Autor: POR: LIONEL VARELA ÁLVAREZ

PROYECTOS PARALIZADOS, EJECUCIÓN INFLADA Y MALOS TRATOS: EL DAÑINO LEGADO DE KRIST NARANJO
Este mes de julio se cumplieron cuatro años desde que asumieron los gobernadores regionales elegidos por votación popular, lo que se convertiría en uno de los elementos clave de la descentralización del país. Lamentablemente, en la Región de Coquimbo, esta primera experiencia no fue positiva. La administración de Krist Naranjo Peñaloza fue objeto de intenso escrutinio y controversia, culminando en su destitución sin completar el período establecido. Krist Naranjo —una figura prácticamente desconocida que se potenció por el malestar ciudadano hacia los políticos tradicionales— convenció a los votantes con un discurso ecologista, feminista y alejado de las cúpulas locales. Sin embargo, al asumir no logró consolidar un equipo de trabajo que impulsara el desarrollo regional. Desde un inicio, Naranjo enfrentó una serie de problemas, incluso con su propio círculo de confianza, que la acusó de liderazgo autoritario y de rechazar asesorías. Esta actitud complejizó el trabajo con los funcionarios de carrera del Gobierno Regional, quienes desconocían cómo abordar a la nueva autoridad. Un análisis pormenorizado de su gestión revela Ms BS MAS ¡ ARAU ISO E actualidad directamente en las arcas, el desarrollo y la estabilidad de la región.
EN SUS CASI 3 AÑOS Y MEDIO DE GESTIÓN un análisis detallado de su gestión revela un patrón de ineficiencia, conflictos laborales graves y decisiones administrativas cuestionables, cuyas repercusiones impactan hasta hoy las arcas fiscales, el desarrollo y la estabilidad regional. Para la consejera regional Paola Cortés, la elección democrática de gobernadores es un gran avance descentralizador. Aunque reconoce que Chile solo ha registrado una destitución (y ocurrió en Coquimbo), considera que el proceso es positivo, pero requiere fortalecer la autonomía regional desde el nivel central. Cortés afirma que el liderazgo de Naranjo contradijo las expectativas del nuevo modelo: “Tuvimos una región estancada durante sus tres años y medio de gestión. Muchos proyectos perdieron su Resolución Satisfactoria por no firmarse a tiempo, no pasar al consejo o por convenios paralizados.
Esto generó mala ejecución presupuestaria”, Por su parte, el exconsejero Javier Vega destaca la relevancia de la elección democrática para priorizar inversiones territoriales con recursos regionales, pero señala: “Se valoró elegir por primera vez a una mujer como gobernadora, pero los problemas se relacionaron con su falta de competencias, desconocimiento en políticas públicas y carencia de herramientas técnicas. Esto derivó en proyectos estancados, falta de planificación ejecutiva y una cartera de iniciativas que no despegó, afectando la reactivación económica regional”, sostiene Vega.
En ese contexto, Darwin Ibacache —exconsejero y gobernador interino tras la destitución de Naranjo y la renuncia de Wladimir Pleticosic al Core— resume que la gestión de la exautoridad se caracterizó por “profunda falta de comunicación, escasa voluntad política y decisiones arbitrarias que perjudicaron directamente la ejecución presupuestaria”. UNA “DESIDIA” QUE DETUVO EL PROGRESO REGIONAL Esta opinión de los exintegrantes del Consejo Regional es compartida por diversos actores regionales, dado que la administración de Krist Naranjo fue duramente criticada por la constante dilación y paralización de importantes iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo de las 15 comunas.
Respecto a esto, Gabriela Calderón —exjefa de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno explica que al asumir su cargo en agosto de 2022, encontró una ejecución presupuestaria de solo 12,8 %: “La situación era extremadamente compleja y cuesta arriba”. Las dificultades prácticas radicaban en que numerosos proyectos priorizados no avanzaban a fases posteriores, generando retrasos significativos debido a la escasa experiencia de Naranjo en el funcionamiento interno del desarrollo de proyectos. Si bien existían múltiples iniciativas, varias se perdieron precisamente por esos retrasos y demoras en la toma de decisiones.
Esto evidenciaba improvisación y falta de planificación en la inversión del presupuesto regional” Gabriela Calderón, Exjefa de División de Inversión y Presupuesto del Gobierno Regional «Si bien existían múltiples iniciativas, varias se perdieron precisamente por esos retrasos y demoras en la toma de decisiones. Esto evidenciaba improvisación y falta de planificación en la inversión del presupuesto regional. Era complejo: había que explicarle, convencerla, y muchas veces no existían razones objetivas para las demoras», relata Calderón. Otra funcionaria de la Dirección de Presupuesto añadió que a Naranjo «le costaba mucho firmar los convenios», documentos vitales para la ejecución presupuestaria. En términos numéricos, la gestión de Krist Naranjo al frente del Gobierno Regional de Coquimbo (2021-2024) registró una ejecución presupuestaria crónicamente deficiente. Informes oficiales la situaron como la peor región de Chile en inversión pública durante 2022 y 2023. En octubre de 2022, apenas alcanzaba el 34,1 %, manteniendo a Coquimbo en el último lugar nacional. Aunque Naranjo anunció un cierre “exitoso” del 95% en diciembre de 2022 (equivalente a $60.656 millones), esta cifra fue cuestionada como un artificio contable. Sus críticos señalaron que se transfirieron fondos a otras entidades en el último trimestre para “darlos por gastados”, enmascarando así la incapacidad operativa real.
El patrón se repitió en 2023: en abril, la ejecución era de solo 21%, y aunque cerró en 92,5 %, Coquimbo siguió siendo la región con peor desempeño según la Dirección de Presupuestos (Dipres). Un informe de febrero de 2025 reveló que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para 2024 —con datos referentes a 2023— registró una ejecución de apenas 74,7 %, con un gasto efectivo de $44.000 millones, la mitad de lo transferido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Estas cifras reflejan un problema estructural: la imposibilidad de materializar proyectos clave para la región.
PROYECTOS Y CONVENIOS POSTERGADOS Entre los proyectos y áreas afectadas se encuentran iniciativas vitales como la adquisición de equipamiento para Carabineros y Bomberos, donde las gestiones para dotar camiones aljibe y otros recursos “nunca quisieron avanzar” o “no se movieron mucho” bajo su administración.
Pese a anunciar la transferencia de $3.800 millones a Bomberos en sus primeros meses y la materialización de $5.085 millones en 2022 para equipamiento, estas acciones enfrentaron constantes retrasos y “excusas para no tomar decisiones”. A esto se sumaron proyectos emblemáticos como la construcción de la Escuela de Canela Alta —cuya inversión proyectada era de $10.000 millones y alcanzó finalmente $14.500 millones—, la tenencia San Joaquín en La Serena, y la posta de salud de Pichidangui en Los Vilos. Todos “se postergaron” debido a la “visión distinta” de Naranjo. El Centro de Diálisis de Vicuña fue inicialmente rechazado por la gobernadora, aunque el Consejo Regional logró revertir la decisión. La Escuela Fronteriza de Monte Patria también figuró entre las iniciativas perjudicadas.
En cuanto a los Convenios Ministeriales y Sectoriales Productivos, Krist Naranjo “no quiso renovar acuerdos con ministerios” cuyos seremis no compartían su afinidad, particularmente con el MOP para obras en caletas rurales o pavimentaciones del Minvu. Iniciativas para el sector pisquero y la pequeña minería fueron “frenadas directamente” por falta de voluntad política, lo que provocó la pérdida de equipos técnicos y afectó la economía local. El Plan PAMMA, destinado a la pequeña y mediana minería, tampoco recibió apoyo.
Testimonios internos destacan un “constante tira y afloja entre la Seremi de Minería Constanza Espinosa y la gobernadora”, paralizando el sector por “tres años”. Otra iniciativa con retraso sustancial fue el emblemático alcantarillado de Caimanes, estancado meses por la reticencia de Naranjo a firmar el convenio con Minera Los Pelambres —atribuido supuestamente a su visión ambientalista—. Igualmente, la construcción de viviendas sociales experimentó un “tira y afloja” de casi año y medio previo a la firma. Proyectos estratégicos como el túnel Agua Negra y el tranvía La Serena-Coquimbo tampoco fueron priorizados. Las comunas pequeñas sufrieron igual suerte, como Río Hurtado, donde se solicitó reevaluar el Centro de Difusión del Patrimonio Comunal tras cuatro licitaciones desiertas. El exconsejero del Choapa, Jaime Herrera, relata que lo más crítico fue la paralización de programas sociales del consejo anterior. “No quiso firmar convenios con organizaciones de recursos concursables. Se detuvieron proyectos como el centro de estimulación para pacientes con Parkinson, operaciones de cadera y rodilla, formación de especialistas con la Universidad Católica del Norte, y acuerdos con la Fundación Desafío Levantemos Chile. Todo quedó paralizado aparentemente por razones ideológicas”, recuerda el exconsejero y excandidato a alcalde por Los Vilos.
Según Herrera, en un intento por cumplir con el mínimo de inversión, la exautoridad inició transferencias directas a servicios públicos como CORFO y Sercotec “sin mucha voluntad”, rechazando incluso apoyo a la Comisión Nacional de Riego porque —en sus palabras— “los agricultores eran gente de plata”. Solo así alcanzaron en septiembre un 20% de ejecución que luego maquillaron a cifras “decentes”. Agrega que Naranjo fue la primera gobernadora en ausentarse de la defensa del presupuesto ante la Subdere. “Durante cuatro años yo representé al consejo en esa instancia. Ella simplemente no se presentó”, indicó Herrera. A su vez, el exconsejero Cristian Rondanelli confirma que la gobernadora mantuvo una relación tirante con equipos técnicos y funcionarios. “Se asesoraba mal, desconocía procesos. Aunque algunas jefaturas lograron sacar proyectos adelante, muchos quedaron sin prioridad”. Funcionarios del GORE —y el propio Herrera— ratifican que Naranjo “daba instrucciones para no reuniones de comisión”, afectando plazos y licitaciones. Mientras, el exgobernador interino Darwin Ibacache enfatizó que ella “optó por construir una cartera desde cero con su ideología, lo que | toma años y frenó el avance”, en vez de continuar proyectos existentes. Ejemplificó con el Minvu: “La conectividad La Serena-Coquimbo pudo financiar estudios para infraestructura vial. Los tacos actuales se habrían mitigado”. Destacó también convenios paralizados para compra de terrenos comunales —claves para subsidios habitacionales— que “no se destrabaron por falta de voluntad política y coordinación con ministerios”, aseveró Ibacache.
RESPUESTAS INSÓLITAS Y FAVORITISMOS Como se ha documentado en este reportaje, la gestión de Krist Naranjo fue reiteradamente cuestionada por su falta de experiencia y un “desconocimiento de sus atribuciones y funciones”. Gabriela Calderón, exjefa de DIPIR, reitera que la exgobernadora “no se dejaba asesorar”, generando “retrasos decisionales” y un “desgaste altísimo” para equipos técnicos que califica como “de primer nivel”. Esta resistencia a la asesoría se manifestó como un problema recurrente.
Su estilo de liderazgo fue descrito con “complejidad extrema” e “individualista”. Se le acusó de imponer “proyectos surgidos exclusivamente de su visión, sin labor conjunta”, creando un ambiente de confrontación donde — según testimonios— llegaba a apagar los micrófonos de consejeros regionales durante sesiones si se sentía cuestionada. Fuentes internas del Consejo Regional afirmaron que Naranjo “desconocía los procesos administrativos”, sumando una “mirada excesivamente independiente” y una “lógica de ruptura” que paralizó iniciativas heredadas, impidiendo materializar recursos en obras concretas.
Un funcionario anónimo involucrado en discusiones de inversión reveló que Naranjo solía rechazar proyectos sin fundamento técnico, limitándose a calificarlos como “muy caros” o declarar “no me parece”. Esta “desidia” — señaló— acumulaba pagos y convenios pendientes, dañando la planificación a largo plazo.
Las demoras en firmar documentación “perjudicaron al servicio y, sobre todo, a la comunidad esperando respuestas a sus necesidades”. Un exfuncionario ejemplificó con que “cuestionó técnicamente un proyecto de canchas en Paihuano con Resolución Social favorable, donde solo faltaba su firma para iniciar licitaciones.
En la plataforma electrónica consignaba 'muy cara la cancha'. Rechazó una escuela en Ovalle argumentando 'hay muchas”. Esa mediocridad marcó todo 2027”. La consejera Ximena Ampuero destacó que, pese a que el Consejo Regional aprobó 98% de los proyectos presentados en 2021 (100 iniciativas por $105.000 millones), la exgobernadora “carecía de proyectos propios” y rechazaba colaboración, dejando “secuelas institucionales profundas”. El exconsejero Cristian Rondanelli calificó su actuar de “totalitario” y “sin diálogo con el Consejo”, lo que —según dijo— le valió el “título de peor gobernadora de Chile”. Otras fuentes internas del GORE señalaron su “incapacidad de planificación”, ejemplificando con el rechazo al proyecto de Paihuano sin revisar normativas de Mideso o Subdere, demostrando “desconocimiento del sistema”. También criticaron un favoritismo hacia comunas como Coquimbo y Monte Patria por su “relación cercana”, rompiendo el “equilibrio territorial” y perjudicando a municipios con mayores necesidades.
Gabriela Calderón añadió que, al asumir, encontró “pocos proyectos con RCA listos para ejecutar”, reflejando la “mala relación de Naranjo con el gobierno central”. “Tuvimos que salir a trabajar directamente con municipios, generar mesas técnicas y sortear restricciones presupuestarias. La tramitación pública es engorrosa; los tiempos no pueden desperdiciarse en burocracia”, afirmó. Frente a las críticas por baja ejecución, Naranjo atribuyó los problemas a la “burocracia”, el “complejo escenario económico” y la falta de apoyo de seremis.
Incluso alegó una “conspiración política por ser independiente, mujer y ecologista”. Sin embargo, consejeros rebatieron estas excusas, señalando como causas reales su “desidia”, “falta de liderazgo” y “terquedad para frenar proyectos anteriores”. El exconsejero Javier Vega sintetizó en que “su error grueso fue llegar con lógica de ruptura: lo heredado solo por diferencias políticas. Los recursos deben considerar continuidades.
Sus malas decisiones entramparon a su equipo seis meses, en vez de dar fluidez a proyectos en curso”. LA “INFLACIÓN” DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A pesar de las críticas sostenidas por su baja ejecución presupuestaria, la administración de Naranjo reportó cifras inesperadamente altas al término de cada ejercicio fiscal. En 2021, la Unidad de Control del GORE Coquimbo anunció bajo parámetros SUBDERE un 99% de ejecución del Programa de Inversión, equivalente a $62.613 millones. Para el año 2022, se declaró un 95% de ejecución ($60.656 millones), cifra que Naranjo celebró como “muy buena noticia” en contraste con la crisis económica nacional. Sin embargo, esta aparente eficiencia enfrentó fuertes cuestionamientos.
Un informe de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) reveló que en octubre de 2022, cuando la ejecución promedio histórica de los gobiernos regionales era del 69.6 %, Coquimbo registraba apenas un 34.1 %, posicionándose como la más baja de Chile. La situación había sido aún más crítica en junio de ese año, con solo un 12.8 % de ejecución que generaba “dardos” hacia la gobernadora por la paralización de proyectos.
Al respecto, Gabriela Calderón, exjefa de Presupuesto del GORE, precisó que ese 12.8 % experimentó un “salto” hasta alcanzar el 90% en diciembre de 2022, ejecutándose el 50% del presupuesto el último día del año con trámites que se extendieron hasta enero de 2023.
A mediados de diciembre, la ejecución real era solo del 48.02 %, “mejorada” con “actividades de última hora” que según testigos “dejaban en evidencia una muy mala gestión”. Esta distorsión en las cifras, según fuentes internas del GORE, se lograba mediante “actividades de última hora” centradas en transferencias masivas de fondos a otras entidades —ministerios, servicios públicos, fundaciones— durante el último trimestre.
Colaboradores de Naranjo admitieron que “empezaba a firmar como loca” desde octubre presionada por los medios y el Consejo Regional, reduciendo su estrategia a transferencias calificadas como “ineficientes” e “inoficiosas”. La consejera Ximena Ampuero sintetizó esta práctica como “transferencias directas en el último trimestre para inflar artificialmente las cifras”, mientras fuentes técnicas advirtieron el riesgo de un “desmedro para la región”: la DIPRES podría recortar asignaciones futuras al cuestionar la capacidad real de ejecución.
En el mismo sentido, Darwin Ibacache criticó que estos recursos financiaban “programas sin impacto estructural” en vez de obras transformadoras, y el exconsejero Jaime Herrera estimó que solo así se alcanzaron cifras “adecuadas”. Mientras que Javier Vega añadió que tales transferencias —válidas cuando existen acuerdos con el Gobierno Central para cubrir necesidades no resueltas— carecían de coordinación en este caso, dejando en espera a instancias como la Mesa Rural Campesina que “aún espera políticas claras con esos fondos”. El patrón se repitió en 2023: en abril la ejecución fue de solo 21% (la más baja nacional), cerrando el año en 92.5 % que mantuvo a Coquimbo en último lugar. En 2024, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) registró apenas un 74.7 % de ejecución, la segunda peor del país.
Ibacache atribuyó esto a “demoras en tramitación, trabajo mensual lento y falta de capacidad técnica”. Técnicos del GORE explicaron el riesgo subyacente: cuando una región solicita un presupuesto elevado —por ejemplo, $100.000 millones— pero ejecuta significativamente menos —$89.000 millones—, la DIPRES puede cuestionar su capacidad de gasto y recortar asignaciones futuras, un escenario que amenaza directamente a Coquimbo tras estos ejercicios. MILLONARIAS DEMANDAS DE ACOSO LABORAL Uno de los aspectos más dañinos de la gestión de Krist Naranjo fue el clima laboral tóxico y sus graves consecuencias legales y económicas para el Gobierno Regional de Coquimbo. El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) reconoció oficialmente el “maltrato a funcionarios” como uno de los cargos en su contra. Esta situación derivó en la salida forzada de al menos 14 funcionarios mediante desvinculaciones o no renovaciones de contratos, producto de múltiples denuncias por acoso laboral. Testimonios documentaron que la exgobernadora realizaba “modificaciones constantes de sus equipos, incluyendo despidos otraslados arbitrarios” que afectaron desde la escolta de la PDI hasta jefes de gabinete y comunicaciones. Los relatos de excolaboradores fueron reveladores.
Eduardo Torres Plaza, su exchofer, denunció el uso irregular del vehículo fiscal para traslados personales de Naranjo y su hijo (viajes a centros comerciales, supermercados y universidad, estimados entre 25 y 28 ocasiones), sumado a acoso laboral. Alejandra Casanova Henríquez, exjefa de planificación regional, testificó cómo la autoridad “entorpecía sistemáticamente su labor” y le “negaba acceso a autoridades como el delegado presidencial”, patrón que replicaba con otros funcionarios. Esta dinámica generó un ambiente “inédito” y “difícil de trabajar”, con un “desgaste altísimo” según afectados.
Una funcionaria anónima resumió a El Día el impacto colectivo: “Nos hizo mucho daño a muchos”, describiendo a Naranjo como una figura de “complejidad extrema” que silenciaba micrófonos de consejeros durante sesiones o despedía empleados ante cuestionamientos. Los conflictos escalaron hasta protestas laborales frente al edificio gubernamental y dentro de sesiones del Consejo Regional, llegando la gobernadora a solicitar intervención de Carabineros para desalojar manifestantes. Darwin Ibacache, quien asumió como gobernador interino, confirmó que hubo “funcionarios despedidos sin aviso y otros eliminados durante licencias médicas”, generando responsabilidad directa para la administración. Señaló que el núcleo del problema radicaba en una “falta de liderazgo y empatía” de Naranjo, no en la capacidad de los equipos: “Durante mi gestión, esos mismos funcionarios demostraron profesionalismo.
El problema era la conducción desde la cabeza”. Estas desvinculaciones masivas —muchas judicializadas— se realizaron “sin evaluación previa y de forma arbitraria”, desviando recursos que “debieron destinarse a proyectos regionales en lugar de indemnizaciones”, subrayó Ibacache.
La gravedad del ambiente laboral obligó a la Mutual de Seguridad a aplicar una Encuesta Psicosocial en el edificio de Prat 350, tras detectarse enfermedades mentales de origen laboral que causaron “detrimento al patrimonio institucional”. Un fallo reciente del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena estableció que Naranjo “ejerció violencia psicológica sistemática” contra una funcionaria con 16 años de servicio, ordenando no solo su restitución e indemnización, sino también capacitación obligatoria en derechos fundamentales para todo Ella (Krist Naranjo) optó por construir una cartera desde cero con su ideología, lo que toma años y frenó el avance”, en vez de continuar proyectos existentes”. Darwin Ibacache, exconsejero regional y exgobernador regional (1) el personal. El costo financiero fue cuantificable.
El TRICEL verificó indemnizaciones iniciales por $37 millones, cifra que escaló a $92,704. 413 millones hasta junio de 2025 (incluyendo un fallo reciente de $12 millones). El actual gobernador Cristóbal Juliá lamentó, en su oportunidad, que estos montos —producto del “actuar directo o indirecto de Naranjo"— representen un “perjuicio al patrimonio regional” y evidencien un “ambiente laboral tóxico con secuelas persistentes”. La consejera Ximena Ampuero agregó que estos “coletazos de mala gestión” no solo desvían recursos de proyectos de desarrollo, sino que consumen tiempo de funcionarios especializados en gestionar litigios, destacando que el gasto en indemnizaciones fue parte fundamental de la acusación ante el TRICEL. UN PRECEDENTE HISTÓRICO La acumulación de irregularidades culminó con la declaración de “notable abandono de deberes” por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), sellando el destino de Krist Naranjo.
Tras ser suspendida el 4 de julio de 2024 con reducción del 50% de su salario —por sanción de Contraloría confirmada por mal uso de vehículo fiscal—, fue destituida definitivamente el 23 de agosto de 2024 mediante sentencia inapelable que la inhabilitó cinco años para cargos públicos. Los 16 consejeros regionales impulsaron esta remoción unánime tras crear una comisión investigadora a fines de 2022.
El TRICEL probó múltiples cargos: el uso indebido del vehículo oficial para asuntos personales (hecho previamente sancionado y ratificado por la Corte Suprema); tres viajes internacionales injustificados a México, Argentina y Egipto que costaron $11.406. 507 en pasajes, $920.589 en multas por cambios de vuelo y $5.165.681 en viáticos, sin presentar agendas ni rendiciones que justificaran el gasto; el incumplimiento de 19 acuerdos de responsabilidad directa entre 1.432 adoptados por el Consejo Regional, privando a la comunidad de servicios esenciales; y la demora en la rendición de cuentas del Comité de Cambio Climático 2022, donde transmisiones interrumpidas bloquearon la fiscalización. El tribunal sentenció que Naranjo ejerció una “conducta reprochable éticamente al privilegiar intereses personales”, transgrediendo “manifiesta y reiteradamente” sus obligaciones constitucionales. Su destitución marcó un hito como primera gobernadora regional removida en Chile.
Tras la suspensión inicial, Wladimir Pleticosic asumió interinamente por 50 días, y Darwin —sin intención de repostular— condujo la gobernación desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025 para cerrar lo que calificó como un “periodo accidentado”. Consejeros como Cristian Rondanelli destacaron que la salida de Naranjo permitió reactivar procesos estancados y “ordenar la casa” del Gobierno Regional. Javier Vega enfatizó que la sentencia del TRICEL validó el trabajo fiscalizador del Consejo, desmontando las acusaciones de “conspiración política” o “misoginia” esgrimidas por la exautoridad. Ximena Ampuero reconoció el esfuerzo con los gobernadores interinos para evitar el “colapso administrativo”, aunque advirtió que el daño heredado aún obstaculiza la gestión del actual mandatario Cristóbal Juliá.
Paola Cortés cerró rechazando las excusas de Naranjo —que atribuía críticas a su género, ecologismo o independencia— y destacó la coalición transversal de izquierda a derecha que financió incluso un abogado con recursos propios para poder destituirla. “Cumplimos nuestra responsabilidad de fiscalizar fondos públicos. Lamentamos lo ocurrido, pero ese paso nos permitió enfocarnos en soluciones concretas que Pleticosic e Ibacache aceleraron”, concluyó, subrayando que la destitución restableció la prioridad en las demandas ciudadanas.
El caso de Krist Naranjo, que estuvo inubicable para este reportaje, sin embargo, marca un punto de inflexión en el que se demostró la eficacia de los mecanismos de control ciudadano cuando instituciones como el Consejo Regional, trascendiendo divisiones políticas, priorizan la fiscalización rigurosa sobre la lealtad partidista. La inhabilitación de cinco años de Naranjo sienta un precedente crucial para futuras autoridades, subrayando que la descentralización exige no solo autonomía, sino también rendición de cuentas transparente.