Autor: RAFAEL BLANCO Investigador CIPP y Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado

Democracia y Poder Judicial, vinculación fundamental para el debate constituyente
Preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia... ”. El sistema de competencias del Estado supone, entre otros aspectos esenciales, una clara y nítida separación de potestades y funciones que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que evite vulneraciones de derechos y garantías de las y los ciudadanos y un uso arbitrario del poder en el sistema político. Para lograr lo anterior, resulta fundamental contar con un Poder Judicial genuinamente independiente en lo externo, capaz de conocer y juzgar imparcial y autónomamente los casos que le son sometidos a su deliberación y adjudicación. Especial cuidado debe ponerse a la manera en que el Estado organiza y distribuye roles en el subsistema de justicia penal. Ello deriva del mandato de protección a los bienes más relevantes que una comunidad confía al sistema de justicia penal, claves para garantizar a su turno altos niveles de paz social.
Por lo anterior es que la tarea asignada a la Convención Constituyente en torno a dar forma a potenciales reformas a los órganos del sistema de justicia penal resulta especialmente delicada y relevante para la democracia y un sano sistema político de genuina separación de funciones.
Resulta útil partir constatando que Chile goza de un sistema penal de corte acusatorio que ha logrado instalar un modelo de persecución criminal a cargo de fiscales que gozan de una autonomía constitucional que logra dotar a la función de persecución de una razonable independencia para realizar sus tareas.
Ello no es asunto menor, pues la evidencia comparada exhibe múltiples ejemplos donde las fiscalías o Ministerio Público son empleados por la administración política de turno para perseguir a los rivales políticos, perseguir opositores o encarcelar a rivales en la contienda electoral. Preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia.
Lo anterior no obsta a identificar mejoras que permitan una mejor rendición de cuentas de la fiscalía en materia de definiciones político-criminales o persecución criminal en general, o incluso una revisión delos sistemas de designación y remoción de sus autoridades, o estructura y ño del gobierno corporativo de la entidad, a condición de no transigir o dañar los activos logrados en materia de autonomía. Otro tanto puede señalarse de la Defensa Penal Pública, órgano y función fundamental para un sistema penal acusatorio y un sistema político genuinamente democrático.
La prestación de servicios de defensa penal supone altas dosis de independencia para representar adecuadamente los intereses de la persona imputada o acusada, por lo que resulta sensato explorar mecanismos y diseños que aumenten la debida autonomía funcional de la defensa o incluso consagren un modelo de autonomía constitucional equivalente a la del Ministerio Público.
Un sistema de justicia penal acusatorio requiere asimismo jueces y juezas dotados de altos niveles de imparcialidad e independencia, con el fin de garantizar los derechos y garantías de los justiciables Tales características y exigencias aparecen razonablemente garantizadas en el actual sistema judicial, en especial lo que atinge a los estándares de independencia externa, debiendo centrarse futuras reformas en mejorar los niveles de independencia interna, que van de la mano con un rediseño de competencias de la Corte Suprema, de modo de evitar la superposición y concentración de roles jurisdiccionales, disciplinarios y de administración y gestión.
A ello puede sumarse aún el necesario debate para introducir un modelo de juzgamiento por jurados en los casos penales más graves, de modo de complementar la función jurisdiccional, típicamente contramayoritaria, con la participación ciudadana en el proceso penal. A lo anterior puede agregarse la urgente reforma en materia de una jurisdicción de ejecución penal que logre una tutela jurisdiccional efectiva en materia carcelaria.
En el diseño e instalación del actual sistema de persecución y enjuiciamiento criminal concurrieron sectores académicos, de la sociedad civil, centros de estudio de distinto signo e intereses, y los diversos sectores políticos de Gobierno y oposición de la época, dando vida a un debate de confrontación de ideas y visiones múltiples y contrapuestas que intentaron entrelazar las miradas de derechos y garantías por una parte con las aspiraciones de efectividad de la persecución criminal en democracia por otra. Es de esperar que ese debate respetuoso, complejo, informado y serio pueda replicarse en la Convención a la hora de definir los contornos de mejora del sistema de justicia penal.