Contraloría dictamina que municipios sí pueden otorgar protección adicional a alcaldes y concejales amenazados
Contraloría dictamina que municipios sí pueden otorgar protección adicional a alcaldes y concejales amenazados La La Contraloría General de la República (CGR) estableció, a través de un dictamen, que las municipalidades pueden adquirir, de forma excepcional excepcional y transitoria, elementos de seguridad para alcaldes, concejales concejales y funcionarios que hayan denunciado denunciado amenazas concretas a su seguridad personal y cuenten con medidas de protección ordenadas.
El pronunciamiento se sustenta en las atribuciones municipales en materia de seguridad pública comunal, comunal, así como en la obligación de los alcaldes y jefaturas de unidad unidad de velar por condiciones de trabajo seguras que permitan una actuación eficiente de autoridades y funcionarios.
La Contraloría recordó que las municipalidades cuentan con facultades facultades legales para adquirir elementos destinados a la protección protección personal cuando ello resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones, particularmente en contextos de riesgo asociado al ejercicio de cargos públicos. Asimismo, el dictamen considera el fortalecimiento de la institucionalidad institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, contemplado en la Ley N 21.802, cuya entrada en vigor se producirá en agosto de 2026.
Según el documento, la entrega de estos elementos de protección deberá deberá cumplir con ciertos requisitos como tener un carácter excepcional excepcional y temporal, limitado al período en que subsisto el riesgo o la amenaza. amenaza. Además, debe contar con un informe o evaluación técnica y fundada, emitida por los organismos policiales competentes y/o dispuesta por el Ministerio Público. Finalmente, Finalmente, tiene que estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la respectiva municipalidad.
La CGR también aclara que, si bien los concejales no se rigen por el estatuto de los funcionarios municipales, municipales, ello no exime a los municipios municipios de adoptar medidas que resguarden su integridad física cuando enfrentan riesgos derivados derivados del ejercicio de su cargo. Por último, el organismo de control enfatizó que, dado que las amenazas amenazas a la integridad personal pueden constituir delitos, estas deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público, conforme a la normativa vigente.
El pronunciamiento se sustenta en las atribucio, j municipales en materia de seguridad pública comunal, así como en la obligación de los alcaldes y jefaturas de unidad de velar por condiciones de trabajo seguras que permitan una actuación eficiente de autoridades y funcionarios..