Autor: Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH

Columnas de Opinión: El Estado como deudor privilegiado
Columnas de Opinión: El Estado como deudor privilegiado E n Chile existe una curiosa unanimidad política: el Estado paga tarde. Y no se trata de errores aislados, sino de un fenómeno estructural que impacta directamente en la economía real de instituciones y personas.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: a fines de diciembre, el Ministerio de Educación no transfirió oportunamente la totalidad de los fondos de gratuidad correspondientes al año académico, pese a que el vencimiento legal era el día 30 de ese mes. La consecuencia fue inmediata, ya que algunas universidades debieron pagar los sueldos de diciembre de manera parcelada. Pero el problema no se limita a la educación. En el sector salud, infraestructura pública y proveedores en general enfrentan también atrasos crónicos en los pagos por prestaciones ya realizadas. Según gremios de proveedores de la salud, las deudas acumuladas superaban los US$80 millones a fines de octubre de 2025.
Esto no solo encarece los costos financieros y empuja, en no pocos casos, a la quiebra; sino que afecta directamente a los pacientes, ya sea por la interrupción de servicios esenciales, la postergación de recambios tecnológicos para mejorar diagnósticos y tratamientos, o el impacto en el aumento de las listas de espera. Todo esto es un problema de diseño institucional. El Estado chileno no enfrenta consecuencias reales por pagar tarde. A diferencia de cualquier empresa o persona, no paga intereses automáticos, no ve afectada su reputación crediticia interna y rara vez enfrenta sanciones efectivas por incumplimiento. A ello se suma una mala asignación del riesgo. El Estado diseña la política pública, fija las reglas y define los plazos, pero traslada el costo del desfase a quienes la ejecutan: universidades, hospitales, municipios, proveedores y personas. En cualquier contrato razonable, quien diseña asume el riesgo; en Chile, quien ejecuta termina financiándolo. Esta falta de simetría no es una falla menor, es un privilegio.
Para resolverlo, se requieren reformas concretas: imponer intereses automáticos por demoras, como ocurre en los contratos privados; crear fondos de contingencia para pagos críticos en educación y salud; y establecer reportes trimestrales obligatorios de deudas pendientes, con sanciones efectivas por incumplimientos reiterados. Mientras el atraso sea gratis para el Estado, alguien más seguirá pagando la cuenta. Modernizar el Estado no es solo digitalizar trámites: es revisar sus procesos, sus incentivos, y sobre todo, su responsabilidad frente a quienes dependen de él. Alberto Amon Jadue Autor: Facultad de Ingeniería y Empresa UCSH. Alberto Amon Jadue