Editorial: Cuando se vive sin agua
Editorial: Cuando se vive sin agua ien mil pesos mensuales cuesta la falta de Estado en La Colonia de Alerce. Familias enteras destinan esa cifra a camiones particulares o beben agua lluvia para sobrevivir a un déficit de inC fraestructura predecible. Una red de Agua Potable Rural diseñada originalmente para 300 viviendas hoy soporta la carga insostenible de más de 1.500 conexiones. El colapso matemático resulta evidente, pero la raíz del desastre sanitario es el crecimiento urbano desregulado que fractura a la Región de Los Lagos. La escasez hídrica en esta zona no responde a fenómenos climáticos ni a sequías estivales. Es el resultado de un negocio inmobiliario que transa subdivisiones prediales sin factibilidad de servicios. Se comercializan parcelas bajo la falsa promesa de una vida rural tranquila, omitiendo deliberadamente la carencia absoluta de redes sanitarias. Frente a este abuso, la institucionalidad reacciona tarde. Las demoras burocráticas para contratar aljibes de emergencia apenas maquillan la incapacidad pública para anticipar el conflicto urbano. Los parches temporales jamás resolverán los problemas estructurales. El fuego que recientemente redujo a cenizas una escuela en el sector demostró que la ausencia de planificación destruye infraestructura vital y amenaza vidas ante la nula presión de los grifos.
La presidenta de la Junta de Vecinos de Valles La Colonia, Julia Gómez, delineó la crudeza del panorama: "Cada vez que crece el sector, el agua no alcanza y somos los vecinos los que terminamos pagando las consecuencias, el incendio del colegio fue la gota que rebalsó el vaso". Las responsabilidades exigen un escrutinio severo. La inacción fiscalizadora de las autoridades permite la expansión de loteos irregulares a plena luz del día. Al mismo tiempo, el mercado demanda ciudadanos alertas, conscientes de los inmensos riesgos que implica adquirir terrenos sin garantías urbanísticas ni viabilidad sanitaria. El sur de Chile necesita un pacto drástico por la planificación del territorio. Bienes Nacionales, el Minvu y los municipios están obligados a frenar este ensanche inorgánico.
Regularizar la saturación actual y prohibir nuevas subdivisiones que no certifiquen servicios básicos garantizados es la única vía administrativa y moral para evitar que el anhelo de habitar la zona rural termine convertido en un infierno seco.. La crisis hídrica en La Colonia expone el peligroso descontrol inmobiliario que azota las zonas rurales de la región. Editorial