Con el actual marco regulatorio, las fundaciones no tienen una real fiscalización
Desde 2011, para constituir una fundación o corporación el trámite ya no debe hacerse en el Ministerio de Justicia, sino que en la municipalidad respectiva. Se trata de un proceso sencillo, después del cual el organismo queda en un registro de personas jurídicas sin fines de lucro, a cargo del Registro Civil.
Es más, aunque deben contar con memorias, balances y cualquier información sobre el desarrollo de sus actividades, estas no son entregadas a ningún organismo para su revisión, sino que permanecen en manos de las propias entidades en el caso de que pudieran ser solicitadas por esta cartera, lo que se activa ante alguna denuncia o reclamo.
Aunque algunos especialistas creen que solicitarle mayores exigencias a esta clase de organismos atentaría contra su existencia, otros plantean que se requieren mejoras en torno al cruce de datos y coordinación de estas entidades y avanzar en mejores prácticas de transparencia para que se pueda hacer efectivo algún grado de fiscalización, hoy prácticamente inexistente. Junto con eso, y tras el caso de Democracia Viva, representantes de fundaciones están pidiendo estandarizar la entrega de información para agilizar el control del Estado. Solo registros, pero sin fiscalización Para el profesor de la Universidad Católica, Jaime Alcalde, "hay varios problemas relacionados con las personas jurídicas sin fines de lucro.
De hecho, algunos casos han sido públicos, por ejemplo, de pagos a directores de fundaciones y corporaciones, ya que la ley dice que no pueden recibir retribución por sus servicios". Aunque no cree que el encargado de esta supervigilancia deba ser el Ministerio de Justicia: "Si ya se le sacaron las funciones de creación de las corporaciones y fundaciones y se le entregó a las municipalidades, quizás son ellas las que deberían hacerlo". Su par de la Universidad Diego Portales, Íñigo de la Maza, recuerda que "todas las fundaciones informan al Ministerio de Justicia de su existencia", pero su labor de fiscalización, dice, "es más panorámica, no tiene que ver con el día a día de estos organismos". Luego, añade, "por supuesto que tendrá que privarlos de personalidad jurídica, si es que tiene noticia de que se están comportando ilícitamente, o sea, es más bien algo represivo". Alcalde explica que actualmente la causa de disolución es una sentencia judicial, la que debe ser consecuencia de un juicio iniciado por requerimiento del CDE, por petición de Justicia.
Por su parte, la profesora de la UDP, Claudia Bahamondes, recuerda que "cuando se dictó la ley se dijo que era un problema radicarlo en las municipalidades, porque todo depende mucho de la que toque, todo va a depender un poco de la administración de turno, lo que no debe ocurrir". Posibles modificaciones En general los académicos concuerdan en que podría existir mayor coordinación entre los organismos que reciben la información o deben fiscalizar distintas etapas del trabajo de estos organismos.
Bahamondes comenta que como "no hay nada detallado que señale qué es lo que se tiene que presentar, en qué orden, no hay un formulario o algo parecido". "Hay que crear algún organismo, a lo mejor dependiente de la municipalidad o del Ministerio de Justicia, pero especializado, porque o sino siempre se va a diluir la fiscalización, porque es mucha la información y no es posible procesarla en tan poco tiempo", estima.
Alcalde agrega que el Ministerio de Justicia podría dictar un reglamento que "unifique determinados criterios, porque, de lo contrario, sigue quedando entregado a cada municipalidad", así como que se pod r í a n s o l i c i t a r m e d i d a s d e transparencia activa, como que tengan un sitio web donde haya información actualizada de sus actividades.
En general, señala De la Maza, "el problema está en el órgano administrativo que le pasó el dinero, porque es él quien tiene que verificar que se trate de una persona jurídica apta" y frente a ese escenario, añade, "podríamos decir que faltaría una mejor coordinación". Mientras que el profesor de la Universidad del Desarrollo, Pedro Pablo Vergara, estima que "no cabe duda que con las que tienen un aporte de público como este debería haber un sistema cruzado, pero no hay que generalizar". Se crean muchos organismos Vergara estima que debido a que son miles las fundaciones existentes en el país, "el Ministerio de Justicia carece de la facultad de controlarlas a todas; pero, además, tampoco tendría mucho sentido, porque la mayor parte de ellas son personas jurídicas de poco patrimonio, que sirven a sus fines razonablemente bien". "El punto está en cuanto sirvan de `vehículo' para otras cosas o sea receptora de fondos públicos. En el primer caso, el tema podría ser más bien policial; en el segundo, tendría sentido que a esas se las fiscalizara", advierte. Tanto Alcalde como De la Maza concuerdan con esta dificultad, ya que --indican-la secretaría de Estado necesitaría un departamento de personas de gran tamaño, dejando de lado otras actividades. Académicos s expertos en Derecho Público advierten el escenario de estos organismos en el pais: Con el actual marco regulatorio, las fundaciones no tienen una real fiscalización A. ZÚÑIGA Explican que no deben entregar memorias ni balances a alguna autoridad y su constitución está a cargo de las municipalidades. Para disolverlas, debe hacerse por sentencia judicial a requerimiento del CDE. Jaime Alcalde. Claudia Bahamondes. Pedro Pablo Vergara.
CHRISTIAN ZUÑIGA. n Ministro de Justicia: atribuciones "hoy se encuentran dispersas" Frente a los cuestionamientos por la falta de fiscalización de las fundaciones y corporaciones, que quedó en evidencia tras conocerse los convenios del Ministerio de Vivienda con entidades como Democracia Viva, se ha buscado encontrar la raíz de este problema.
El Ministerio de Justicia tiene a su cargo la posibilidad de solicitar antecedentes de estas entidades para su examen, desde las actas de las asambleas y las sesiones de directorio hasta cuentas y memorias, libros de contabilidad, de inventarios y remuneraciones, pero su atribución no se extiende más allá. También existe un registro administrado por el Ministerio de Hacienda para el caso de entidades que reciben fondos públicos.
Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, un aspecto que debiera estudiarse en este sentido es "cómo integrar las facultades de fiscalización para este tipo de entidades, que hoy se encuentran dispersas". Y advierte que "una parte la tiene Justicia, que son las obligaciones generales, pero lo que sucede es que probablemente debería integrarse". Además, en general los expertos han señalado que aunque la secretaría de Estado tenga estas atribuciones, no alcanzaría a cumplir la labor por el alto número de estos organismos existentes en el país. Iñigo de la Maza. UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES. Con el actual marco regulatorio, las fundaciones no tienen una real fiscalización.