Autor: LORENA CRUZAT

El complejo escenario penal en Procultura tras fallos adversos y las opciones que se evalúan para “mantener vivo” el caso
El complejo escenario penal en Procultura tras fallos adversos y las opciones que se evalúan para “mantener vivo” el caso Pese a que se rechazó su desafuero y a que su defensa alegó en tribunales la inexistencia de delitos atribuibles al gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego, su abogado, Ciro Colombara, y la misma autoridad le dieron impulso esta semana a la indagatoria de la fiscalía para que investigue el destino de los fondos fiscales que se entregaron a la fundación Procultura en el marco del programa contra el suicidio Quédate, entre 2022 y 2023, en un convenio por más de $1.600 millones.
Luego que se rechazara su desafuero con miras a una eventual formalización, Orrego dijo públicamente que el ente persecutor debía indagar el uso de los fondos o, a lo menos, de aquellos que no habían sido rendidos y que se estimaron cercanos a los $1 mil millones.
Las declaraciones llamaron la atención de los intervinientes en el caso, ya que, antes que se rechazara el requerimiento del Ministerio Público en el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 17 de febrero pasado, el mismo gore y su defensa habían adoptado una posición de “apoyo” al fallo del 7 Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la prisión preventiva para el exdirector de la fundación, Alberto Larraín, y otros cuatro coimputados por presunto fraude al fisco: su exjefa de estudios, María Teresa Abusleme; la exrepresentante legal, María Constanza Gómez, y los exfuncionarios públicos del gore metropolitano Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.
Todos ellos, detenidos a fines de enero y dejados en libertad tras su imputación, una decisión que después confirmó la Séptima Sala del tribunal de alzada, tras un recurso interpuesto por los persecutores para insistir en la máxima cautelar.
El intenso trámite judicial de febrero en el caso Procultura y las definiciones en tribunales, adversos a las pretensiones del Ministerio Público, establecieron así un nuevo orden procesal a dos años de su inicio. n Sale fraude al fisco y entra apropiación indebida “No termina la causa ni la imputación de cargos”. Ese es uno de los comentarios entre los intervinientes del caso Procultura tras los últimos alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago que puso bajo la lupa las pesquisas de la fiscalía. Al interior del pleno del tribunal de alzada se comentaba, conoció este medio, que los antecedentes expuestos en los alegatos no cumplían con las exigencias para “formar causa” contra el gobernador. La decisión generó duras críticas a la investigación por presunto fraude al fisco. “La imputación de la fiscalía de Antofagasta era falsa, como lo señalamos desde el comienzo”, dijo Colombara a la salida del palacio de tribunales. Pese a ello y tras descartar delitos a su respecto, Orrego abrió un nuevo flanco.
“Esperamos que la fiscalía investigue dónde y qué ocurrió con los mil millones de pesos que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”, dijo esta semana el gobernador (ver entrevista en el cuerpo de Reportajes de esta edición). El planteamiento del querellante Consejo de Defensa del Estado y la estimación de un posible delito de apropiación indebida es una de las tesis que toman fuerza ahora para “mantener vivo” el caso, línea de investigación por la cual se inclinaría también la defensa de la autoridad.
Consultado sobre el tema, el defensor de Larraín, el abogado Cristián Arias, aseguró que “es fundamental entender que una pérdida patrimonial para el fisco no tiene por qué explicarse, por defecto, como un ataque delictual o fraudulento a ese patrimonio.
Este particular caso de lesión patrimonial resiste mejores explicaciones que la defraudación, como ha quedado demostrado con las recientes decisiones sobre medidas cautelares”. n Insistir o no contra el gore metropolitano Tras dos años de investigación, las pesquisas no se extinguen en Procultura debido al nuevo aire que toma la causa en que recién comienza a correr el plazo legal, de dos años, de la indagatoria y que lo marca la formalización de inicios de febrero. Para la defensa es clara la imputación falsa al gore. Sin embargo, en la fiscalía mantienen su posición respecto a las posibles responsabilidades del indagado. La intención de imputarlo sigue latente en el Ministerio Público, aunque sin opciones de pedir cautelares en su contra, dado el fuero que mantuvo la corte. Y así lo dijo la semana pasada el fiscal Cristián Aguilar en sus alegatos ante el pleno. “La fiscalía desea formalizar la investigación en contra del gobernador, señor Orrego, y, además, solicitar medidas cautelares”, expuso. En febrero llamó la atención de los intervinientes la ausencia del fiscal regional Juan Castro Bekios en audiencia; sin embargo, en la interna explicaron que está detrás de todos los pasos en la investigación. Y, por lo tanto, del curso que tomará la causa. Por ahora, los investigadores apuntan a estudiar la sentencia del rechazo de desafuero para identificar las vías para insistir en la formalización. Una de las opciones es imputar a Orrego, sin pedir cautelares. Sin embargo, comentan, la idea es poder pedir precautorias, por lo que se analizará cómo insistir en el desafuero. Años atrás, el Ministerio Público ya formalizó a autoridades con fuero. Así ocurrió en 2017 con el entonces senador decé Jorge Pizarro, en el marco del caso SQM, quien finalmente fue sobreseído. El abogado Ciro Colombara reaccionó indicando que “la consecuencia del rechazo de la solicitud de desafuero es el sobreseimiento definitivo del gobernador Claudio Orrego. Es lo que debe hacer la Fiscalía de Antofagasta una vez se dicte la sentencia.
Y paralelamente, avanzar en la investigación en los términos de la querella presentada por Claudio Orrego, por el Gore, en contra de Procultura, por apropiación indebida”. n Diligencias pendientes El 30 de enero pasado, la jueza del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, autorizó los arrestos de los imputados en Procultura, pero también autorizó una serie de diligencias que podrían fortalecer el trámite del golpeado caso de la fiscalía, luego de tres fallos adversos en tribunales de primera y segunda instancia. Permitió que se incautaran teléfonos celulares y también aparatos electrónicos que ahora serán periciados por la fiscalía y el OS7 de Carabineros.
Según el escrito de su resolución, también concede permiso para acceder a “la información que mantengan en aplicaciones de redes sociales”, y también el “acceso y el respaldo de la información contenida en casillas electrónicas”. Autor: LORENA CRUZAT.
Se espera entre intervinientes la reaparición del persecutor jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, luego ue no estuviera presente en las últimas audiencias en tribunales: buscaría insistir en cargos, aunque con medidas precautorias. Fiscalía puede atribuir cargos a Claudio Orrego, pero no pedir cautelares, debido a su fuero: Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de Procultura.