Colegios subvencionados, en alerta por prohibición de negar matrícula a alumnos morosos
Colegios subvencionados, en alerta por prohibición de negar matrícula a alumnos morosos "Actualmente, no hay incentivo para pagar. El 30% de los apoderados cancela a final de año, y ahora, con este dictamen, para los padres será aún menos necesario estar al día con los pagos.
Nosotros, en este momento, tenemos una deuda de $120 millones de parte de los padres", relata Álvaro, quien hace 16 años encabeza un liceo católico particular subvencionado del norte del país, con cerca de mil estudiantes.
Hoy, pide resguardar su identidad para no preocupar a su comunidad educativa ante los efectos que podría tener el reciente dictamen de la Superintendencia de Educación, donde se fija que la matrícula de los alumnos debe ser renovada, a pesar de que los apoderados no paguen la colegiatura, amparado en el derecho a la educación sin discriminación. En rigor, significaría que los apoderados de los recintos con copago podrían, por distintos motivos, no pagar y el alumno seguir estudiando. Según datos del Ministerio de Educación, en 2024 había 702 colegios particulares subvencionados con copago, que podrían verse afectados por esta medida, los que concentran alrededor de 480 mil alumnos. Si se suma la educación diferencial y de adultos, el número de colegios sube hasta 711, con 546.967 inscritos.
Sostenedores en jaque Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), afirma que "hemos ingresado a la Contraloría una solicitud para que se pronuncie sobre la legalidad de este dictamen, asumiendo que hay sospecha, incluso de parte de los abogados, de que esto puede incluso estar pasando sobre la ley". Desde la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep) sostienen estar revisando, junto a sus equipos jurídicos, "el impacto e implicancias del dictamen en nuestros proyectos educativos". La resolución indica, además, que la garantía de mantener la matrícula, a pesar de no pagar, solo opera si se acredita "un impedimento económico". Los otros casos deben resolverse por vía judicial.
Díaz manifiesta que ese último criterio "es ambiguo, porque indica que el padre tendría que justificar o llevar algún documento que demuestre que no puede pagar, pero creemos que deja un espacio demasiado grande para la interpretación que puedan hacer los tribunales sobre el particular". Y puntualiza que "buscamos no afectar el bien mayor, que son los miles de estudiantes que pueden perder su educación o bajar su nivel de formación en la eventualidad de que los padres dejen de pagar". Proyectos educativos en riesgo En el mundo académico advierten que la medida puede terminar afectando a todo este sistema. José Joaquín Brunner, experto de la U.
Diego Portales, sostiene: "Me parece que una regla general como esta terminará por perjudicar no solo a los establecimientos, sino también a los estudiantes cuyas familias cumplen con su deber, cuya educación se vería afectada negativamente en cuanto a su calidad". Y acota: "Una solución unilateral perjudica a la larga a ambas partes, daña a los establecimientos y a sus comunidades y vuelve a los colegios inestables.
Es, pues, una mala solución". En tanto, Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno UC, expone que esta "es una interpretación a lo menos mañosa de la ley 20.845 (de fin al copago, lucro y selección). Esta, hay que recordarlo, aspiraba, entre otros ejes, a terminar con el financiamiento compartido". Puntualiza que, en este contexto, se introdujo una modificación que, "entre muchos otros aspectos, incluía la prohibición de cancelar la matrícula por razones socioeconómicas.
Sin embargo, la misma ley permite más adelante la mantención del fin a n c i a m i e n t o c o m p a r t i d o mientras el Estado no pueda allegar más recursos a los planteles escolares". Defiende, además, que "es indudable que sin ese financiamiento se lesiona el proyecto educativo y se atenta, por consiguiente, contra la libertad de enseñanza que resguarda la Constitución". Cataldo: "Esperamos que sea bien acogido" En conversación con "El Mercurio", el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), indicó que "lo que hace la Superintendencia es ir construyendo la unificación de jurisprudencia, que incluso tribunales han sancionado ya, en una visión única para que el sistema se oriente", y puntualiza que "esperamos que sea bien acogido por los sostenedores". Agrega que "tampoco estamos hablando de un número significativo de casos; no estamos hablando de que el sistema va a colapsar por esto, solo está puesto en el centro el resguardo del derecho a la educación de esos niños y esas niñas cuando hay situaciones sobrevinientes en términos socioeconómicos". Descarta, además, que esta medida pueda incentivar el no pago de las colegiaturas, argumentando que "hay causales que finalmente determinan esto, las que tienen que ver precisamente con la condición socioeconómica de los estudiantes". La superintendencia, en tanto, indicó que próximamente se emitirán instrucciones para que los colegios implementen el dictamen y cómo las familias tendrán que acreditar cambios en su situación socioeconómica.
Controversia por dictamen de la Superintendencia de Educación: Colegios subvencionados, en alerta por prohibición de negar matrícula a alumnos morosos MACARENA CERDA MORALES Mientras colegios acuden a Contraloría para revisar legalidad del dictamen, el ministro de Educación resta dramatismo al conflicto. `` Es indudable que sin ese financiamiento se lesiona el proyecto educativo y se atenta, por consiguiente, contra la libertad de enseñanza que resguarda la Constitución".. ............................................................... HARALD BEYER PROFESOR ESCUELA DE GOBIERNO UC `` No estamos hablando de que el sistema va a colapsar por esto, solo está puesto en el centro el resguardo del derecho a la educación cuando hay situaciones sobrevinientes en términos socioeconómicos".. ............................................................... NICOLÁS CATALDO MINISTRO DE EDUCACIÓN n Consejo de Rectores abordará principales reparos al proyecto FES, tras su aprobación en la Cámara de Diputados Esta jornada, y como cada último jueves del mes, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), que agrupa a más de 30 casas de estudio de todo el país, se reunirá en la U.
Tecnológica Metropolitana (UTEM) a partir de las 9:00 horas, en una sesión clave para las proyecciones del sistema universitario y el proyecto que crea un nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES). Además de celebrar sus 71 años vida y lanzar un libro sobre el aniversario, se espera que los académicos aborden hoy la aprobación del proyecto FES en la Cámara de Diputados la semana pasada, además de reforzar su postura sobre sus reparos hacia la iniciativa, sobre todo en materias financieras.
Y es que ha sido ampliamente criticado --y celebrado, en el caso del Ministerio de Educación-que el proyecto pasó de forma prácticamente íntegra hasta el segundo trámite constitucional en el Senado, sin que se hicieran los ajustes que piden las universidades hace varios meses.
Entre las principales preocupaciones, el CRUCh ha manifestado que se debe ampliar el copago estudiantil, para asegurar la sostenibilidad de las casas de estudio, así como establecer certezas en el cálculo futuro de los aranceles regulados y los plazos de las transferencias monetarias desde el Estado. Los rectores también abogan por la necesidad de limitar las contribuciones futuras, para que los estudiantes que eventualmente pidan el FES no terminen sobrepagando..