Autor: Por Juan Manuel Ojeda, Juan Andrés Quezada y David Tralma

ProCultura: el libreto del gobierno para contener la bomba de racimo que cayó en La Moneda
ProCultura: el libreto del gobierno para contener la bomba de racimo que cayó en La Moneda que cayo en La Moneda abían pasado más de 24 horas desde que se rompió el secreto del expediente del caso ProCultura y La Moneda seguía en silencio. Durante todo el sábado 10 de mayo el gobierno mantuvo estricto sigilo frente a un caso que incluye una arista política que salpica directamente al despacho presidencial. Pasadas las 13.20 del día anterior, el viernes 9 de mayo, T13 publicó el primer antecedente de la carpeta investigativa del caso que durante más de un año estuvo bajo completa reserva.
Todo el viernes la agenda estuvo copada por las revelaciones del expediente, las cuales partieron con la publicación de la interceptación de una llamada entre Josefina Huneeus -siquiatra y exesposa del director de la fundación ProCultura, Alberto Larraín y el Presidente Gabriel Boric.
Pero, además, incluía la divulgación de los escritos del Ministerio Público, donde se revelaba por primera vez que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, indagaba una arista de financiamiento irregular de campañas políticas, incluida la Cuando se rompió la reserva del expediente, el Ejecutivo blindó al Presidente, hizo un cortafuegos con la arremetida del FA por espionaje político y transmitió que no hay antecedentes penales que compliquen al Mandatario. Siete días después de que explotara todo, el oficialismo cerró la semana con una buena noticia: el fiscal Patricio Cooper quedó fuera de la indagatoria. indagatoria. Por Juan Manuel Ojeda, Juan Andrés Quezada y David Tralma racimo a a 3 del mismo Mandatario. Pese a la magnitud de lo que traía el expediente, La Moneda guardó la calma.
La no reacción inmediata del gobierno, señalan altas fuentes de Palacio, respondió a una estrategia definida días antes y que buscaba transmitir que el Ejecutivo no podía salir a hablar de inmediato ante antecedentes "filtrados" de una investigación judicial en curso.
Además, el Mandatario iba rumbo a una gira de seis días a Japón y China, y había que dar señales de normalidad para no enlodar un viaje que había adquirido relevancia estratégica en medio de la guerra comercial.
El plan que diseñó La Moneda consideró que la vocera (S), Aisén Etcheverry (FA), debía enviar una declaración a los periodistas cuando el avión presidencial aterrizara en Tokio, es decir, entre las 20 horas y las 20.30 horas del sábado en Chile. Y así fue. A las 20.28, justo cuando el Jefe de Estado llegó a Japón, el equipo de la Segegob envió la primera declaración. "Como lo señaló el Presidente Boric, no hay nada que esconder", dijo Etcheverry. Casi una semana después, la misma investigación que a esa altura complicaba a vestigación que a esa altura complicaba a. ProCultura: el libreto del gobierno para contener la bomba de racimo que cayó en La Moneda La Moneda, daría un drástico giro dejando fuera del caso a su propio fiscal, el polémico Cooper. Por ahora, en el gobierno se respiraba con algo de alivio. Las primeras alertas A diferencia de otros episodios, esta vez el caso ProCultura pilló a La Moneda preparada y con un control de daños que se había activado varios días atrás.
La primera alerta llegó a mediados de abril y provino del exjefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi (FA). El sociólogo fue citado a declarar como imputado en la causa de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende la semana del 14 de abril, y cuando respondió las preguntas de la Fiscalía supo que su teléfono había sido pinchado. Saliendo de ese interrogatorio dio aviso a La Moneda. Con ese antecedente sobre la mesa, los equipos de la Secom y el Segundo Piso activaron sus averiguaciones para saber cómo se venía la mano en ProCultura. La Moneda no estuvo a ciegas, ya que, comentan en el oficialismo, en el caso hay dos abogados cercanos al gobierno que son parte de la causa a través de sus socios. Se trata de Miguel Schiirmann, el abogado que asesora indirectamente al Presidente y cuyo socio, Alejandro Awad, representa a Huneeus. A él se suma el abogado Jaime Winter, cuyo socio, Jorge Cabrera, tenía el patrocinio de la exprimera dama Irina Karamanos.
Ya a fines de abril existía un secreto a voces que también llegó a oídos de La Moneda: que la causa traía decenas de pinchazos, que Cooper tenía una arista política por financiamiento a campañas y que había una interceptación a Huneeus en la cual estaba involucrado el Mandatario.
Fue tal la anticipación que, fuentes que saben de lo ocurrido, cuentan que se hicieron gestiones para revisar quiénes participaron de la administración de la campaña de Boric, cómo fue el financiamiento y así indagar si hubo huellas de ProCultura, lo que fue descartado tempranamente. Palacio incluso estaba al tanto de cuándo se alzaría el secreto del expediente. El lunes 5 de mayo, el Ministerio Público comenzó a dar copia de la carpeta a los querellantes y defensas. En ese momento, La Moneda supo que era cosa de días para que explotara la bomba.
De hecho, antes del viernes en que explotó todo, el jueves 8 de mayo, Ciper publicó lo que quienes estaban al tanto del caso ya sabían: que la Fiscalía, a través de Huneeus, escuchó al Mandatario.
Eso provocó que Etcheverry, en una entrevista con Telel3 Radio, criticara las filtraciones y diera a conocer que Huneeus había sido la siquiatra de Boric en 2018. "Que las instituciones funcionen" Ese mismo jueves, La Moneda activó un pequeño comité de crisis, una fórmula que ya ha usado previamente como, por ejemplo, cuando explotó el caso Democracia Viva.
La instancia fue integrada esta vez por Etcheverry, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y el director de la Secom, Pablo Paredes (FA), quienes acorY) » La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. daron un plan cuyo primer cortafuegos apuntó a que había que instalar rápidamente que no existen antecedentes que involucren al Mandatario y que hay que dejar que las instituciones "funcionen bien", un aforismo que recordó la reacción del expresidente Ricardo Lagos en pleno caso MOP-Gate, en 2003. Al viernes 9 de mayo, cuentan fuentes del gobierno, en el Segundo Piso, tras una revisión exprés de los antecedentes que se habían conocido del caso, confirmaron el diseño definido el día anterior. Luego de la publicación de T13, desde la Secom se enviaron las primeras bajadas comunicacionales al oficialismo. A esa altura, en La Moneda se comentaba que en la conversación de Huneeus con Boric quedaba claro desde un inicio que Larraín usaba el nombre del Mandatario para beneficio personal. Además, Palacio tenía un hecho que los blindaba: la doble negativa de la magistrada Sissi Bertoglio, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que bloqueó la solicitud de la Fiscalía para pinchar el celular del Mandatario.
Ese mismo viernes, funcionarios de Palacio estuvieron especialmente alertas a la filtración de los mensajes contenidos en el grupo de WhatsApp "La Convergencia Cristiana", en el que participaban Larraín, el diputado y expresidente de CS Diego Ibáñez y el actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), entre otros.
Durante la tarde del viernes, el Presidente estuvo en La Moneda hasta las 19.26, hora en que emprendió rumbo al Grupo 10, donde lo esperaba la comitiva que lo acompañaría en el avión presidencial en su viaje a Tokio. Reunido con su núcleo político más cercano de Palacio, como los ministros Elicano de Palacio, como los ministros EliA zalde y Etcheverry, coordinó parte de la agenda que tendría cuando no estuviera en Chile. Uno de los temas abordados fue el de ProCultura, donde se le dio el visto bueno a los primeros lineamientos sobre los que el Ejecutivo estableció su línea de defensa. El avión presidencial finalmente despegó a las 20.05 horas. En paralelo al vuelo de Boric, en Palacio también se activó otra consulta interna con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. El abogado le echó un vistazo a los antecedentes y también concluyó que "penalmente no hay nada" que involucre al Presidente.
Mientras todo esto ocurría en La Moneda, un par de kilómetros más al oriente de Santiago, en la oficina de Awad y Schirmann, se tomó la decisión de ingresar, ese mismo viernes en la noche, un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuestionando la legalidad del pinchazo a Huneeus. Una estrategia que, siete días después, se transformó en una victoria y en un duro golpe contra Cooper que le costó su salida del caso.
Pese a que eso no tiene nada que ver con los movimientos de Palacio, el escrito que firmó Schiirmann expuso, por primera vez, un concepto que luego sería utilizado por el Frente Amplio (FA). "Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje", se leía en el amparo que se dio a conocer la mañana del día siguiente.
El factor espionaje El sábado 10 de mayo, cuando La Moneda guardaba silencio y Etcheverry esperaba a que Boric aterrizara en Tokio para enviar su declaración, a las 15.54 el partido del Presidente dio un paso al frente y criticó duramente al Ministerio Público.
En una declaración pública, el FA afirmó que "escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje". Fuentes de Palacio comentan que el gobierno dio libertad al FA para que criticara a la Fiscalía, incluida la acusación de espionaje.
De hecho, en La Moneda son varios los convencidos de que la solicitud de Cooper -a quien consideran un fiscal de derechapara pedir la interceptación de las comunicaciones telefónicas de Crispi y otros imputados del caso no estaba bien fundada. "Son roles distintos y se definió que el gobierno, el Presidente y sus ministros mantendrían un rol institucional haciendo un llamado a que las instituciones investiguen, pero investiguen bien", explica una alta fuente de La Moneda. Una gira empañada por ProCultura El domingo 11 de mayo comenzó con Elizalde -quien ejercía de vicepresidente de la República reforzando la línea de defensa del gobierno y que ya había adelantado Etcheverry.
En una declaración grabada desde su casa, el ministro aseguró que Boric era "una persona honesta" y que no había "nada que esconder". Con todo el incendio de ProCultura desatado en Santiago, a más de 17 mil kilómetros -a las 22 horas del domingo en Chile-, Boric iniciaba una de las pautas más vistosas de su gira: su visita a la Expo Osaka 2025. El Presidente se acercó a la prensa antes de ingresar al pabellón de Chile. Tras destacar la instalación caracterizada por el manto tejido por 200 artesanas mapuches, a Boric se le consultó por ProCultura. SIGUE EN PÁG 14.
ProCultura: el libreto del gobierno para contener la bomba de racimo que cayó en La Moneda El Presidente rompió el silencio señalando que ha mantenido "siempre la postura de que las instituciones en Chile deben funcionar sin presiones de ningún tipo.
La Fiscalía y tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien". "Cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar, y eso se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno y ante esta situación doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigar", explicó, pero sin ánimo de responder más preguntas. La desconocida a Larraín Casi 10 horas después de que Boric hablara desde Japón, el lunes 12 de mayo, a las 11.30, se reunió el comité político ampliado en La Moneda.
Elizalde -acompañado de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA)-, expuso el relato del oficialismo que busca blindar al Presidente y señaló que la responsabilidad de los traspasos a la fundación es de los gobiernos regionales y no del gobierno central.
Además, aseguró que La Moneda estaba consciente de que las filtraciones fraccionadas de antecedentes del caso llevarían a "interpretaciones equívocas", provocando daño "político y comunicacional", pero que el Ejecutivo tenía el convencimiento "de que no hay nada penal que arriesgue al Presidente". Quienes estuvieron ahí cuentan que Elizalde subrayó que se tienen que dar señales de que el gobierno sigue haciendo su trabajo y que el caso, más que un problema penal, tenía tintes políticos. En esa instancia, la presidenta del FA, Constanza Martínez, defendió la tesis del espionaje político, a la cual se sumó su par del PC, Lautaro Carmona. Pese a que en La Moneda defienden el derecho del FA de criticar los pinchazos, fueron varios los ministros que tomaron distancia de esa posición. Así lo hizo Cordero, y uno de los más duros fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC). Un día después, el martes, en el gobierno dicen que se marcó un punto de inflexión. Ese día la vocera (S) Etcheverry se sumó al libreto de desconocer a Larraín y dejarlo solo, la misma línea que tomó Ibáñez, el FA y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
De hecho, ese mismo día, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, dijo que Larraín es "un narciso, casi sicópata". Si bien tanto el siquiatra como Boric fueron muy cercanos -Larraín lo asesoró en temas de salud mental y cuando fue electo el Mandatario lo sondeó para integrar su primer gabinete-, en 2022 ese lazo ya se había cortado. "Si hay responsables, que paguen", dijo Etcheverry. La ministra luego añadió: "Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley". La arremetida del FA por el espionaje obligó a los presidenciables del sector a tomar postura. También enredó al oficialismo y aisló a los frenteamplistas, ya que salvo el PC, todo el Socialismo Democrático -incluida la candidata Carolina Tohá (PPD) tomó distancia de su diseño. Incluso, complicó al abanderado del FA, Gonzalo Winter, quien el lunes en la noche notificó a su directiva que no se sumaría a la línea marcada en el comunicado difundido la tarde del sábado.
Luego, el miércoles 14 de mayo, Martínez embarulló aún más el escenario. "El caso ProCultura no es un caso del FA (... ), la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es la DC", dijo la timonel. Sus palabras crisparon las relaciones con la DC en pleno año electoral y en La Moneda reconocen que fue un traspié innecesario. El FA intentó recomponer sus relaciones con la DC, pero su timonel, Alberto Undurraga, no respondió los mensajes. Por eso el viernes en la tarde Martínez se disculpó públicamente. La semana de la crisis de ProCultura terminó con un consejo de gabinete encabezado por el Jefe de Estado la mañana del viernes.
En la instancia, Boric reiteró la postura del gobierno: "Como Presidente de la República, quiero reafirmar mi convicción de que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que las instituciones deben funcionar y hacer bien su trabajo". Pero la buena noticia llegó de manera imprevista a Palacio. A las 16.55 del viernes la Corte de Apelaciones de Antofagasta despachó el fallo con el cual acogió el amparo de Huneeus. Un verdadero triunfo para La Moneda, el cual fue impulsado hace justo una semana atrás por Schtúirmann y Awad desde la ya conocida oficina BACS Abogados.
La categórica sentencia, que fue un duro golpe a la indagatoria que lideraba el fiscal Cooper, aseguró que el pinchazo a la siquiatra es ilegal y, por lo tanto, dispuso "la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse". En Palacio celebraron. Cuando la sentencia quede firme, el Ministerio Público deberá borrar todo lo que tenga que ver con esa escucha y por lo tanto el pinchazo en el que participó Boric desaparecerá por completo del expediente. Con el fallo despachado, a solo 800 metros de La Moneda, el fiscal nacional Ángel Valencia convocaba a una reunión de emergencia, en la que también participó el director de la Unidad Anticorrupción Eugenio Campos. En completo sigilo discutieron largamente sobre qué hacer.
Fuentes de la Fiscalía cuentan que la sentencia fue calificada como grave ya que lo que hacía era cuestionar la legalidad de gran parte de la indagatoria dirigida por Cooper ya que el fiscal se ha basado principalmente en escuchas telefónicas, pinchando más de 80 celulares, para armar su caso. A las 21.36 el misterio llegó a su fin. Dando un golpe de timón, Valencia tomó la decisión de quitarle el caso a Cooper y dárselo al fiscal regional de Antofagasta Juan Castro, el mismo que investiga el caso Democracia Viva. Una decisión compleja, pero respecto de la cual Valencia se había quedado sin mayor margen debido a la dureza del fallo de la Corte de Antofagasta.
Así, a solo siete días de que se destapara la caja de Pandora del caso ProCultura, La Moneda logró cerrar su semana con Cooper fuera del tablero e iniciando una nueva etapa, con miras a dejar atrás la polémica para no enlodar lo que será la última Cuenta Pública de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio. O blica de Boric el próximo 1 de junio.O.