Fundaciones y el saqueo institucionalizado: cuando el bien común es la fachada del robo
Fundaciones y el saqueo institucionalizado: cuando el bien común es la fachada del robo Durante años nos vendieron un relato seductor: que la agilidad de la sociedad civil organizada era la respuesta necesaria frente a la natural rigidez burocrática del Estado. La colaboración público-privada se presentó como la panacea de la gestión social, y en muchos ámbitos, sin duda, lo es y lo seguirá siendo.
Sin embargo, lo que hoy enfrentamos no es una falla de las instituciones privadas ni de la iniciativa ciudadana, sino una desnaturalización de su propósito: se utilizó la noble figura de las fundaciones no para el bien común, sino como un atajo para eludir los controles que todo recurso público exige.
Para el lector que no lo sepa: una fundación es, en términos sencillos, una organización privada sin fines de lucro que nace con un patrimonio destinado a una causa social específica (ayudar a niños, promover la cultura, el deporte, mejorar barrios, etc.). Su esencia es la generosidad y el impacto social, no el beneficio económico. Sin embargo, lo que hoy vemos tras el desfile de formalizados y los miles de millones defraudados, no es eficiencia, agilidad ni impacto social. Es la consolidación de un mecanismo parasitario. El Caso ProCultura, junto a Democracia Viva y Urbanismo Social, no son accidentes aislados. Son la evidencia de un diseño institucional que permitió que las fundaciones se convirtieran en una tubería por donde se desangran los recursos de todos los chilenos hacia bolsillos privados y cajas políticas. Y lo más grave no es que haya ocurrido, sino que las reglas que lo permitieron siguen, en gran medida, intactas. El patrón del desfalco Para entender la magnitud del problema, hay que entender el modus operandi. No estamos ante ladrones de poca monta que rompen una ventana; estamos ante ingenieros de la defraudación que operan con timbre y firma del Estado. El patrón se repite con una monotonía exasperante en casi todos los casos investigados: 1.
La fachada técnica: Se utiliza una fundación "sin fines de lucro", muchas veces con un giro amplio y difuso, que le permite lo mismo pintar fachadas en Antofagasta que hacer programas de salud mental en Santiago. 2.
El atajo administrativo: Se evitan las licitaciones públicas (donde hay competencia y reglas claras) y se opta por el "trato directo" o la transferencia discrecional, justificada en una supuesta urgencia o especialidad técnica que rara vez existe. 3. El vínculo político: Quien entrega el dinero y quien lo recibe suelen compartir militancia, amistad o, al menos, un proyecto político común. La "confianza" reemplaza a la idoneidad. 4. La nula fiscalización: Una vez transferido el dinero, el control estatal desaparece. Se aceptan rendiciones de cuentas vergonzosas, informes copiados de internet o boletas por servicios inexistentes. ProCultura: la punta del iceberg y los millones perdidos El caso de la fundación ProCultura es, quizás, el más pornográfico en su magnitud. A febrero de 2026, la Fiscalía ha formalizado a su cofundador y director ejecutivo, el psiquiatra Alberto Larraín, por fraude al fisco. Pero lo que debe llamarnos verdaderamente la atención como ciudadanos son las cifras y las explicaciones.
En el marco del proyecto "Quédate" de prevención del suicidio -una causa sensible y urgente que fue utilizada como excusa-, esta fundación recibió transferencias millonarias del Gobierno Regional Metropolitano de manera directa por la suma de $1.683.788.000. De esos recursos, ProCultura no devolvió ni rindió la suma de $1.010.379.291. Leamos bien la cifra: más de mil millones de pesos que eran para la salud mental de los chilenos y que se esfumaron.
Mientras la defensa de Larraín ha intentado bajarle el perfil a la situación calificándola de un mero "desorden administrativo" -como quien pierde una boleta de estacionamiento, la tesis de la Fiscalía es mucho más grave y apunta al dolo: esos dineros no se habrían "perdido" entre papeles, sino que habrían sido desviados intencionalmente. Se investigan maniobras como la inversión de estos fondos públicos en depósitos a plazo y fondos mutuos para generar rentabilidad financiera privada, en lugar de ejecutar los programas sociales comprometidos. Esto no es simple desorden; a mi juicio de abogado, esto es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas en su versión más cruda: con el dinero de todos los chilenos. Democracia Viva y Urbanismo Social: la metástasis Si ProCultura es el ejemplo del volumen del desfalco, Democracia Viva en Antofagasta fue el caso que nos mostró la crudeza del amiguismo. Aquí vimos cómo la militancia política reemplazó cualquier criterio de mérito técnico.
Se firmaron convenios millonarios entre una Seremi y una fundación dirigida por la pareja de una diputada y excolaboradores del mismo sector (Frente Amplio), para realizar obras en campamentos sin tener la experiencia necesaria. ¿ El resultado? Arriendos inflados, sueldos para los amigos y una ejecución real mínima. Por otro lado, Urbanismo Social nos enseñó la variante sofisticada. Bajo un discurso técnico de "innovación urbana" y "participación comunitaria", se canalizaron recursos para estudios y diagnósticos interminables que servían, en la práctica, para pagar sueldos a redes de profesionales vinculados a la propia fundación.
No se robaban el dinero en sacos; lo drenaban en honorarios circulares y asesorías de dudosa utilidad pública. ¿A dónde va el dinero? La pregunta que muchos se hacen en La Araucanía y en todo Chile es: ¿ Para qué roban? ¿ Dónde termina esa plata? La experiencia forense y periodística nos muestra que estos fondos no solo enriquecen a individuos puntuales. El dinero desviado financia estructuras políticas paralelas. Se usa para contratar a operadores que no caben en la planilla fiscal oficial, para pagar campañas encubiertas, para devolver favores políticos y para mantener una red clientelar activa. Las fundaciones se convirtieron, en muchos casos, en la caja chica (y no tan chica) de la política partidista, operando fuera del radar de la Contraloría. La respuesta legislativa: ¿ Reformas cosméticas o cambio estructural? Ante el escándalo, el sistema político reaccionó, pero con una lentitud pasmosa. Se han anunciado proyectos de ley para fortalecer el control de transferencias (actualmente en tramitación), registros de colaboradores del Estado y mayores facultades para la Contraloría. Sin embargo, al día de hoy, la sensación térmica es que se están poniendo parches curita a una hemorragia arterial. Se ajustan los procedimientos, se pide un papel más, pero el modelo de transferencia de recursos a entes privados bajo reglas laxas sigue vivo. Lo que hay que hacer: Soluciones drásticas para un problema terminal Si realmente queremos cerrar la puerta giratoria y terminar con este saqueo, no bastan las buenas intenciones. Como abogado, sostengo que necesitamos reformas estructurales que duelan a la clase política, pero que protejan el patrimonio de todos: 1. Fin de la ficción del Derecho Privado: Si una fundación recibe fondos públicos, debe someterse íntegramente a las reglas del Derecho Público. Esto significa Ley de Compras Públicas, Ley de Transparencia Activa y fiscalización total de la Contraloría. No más "reglas privadas" para gastar plata de todos los chilenos. 2.
Muerte al Trato Directo: La asignación directa de recursos sobre un umbral mínimo debe contar con un informe de idoneidad técnica previo y ser visado por un panel de expertos independientes, no solo por la autoridad de turno. 3. Responsabilidad personal y patrimonial: La autoridad que firma el cheque debe responder con su propio patrimonio si se acredita negligencia grave o dolo. Hoy firman, el dinero se pierde, y ellos siguen en sus cargos. Eso se llama impunidad administrativa. 4. Inhabilidades reales: Debemos establecer una "cuarentena" estricta. Una exautoridad no puede pasar del escritorio donde asigna los fondos al directorio de la fundación que los recibe al día siguiente. Se requiere una prohibición de al menos 5 años para evitar este conflicto de interés flagrante. 5. Trazabilidad total: En la era digital, es inaceptable no saber dónde está cada peso. Se debe exigir cuentas bancarias exclusivas para los proyectos públicos, auditables en tiempo real por la Contraloría, donde cada movimiento quede registrado. Si la fundación invierte en fondos mutuos -como se acusa en el caso ProCultura-, las alarmas deben saltar de inmediato, no dos años después. Cerrar la puerta antes del próximo escándalo El problema de las fundaciones no es que existan. La sociedad civil y los cuerpos intermedios son los pilares de nuestra sociedad. El problema es que el Estado abdicó de su responsabilidad de control y permitió que se instalara una cultura de la depredación.
Casos como los de Larraín en ProCultura, con más de mil millones no rendidos, son una bofetada a cada emprendedor de Malleco que lucha por pagar su IVA, a cada familia que espera una atención de salud digna y a cada dirigente social honesto que debe hacer completadas para financiar su sede. No podemos normalizar que el "desorden administrativo" sea la excusa para la desaparición de fortunas públicas.
La corrupción no se combate con indignación en redes sociales ni con más comisiones investigadoras; se combate con leyes feroces, con jueces valientes y con una ciudadanía que entienda que cada peso que se roban en Santiago y en donde sea, es un peso que falta en Victoria, en Angol o en Curacautín. La fiesta de las fundaciones debe terminar, y la cuenta deben pagarla quienes se la bebieron, no nosotros.. Pablo Ignacio Merino Venegas Abogado