a los jefes de servicio para remover a un trabajador a contrata podría beneficiar a unos 380 mil funcionarios. Discrepancia de los expertos A nivel técnico existen discrepancias frente a la idea del Gobierno de regular normativamente la confianza legítima. “El acuerdo busca la legalización del principio de confianza legítima para los funcionarios a contrata en su peor versión, pues reconoce el derecho a no ser desvinculados con tan solo 2 años en el Estado.
Esto agrava el problema de un sistema con incentivos perversos, con flexibilidad en la entrada y rigidez en la salida y que no cuenta con una evaluación de desempeño que premie el mérito y que permita sacar del Estado a aquellos funcionarios que no hacen bien su trabaADNEICAHEDOIRETSINIM jo”, cuestionó Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes. El director del Ocec de la U. Diego Portales, Juan Bravo, cree que la regulación de la confianza legítima “merece ser debatida sin la premura” del reajuste del sector público.
A juicio del economista, uno de los riesgos que trae este principio “es que contribuye a rigidizar el empleo público, pues reduce el rango de maniobra ante la necesidad de realizar ajustes, como, por ejemplo, el cierre de programas ineficientes o mal evaluados”. En esa línea, añade que “si no es posible liberar esos recursos, entonces se dificulta una asignación eficiente de los recursos públicos, que son siempre escasos dadas las múltiples necesidades de la población”. Bravo precisa que “otra de las consecuencias asociadas a este principio es la judicialización, la cual puede ser tremendamente costosa en términos de recursos y sobrecarga del sistema judicial”. No es una “ley de amarre” Ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a defender los puntos de mayor estabilidad laboral acordados con la CUT y descartó que se trate de una “ley de amarre”. En radio Infinita, Grau aseguró que los funcionarios que “están en los gabinetes” deberán dejar sus funciones con el cambio de gobierno el 11 de marzo de 2026.
“Las personas que están en los gabinetes, que entraron a los ministerios, con su mérito (... ) pero que están allí por razones de afinidad política, esas personas tienen que salir junto con los ministros... y los subsecretarios... y eso debe ocurrir así”, enfatizó. Grau complementó que en el proyecto de reajuste van a dejar “muy claro cuáles son los cargos de confianza política que deben salir con las autoridades” ante un cambio de administración.
Es preocupante que el Ejecutivo firme un acuerdo que se opone a grandes iniciativas implementadas por la Contraloría General de la República”.. ..................................................... JUAN JOSÉ OBACH DIRECTOR HORIZONTAL Pretender discutir sobre confianza legítima en forma acelerada, sin hacerse cargo de los desafíos relacionados a la modernización del Estado... es una muy mala señal”.. ..................................................... JUAN BRAVO DIRECTOR OCEC UDP El acuerdo busca la legalización del principio de confianza legítima para las contratas en su peor versión, pues reconoce el derecho a no ser desvinculados con tan solo 2 años en el Estado”. .................................................... JUAN FRANCISCO GALLI DIRECTOR PIVOTES Autor: J.P. PALACIOS. Horizontal estima que serían unos 201.712 empleados a contrata los que quedarían “amarrados” a sus puestos. De ese grupo, unos 91 mil tienen una renta bruta superior a los $2,5 millones mensuales.
El 50% de trabajadores fiscales tiene más de 2 años y cumpliría con la confianza legítima que plantea el Gobierno: ‘‘Es preocupante que el Ejecutivo firme un acuerdo que se opone a grandes iniciativas implementadas por la Contraloría General de la República”.. ..................................................... JUAN JOSÉ OBACH DIRECTOR HORIZONTAL ‘‘Pretender discutir sobre confianza legítima en forma acelerada, sin hacerse cargo de los desafíos relacionados a la modernización del Estado... es una muy mala señal”.. ..................................................... JUAN BRAVO DIRECTOR OCEC UDP ‘‘El acuerdo busca la legalización del principio de confianza legítima para las contratas en su peor versión, pues reconoce el derecho a no ser desvinculados con tan solo 2 años en el Estado”. .................................................... JUAN FRANCISCO GALLI DIRECTOR PIVOTES La semana pasada se firmó el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones, el cual incluyó las cláusulas de “amarre”.