Editorial: "Escuelas protegidas"
Editorial: "Escuelas protegidas" L a aprobación del proyecto "Escuelas Protegidas" en la Cámara de Diputadas y Diputados abre un debate que trasciende lo legislativo y se instala en el corazón mismo del sistema educativo chieno: ¿ cómo garantizar seguridad sin erosionar la confianza y los derechos dentro de las comunidades escolares? El contundente respaldo en la votación evidencia que existe un diagnóstico compartido: la violencia en los establecimientos educacionales ha dejado de ser un fenómeno aislado para transformarse en una preocupación estructural. Las cifras de denuncias, el aumento del acoso escolar y episodios extremos han instalado una sensación de urgencia que la política no puede ignorar. En ese contexto, la iniciativa del Ejecutivo responde a una demanda ciudadana legítima: recuperar espacios seguros para aprender y enseñar. Sin embargo, la forma en que se busca abordar este problema abre interrogantes de fondo. La posibilidad de revisar mochilas y pertenencias, así como intervenir en situaciones que involucren a menores sin la presencia de sus apoderados, tensiona principios básicos de protección de derechos. No se trata de negar la necesidad de herramientas preventivas, sino de cuestionar la ausencia de protocolos claros y homogéneos que eviten arbitrariedades. Delegar estas decisiones a los reglamentos internos de cada establecimiento puede otorgar flexibilidad, pero también generar desigualdades y riesgos en su aplicación.
La discusión, además, revela dos miradas que no necesariamente son excluyentes, pero que hoy aparecen enfrentadas: una centrada en el control y la disuasión, y otra que pone el acento en la prevención integral, el acompañamiento psicosocial y la construcción de comunidades educativas basadas en la confianza. Reducir el debate a una dicotomía simplista entre "mano dura" y "permisividad" sería un error. La experiencia comparada muestra que las políticas más efectivas son aquellas que logran equilibrar seguridad con formación, disciplina con contención. En regiones como Ñuble, donde incluso se han suspendido clases por hechos de violencia, la urgencia es palpable. Pero precisamente por ello, las soluciones deben ser sólidas y sostenibles en el tiempo. Una política pública que no resguarde adecuadamente los derechos de estudiantes y familias corre el riesgo de judicializarse, debilitando su implementación y generando más incertidumbre. El eventual paso del proyecto por el Tribunal Constitucional podría ser una oportunidad para precisar sus alcances y corregir vacíos. Más que una traba, debiera entenderse como una instancia para fortalecer una ley que, en su espíritu, busca proteger a quienes habitan las escuelas. La seguridad escolar no puede construirse únicamente desde la vigilancia o el control. Requiere inversión en convivencia, salud mental, formación docente y participación activa de las comunidades. Las cámaras, las revisiones y las sanciones pueden ser herramientas, pero nunca el eje central. Chile enfrenta el desafío de responder a una crisis real sin sacrificar los principios que sostienen su sistema educativo. El equilibrio es complejo, pero indispensable.
Porque una escuela verdaderamente protegida no es solo aquella donde se previenen delitos, sino aquella donde se resguarda la dignidad, la confianza y el derecho a aprender en un ambiente seguro y respetuoso.. La seguridad escolar no puede construirse únicamente desde la vigilancia o el control. Requiere inversión en convivencia, salud mental, formación docente y participación activa de las comunidades. Las cámaras, las revisiones y las sanciones pueden ser herramientas, pero nunca el eje central. EDITORIAL