Autor: O. RODRÍGUEZ y G. CABELLO

Renuncias de funcionarios dificultan el camino de sumarios, aunque expertos recuerdan las vías penales y civiles
Renuncias de funcionarios dificultan el camino de sumarios, aunque expertos recuerdan las vías penales y civiles “Representación en sumarios”, “elaboración de descargos y defensa legal”, “protección de estabilidad laboral”. Los anteriores son algunos de los servicios que ofrecen abogados en las últimas semanas y que reflejan, en parte, la magnitud del hallazgo de la Contraloría General de la República respecto de 25 mil funciones públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia. Esto, ya que según datos entregados por el Gobierno, a la fecha existen más de 6.500 sumarios abiertos a funcionarios públicos, y se espera que la cifra vaya al alza. En este escenario, en los últimos días se han registrado diversas denuncias en organismos públicos.
Un ejemplo es el de Marcos Barraza, quien dejó su cargo como asesor del Ministerio de Transportes tras conocerse que su nombre figuraba en el listado de funcionarios de la Municipalidad de Santiago era jefe de gabinete de la exalcaldesa Irací Hassler que habían viajado estando con licencia.
O el de Carmen Monsalve, quien dejó su cargo en la Superintendencia de Salud (ver C1). n Limitación a posibilidad de retener renuncia Sobre esto, académicos de derecho administrativo explican las dificultades que se producen ante la renuncia de un funcionario, destacando que para que esta se considere perfeccionada, se requiere la aceptación por parte de la jefatura del servicio. Si ya se aceptó dicha renuncia, no podría buscarse una sanción. “Respecto de aquellas personas que hoy día presentan la renuncia, los jefes de servicio tienen la facultad de retener la renuncia para iniciar un procediOFERTA.
En el marco de los sumarios masivos por licencias médicas, abogados han comenzado a ofrecer sus servicios a funcionarios que enfrenten estos procesos. n Solo ante una suspensión podrían ver baja en remuneraciones En el caso de un funcionario público activo, señala Gómez, la realización de un sumario, por sí sola, no supone una rebaja en su sueldo, “salvo que medie suspensión, en cuyo caso puede llevar una baja en las remuneraciones”. Además, señala que durante ese proceso el investigado “funcionario debería seguir cumpliendo las mismas funciones, salvo que él tenga incidencia en el otorgamiento o manipulación de estas licencias falsa, como podría ser por ejemplo un médico.
En caso contrario, que es simplemente un funcionario que abusó de una licencia médica falsa, y cumple una función totalmente distinta como fiscalizador o funciones que no están vinculadas con esa actividad, puede seguir ejerciéndolas sin problema”. Pese a lo anterior, existen otras vías legales para buscar que ya salieron de un organismo “la única forma de hacer efectiva la responsabilidad es que el funcionario inmediatamente ingrese a otro servicio, por eso se llama sin solución de continuidad, si alguien renuncia hoy a un servicio A y mañana ingresa a un servicio B, el jefe superior del servicio A puede abrir un sumario la próxima semana y perseguir las responsabilidades, porque sigue siendo funcionario. Pero si hay discontinuidad, se extingue la responsabilidad”. En cuanto a las sanciones, los expertos recuerdan que estas van desde la destitución a la suspensión, multas, amonestaciones o anotaciones en la hoja de vida.
Si un sumario termina respecto de un trabajador que ya no forma parte del Estado, sus resultados se anotan en su hoja de vida. sancionar a quienes presentaron licencias falsas o viajaron estando con una extendida, lo que fue confirmado ayer por el ministro de Hacienda Mario Marcel, en referencia al camino penal e incluso económico.
En el ámbito civil, el académico de la Universidad Diego Portales, Íñigo de la Maza, sostiene que “si las licencias son falsas, el acto administrativo que ordena el pago de esas licencias adolece de objeto ilícito, porque esas licencias y ese pago son contrarios al derecho público chileno y hay una regla del Código Civil según la cual todo lo que es contrario al derecho público chileno adolece de objeto ilícito, por lo que esos pagos adolecen de nulidad absoluta y una vez que se ha decretado la nulidad absoluta, se puede solicitar su restitución”. Por su parte, la abogada penalista Catherine Lathrop, señala que si un funcionario “usa una licencia médica de forma fraudulenta por ejemplo, para viajar mientras declara estar incapacitado, puede incurrir en el delito de fraude al fisco, especialmente si causó perjuicio económico al Estado”. Y, en ese sentido, agrega que “si renuncia a su empleo, eso no extingue su responsabilidad penal y por tanto no tiene ninguna incidencia, pues su responsabilidad criminal puede hacerse valer aun renunciado”. miento disciplinario y luego aceptarla, porque en ese caso el procedimiento se inicia estando todavía el funcionario vinculado”, señala el académico de la Universidad Católica de Valparaíso Eduardo Cordero.
Coincide Rosa Fernanda Gómez, profesora de la U. de los Andes, quien además señala que en el caso de aquellas personas son mucho más eficientes que un “control estricto”, detalla, en conversación con “El Mercurio”. A su juicio, si se aplicara en el sector público, “tendría mayor éxito” en todas las áreas de la administración del Estado.
Tal como lo expone la exautoridad en su libro “Compliance para el sector público”, esto permite “la debida integridad y transparencia en la toma de decisiones y la gestión de los recursos públicos, que son tan escasos entre tanta necesidad social”. Sobre el caso Licencias, asegura que “es otro daño más que afecta la percepción del Estado y, en general, la legitimidad que las instituciones tienen en democracia frente a la ciudadanía”, arguye.
Letelier plantea que así como se obliga a las empresas privadas a que “establezcan programas de cumplimiento de la ley, de la misma manera”, él cree que se deberían impulsar planes en los organismos dependientes del Estado. “Porque en una sociedad como la nuestra”, se debe promover “la propiedad, la transparencia y el buen gobierno”, recalca. Indica que es imperativo, según su experiencia, “crear un mapa de riesgo de cada unidad del sector público”, y añade que “también se debe elaborar un canal de denuncia” para dar cuenta de estas irregularidades.
Si bien la “Contraloría General de la República” tiene un canal de denuncia, para Letelier “es ineficiente”. A la par de esta medida, propone “que un funcionario desempeñe la función de oficial de cumplimiento”, es decir, “se encargue de velar por la propiedad al interior de la organización”, concluye. Se trata del término compliance, un sistema de ejecución de diversas políticas, procedimientos y mecanismos que buscan garantizar el buen cumplimiento de leyes o normativas, en este caso, de las leyes laborales. De esta forma, se pueden evitar riesgos y lograr la eficiencia de la gestión pública. Tales como el buen uso de las licencias médicas. Quien explica de mejor forma este mecanismo es el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Cristián Letelier.
“Son programas de control interno”, que se deben aplicar de “forma urgente”, porque siempre Desde el punto de vista administrativo, abogados señalan que es clave que un proceso interno esté abierto con anterioridad a la aceptación de la salida por parte de un superior.
Búsqueda de sanciones para quienes presentaron licencias falsas o hicieron mal uso de ellas: n Fraude al fisco y restitución de dinero Exministro del TC propone “programas de control interno” estatal y un “oficial de cumplimiento”. Búsqueda de sanciones para quienes presentaron licencias falsas o hicieron mal uso de ellas: