Autor: Tomás Gómez y Leslie Ayala

Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans
Corte de Valparaíso congela intento de Contraloría por acceder a datos médicos sensibles de pacientes trans Fue el 22 de enero de 2025 cuando la Corte de Valparaíso acogió una orden de no innovar que tuvo un efecto relevante en el interés de la Contraloría por acceder a los datos médicos individualizados -incluyendo nombre y RUTde los pacientes que se han antendido en el Programa de Acompañamiento Identidad de Género (PAIG) y el Programa Salud Trans.
Todo se remonta a un recurso de protección presentado por el ciudadano Nicolás Escobar (30) el pasado 20 de enero ante el tribunal de alzada de la Región de Valparaíso. "Con fecha 14 de enero de 2026, la Contraloría General de la República emitió el Oficio Nº OF8163/2026, mediante el cual reitera a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la solicitud de información detallada de los beneficiarios de la 'Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género' y del 'Programa Salud Trans'. El órgano contralor exige la remisión de antecedentes que, por su naturaleza, se encuentran contenidos en fichas clínicas y registros de salud protegidos por reserva legal", se lee en la acción de protección.
Escobar, quien firmó su propio recurso, argumenta que la petición de acceso a ese nivel de información atenta contra la garantía constitucional del derecho a la vida y protección de datos así como también el derecho a la integridad síquica.
La clave del recurso de Escobar estuvo en que al final de su acción realizó una petición de una orden de no innovar. "Atendido que el Oficio Nº OF8163/2026 otorga un plazo fatal de 10 días hábiles para la entrega de la información, existe un peligro inminente de que el daño se consume antes de la resolución de este recurso.
Por ello, solicito decretar orden de no innovar, suspendiendo los efectos del oficio recurrido y ordenando a la Subsecretaría de Redes Asistenciales abstenerse de remitir la información solicitada mientras se tramita esta acción", se lee en el escrito.
El oficio al que hace referencia es la retrega de nóminas identificadas de usuarios niños, niñas y adolescentes del programa iteración que hizo la contralora Dorothy Pérez el 16 de enero a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En ese escrito la jefa de la Contraloría responde a la Subsecretaría ante su negativa a entregar los datos individualizados de los programas requeridos.
En específico, la Subsecretaría de Redes Asistenciales se negó a entregar el listados de niños, niñas y adolescentes que han sido usuarios del PAIG incluyendo un listado individualizando por RUT, nombre social, nombre legal, fecha de nacimiento y sexo legal para los años 2023,2024 y 2025.
Lo mismo hizo con el listado que pide la Contraloría de los usuarios del Programa Salud Trans en los años 2023,2024 y 2025 a la fecha individualizado por RUT, nombre social, nombre legal, fecha de nacimiento y sexo legal.
Las razones del Ejecutivo apuntan a la naturaleza sensible y reservada de la información clínica, la protección reforzada de la niñez y estándares interamericanos. "En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de la Ley Nº 19.628, la Ley Nº 20.584 y los estándares internacionales de derechos humanos, esta Subsecretaría estima que la enPAIG y de usuarios de Salud Trans no corresponde por esta vía, atendidos los resguardos de confidencialidad y protección de datos personales", se lee en la respuesta firmada por el subsecretario Bernardo Martorell el 12 de enero.
De hecho la postura del Ejecutivo es que corresponde entregar toda la información administrativa y financiera de los programas para una correcta fiscalización, pero que eso es compatible con la adecuada anonimización de los datos médicos de los usuarios, sobre todo de los pacientes menores de edad. La reiteración de la Contraloría, mediante el oficio 8163/2026, es el que finalmente la Corte de Valparaíso decidió congelar. Así lo hizo en una resolución unánime que firmó el ministro Pedro García, el ministro (s) Germán Núñez y la abogada integrante Pamela Prado. Una orden que es momentánea mientras la corte resuelve el fondo del recurso.
La resolución significó un revés para la Contraloría, institución que está enfrentando varios recursos similares, en distintas cortes del país, de usuarios de los programas trans que han recurrido negándose a que se entreguen sus datos médicos. Esa no es la única orden de no innovar concedida por esta corte. El 27 de enero Astrid Labra recurrió por las mismas razones en representación de su hijo de 16 años que es paciente del PAIG. En esta acción de protección también se pidió suspender los efectos del oficio. Esa solicitud fue acogida el 29 de enero de forma unánime por la ministra Marcela Figueroa, el ministro (s) Felipe Ortiz de Zárate y la abogada integrante Pamela Prado.
El tercer recurso de protección ingresó el 7 de febrero y fue presentado por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem). Las abogadas, en representación de Valentinno Rojas de 32 años y el menor de iniciales M.S. L -representado por su madre-, también presentaron una orden de no innovar contra el oficio de Contraloría. Esta petición fue aceptada por unanimidad el 10 de febrero por la ministra Silvana Donoso, la ministra (s) Ingrid Alvial y el abogado integrante Guillermo Oliver.
La defensa de la contralora Dado que el asunto se ha judicializado a lo largo de distintas cortes de apelaciones del país, la Contraloría ha sido requerida para informar sobre las razones por las cuales está solicitando ese nivel de detalle de información.
En un informe, enviado en el marco de un recurso ventilado ante la Corte de Antofagasta, el ente fiscalizador ha dicho que su oficio es necesario para realizar una fiscalización efectiva. "La actuación de que se trata no recae sobre personas naturales, sino que tiene por objeto auditar la actuación de diversas instituciones públicas que se vinculan con la ejecución de los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans", se lee en una parte del informe.
Asimismo, en la justificación se detalla que el recurso de protección interpuesto en la jurisdicción de Antofagasta parte de una premisa errónea: "El recurrente parte de la equivocada premisa de que esta Contraloría General divulgará o hará público los datos de los beneficiarios de los programas auditados, lo que es manifiestamente falso". Sobre ese punto añade que "con total certeza" jamás han publicado información de carácter reservada o secreta, "ni tampoco existe situación alguna en que se hubiere filtrado desde esta entidad de control data que posea tal carácter". El ente comandado por Dorothy Pérez sostuvo en el documento que ya ha solicitado datos sensibles en su rol fiscalizador, por ejemplo, programas de apoyo a niños y niñas víctimas de delitos sexuales.
En este sentido, se asegura que la petición de datos busca resguardar que las prestaciones de salud se hayan hecho conforme a la ley y protocolos vigentes, así como que el financiamiento estatal se haya ajustado a la normativa.. Autor: Tomás Gómez y Leslie Ayala. La contralora Dorothy Pérez, en el marco de una auditoría, pretende fiscalizar dos programas de salud trans que atienden a adultos y menores. Para eso requirió a la Subsecretaría de Redes Asistenciales listados pormenorizados de quienes se han atendido, incluyendo nombre legal, nombre social, RUT y otros datos que forman parte de las fichas clínicas. El tribunal de alzada porteño ya ha acogido tres órdenes de no innovar sobre la materia. La resolución significó un revés para la Contraloría que dirige Dorothy Pérez.