La amenaza de la fragmentación partidaria
1 prolongado enfrentamiento entre el expresidente Pedro Castillo y el Congreso unicameral de Perú, que desembocó —el miércoles 7— en el intento del mandatario de dar un autogolpe y su posterior destitución, ha multiplicado las alertas sobre los riesgos para la gobernabilidad que implican los gobiernos de minoría y parlamentos fragmentados sin orden ni disciplina.
Si bien no es posible trasladar mecánicamente dicha realidad a nuestro país, la llamada “peruanización” de la política chilena lleva un tiempo en el debate público; por lo mismo, es una experiencia a observar con atención; sobre todo, por fenómenos propiamente locales como la atomización de la representación —en particular en la Cámara de Diputados—, la fricción con el Ejecutivo, que carece de mayoría propia y de una alianza consolidada, y la debilidad de los partidos, tanto en su representación como en su capacidad de ordenar las preferencias políticas.
El cientista político Alfredo Joignant ha calificado el nivel de fragmentación en la Cámara de Diputados como “aterrador”; a su “Por su naturaleza de incumbente, normas que moderen la fragmentación parlamentaria solo podrían emanar de un órgano distinto al Congreso”. juicio, la dispersión no es sana ni normal para el funcionamiento de la democracia y dificulta la capacidad de gobernar. En la elección del año 2021 participaron 27 partidos y llegaron a la cámara baja representantes de 21; en el Senado, en tanto, hay 11 fuerzas. La reforma electoral de 2015 no solo cambió el sistema binominal por un régimen proporcional —una demanda que contaba con alto apoyo, debido a que el binominalismo había anquilosado la competencia y bloqueado la renovación. También disminuyó a la mitad, de 0,50 a 0,25, la proporción de votantes de la última elección de diputados necesaria para constituir un nuevo partido, y facilitó los pactos de partidos e independientes. De acuerdo con cifras del Servel, existen 16 partidos legales y más de diez están en formación.
Según el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, la proporcionalidad y el incremento de escaños por distrito ha llevado a un escenario en que bastan pocos sufragios para ser elegido diputado; de acuerdo con Joignant, el cambio de 2015 fue “defectuoso” porque no consideró reglas que previnieran la fragmentación del sistema político-legislativo.
Desde luego existen otros factores que contribuyen a la disfuncionalidad legislativa: la indisciplina individual (“díscolos”) respecto de las resoluciones de los órganos partidarios, caudillismos internos, ensimismamiento o la escasa capacidad de las mesas de garantizar la votación de sus parlamentarios.
A pesar de que ayer prácticamente todos los partidos concurrieron al acuerdo para un nuevo proceso constituyente, hay ya algunas aprensiones acerca de los alineamientos para lograr el quórum de 4/7 que requiere la reforma constitucional.
El desorden y la atomización se encarnan en el fenómeno del “pirquineo” de votos que debe hacer el Gobierno para obtener mayorías a cambio de transacciones menores. tanto Joignant como Izquierdo han coincidido en la relevancia de avanzar en normas que moderen la fragmentación parlamentaria, cambios que solo podrían emanar de un órgano distinto al Congreso; es improbable que, por su naturaleza de incumbentes, los actuales representantes impulsen enmiendas que recorten sus espacios de poder. En la experiencia comparada existen disposiciones, tanto de sistema electoral como de las normas orgánicas que rigen a los partidos, orientados a evitar la atomización de la representación y favorecer la cooperación.
A pesar de las recomendaciones que recibió, la fallida Convención Constitucional no se hizo cargo de regular el régimen de partidos y, por el contrario, trató de debilitarlos por la vía de las “organizaciones políticas”. La democracia requiere que la existencia de diversos partidos —un rasgo propio de la historia política nacional— incentive la gobernabilidad y no la fragmentación; al Consejo Constitucional corresponderá, aunque para ello deba desafiar la tutela de los incumbentes, proponer un sistema partidario moderno, fortalecido y transparente.