Editorial: Decisiones con criterio territorial
Editorial: Decisiones con criterio territorial La ministra de Defensa, Adriana del Piano, planteó este miércoles la posibilidad de desescalar el estado de excepción constitucional en algunas comunas de la macrozona sur. La propuesta reconoce implícitamente que la medida ha cumplido parte de sus objetivos, lo que resulta positivo.
Sin embargo, una decisión de esta naturaleza no puede adoptarse exclusivamente desde la perspectiva de las agencias estatales que elaboran las estadísticas, sino que debe incorporar la voz de quienes viven directamente las consecuencias de la violencia rural y conocen las dinámicas territoriales específicas de cada comuna. Las cifras presentadas por el Gobierno advierten que los hechos de violencia en las provincias de Arauco, Malleco, Biobío y Cautín disminuyeron 78,6% entre 2022 y 2025, pasando de 1.161 a 359 situaciones. El Ejecutivo destacó, además, que el ecosistema de coordinación entre autoridades civiles y militares ha funcionado y que no se bajará la guardia durante el verano. Sin embargo, los gremios forestales y madereros reaccionaron de inmediato contra la propuesta de desescalamiento. Advirtieron sobre el riesgo de que se produzcan nuevas muertes de conductores y trabajadores, así como nuevos ataques e incendios, como los que han marcado esta temporada, cuya intencionalidad ya ha sido demostrada. Estas posiciones no pueden descartarse como una mera defensa corporativa. Los trabajadores forestales, contratistas y transportistas han sido víctimas directas de la violencia rural durante más de una década. Su experiencia cotidiana en terreno les otorga una perspectiva que las estadísticas agregadas no siempre capturan. Uno de los cuestionamientos más relevantes apunta a que las cifras pueden estar influidas por la contracción de las actividades económicas en ciertas zonas, donde simplemente ya no existen operaciones forestales ni maquinarias que atacar. El desescalamiento no es necesariamente una mala política, pero su implementación requiere criterios territoriales específicos. No todas las comunas de la macrozona sur presentan la misma realidad. Existen zonas donde la presencia militar ha permitido retomar actividades productivas y donde efectivamente podría evaluarse una reducción gradual del despliegue. En otras, la violencia simplemente se detuvo porque cesaron las faenas, lo que no indica un cambio en las condiciones de seguridad. La decisión de desescalar debe incorporar la participación de alcaldes, representantes territoriales y gremios productivos que conocen las dinámicas específicas de cada comuna. Su visión agrega un elemento crucial: la percepción de seguridad de quienes trabajan y viven en las zonas afectadas. Es claro que el estado de excepción constitucional es una medida excepcional que no puede prolongarse indefinidamente. Sin embargo, su retiro prematuro en comunas donde las condiciones de seguridad no están consolidadas podría revertir los avances logrados. La pregunta, entonces, no es si desescalar o no, sino cuándo y dónde hacerlo..