Autor: M. CORDANO

“No es nuestra función” y “agiliza los procesos”: educadores destacados evalúan proyecto Escuelas Protegidas
“No es nuestra función” y “agiliza los procesos”: educadores destacados evalúan proyecto Escuelas Protegidas Tomas en establecimientos, ataques incendiarios y suspensión reiterada de clases se han sumado a los episodios de violencia escolar que han marcado la agenda.
En este ambiente, el Gobierno presentó a comienzos de abril el proyecto de ley Escuelas Protegidas, una iniciativa que busca restablecer el orden en los colegios y que entre sus principales ejes contempla mayores atribuciones para los directores como la revisión de mochilas, sanciones disciplinarias más claras e incluso la posibilidad de restringir beneficios como la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por hechos graves de violencia, uno de los puntos que han generado mayor controversia.
En las últimas semanas, el debate se ha intensificado: mientras continúan las movilizaciones estudiantiles en rechazo al proyecto y a los recortes en los distintos ministerios, el Ejecutivo ha defendido su avance como parte de una agenda de seguridad.
Actualmente, la iniciativa ya fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, en medio de un escenario marcado por una alta conflictividad en los colegios y una discusión abierta sobre su alcance.
Como parte de este debate, “El Mercurio” pidió a cuatro especialistas en educación todos destacados por su labor en concursos de carácter nacional que reflexionaran respecto a las diversas propuestas y según las experiencias que día a día escuchan y viven dentro de sus salas de clases.
Verónica Suero, reconocida con el Premio LED 2025: Revisión de mochilas, una “medida popular” Gran parte del tiempo de los docentes y equipos directivos se va en atender problemas relacionados con la violencia dentro de las comunidades escolares, lamenta la directora de la Escuela Claudio Arrau (Región de Antofagasta) y profesional reconocida por el Premio LED 2025, iniciativa que premia el liderazgo educacional directivo.
La distinción que en mayo abre una nueva etapa de nominaciones a través de www.premioled.cl está a cargo de Impulso Docente con respaldo de Fundación Mustakis y “El Mercurio”. Los equipos de convivencia también “se ven sobrepasados en atenciones a estudiantes y apoderados que son partícipes de estas situaciones, entendiendo que la violencia escolar parte ADIDEC desde la falta de respeto a las normas del establecimiento”. Sobre el proyecto de ley, la directora comenta que la propuesta que le parece más efectiva es la entrega de mayores atribuciones a los directores, “ya que permite desarrollar e implementar estrategias contextualizadas para la prevención de situaciones de violencia y la capacidad de reacción frente a las mismas. Además, vuelve más ágiles los procesos”, plantea.
Respecto a la revisión de mochilas, señala que “requiere que se establezcan protocolos internos claros para su aplicación; sin embargo, a lo menos en la comunidad educativa que dirijo, esta medida es la más popular entre padres y apoderados y, por cierto, entre los docentes y funcionarios”. Consultada respecto a cómo cree que el sistema debiera abordar la situación de estudiantes que son expulsados o sancionados por hechos graves, Suero contesta que “debe resguardarse su continuidad educativa mediante su derivación o reubicación en alternativas como aulas de reingreso o modalidades flexibles, según su edad y necesidades.
Sin embargo, este camino no puede recorrerse en soledad: debe ir acompañado de seguimiento efectivo y de la articulación oportuna con las redes de salud y de protección del Estado”. Patricio Vilches, entre los 50 mejores profesores del mundo: Priorizar la resolución temprana La violencia escolar está “más presente que nunca” dentro de las comunidades escolares, lamenta Patricio Vilches, profesor ganador del Global Teacher Prize Chile y quien a fines de 2025 fue seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo en la versión internacional del concurso.
Se evidencia continúa “sobre todo en escuelas urbanas de alta matrícula, aunque también en las comunidades pequeñas y rurales, como en la que yo trabajo”. Profesor del establecimiento rural G47 El Guayacán en Cabildo, provincia de Petorca, en Valparaíso, Vilches lamenta que “hoy día en las escuelas no contamos con las herramientas suficientes” para hacer frente a este fenómeno en alza. Sobre las ZEPÓLOSNOFLAOIGRES medidas planteadas en el proyecto de ley, dice que es difícil pronunciarse. Esto porque “en el entorno en el que trabajo, que es la ruralidad o la educación más de provincia, no se está discutiendo de una forma profunda el proyecto de Escuelas Protegidas. Una de las causas considero que puede ser el exceso de trabajo que hay en la escuela, que no nos da espacio ni tiempo para poder abordar todo.
Hoy día hay demasiada contingencia pedagógica y administrativa, con la instalación de los SLEP, por ejemplo, y eso deja poco tiempo para que se traten otros temas”. Aun así, agrega que en la medida en que las normas sugeridas en el proyecto de ley “vengan a hacer un engranaje y todo funcione, creo que se van a ir potenciando unas con otras.
Me parece que dentro de las más efectivas está la que reordena el sistema de denuncia en materia de convivencia escolar y prioriza la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales (a diferencia de tener denunciar y esperar una resolución por parte de la Superintendencia de Educación)”, indica. Sandra González, ganadora del Premio Profesores Excepcionales: Enseñar habilidades socioemocionales “Entiendo y comparto la preocupación por la creciente violencia escolar. Es un problema real que afecta no solo la seguridad física, sino también el bienestar emocional de estudiantes y docentes.
Sin embargo, este proyecto parece priorizar un enfoque punitivo y de control como la revisión de mochilas y sanciones más severas en lugar de abordar las causas subyacentes de dicha violencia”, advierte Sandra González, educadora del Liceo Bicentenario de Excelencia Instituto Comercial de Osorno y ganadora del Premio Profesores Excepcionales 2025, que a través de Fundación Kiri y DaleProfe reconoce a docentes que favorecen la salud mental y el bienestar integral de sus alumnos.
“En mi experiencia, los conflictos en el aula suelen ser el resulADIDEC tado de factores externos: familias fragmentadas, falta de acceso a servicios básicos, problemas de salud mental no atendidos y un sistema que muchas veces margina a los más vulnerables. La propuesta de reforzar la autoridad docente podría parecer una solución inmediata, pero me preocupa que se haga sin considerar el contexto. Si bien es cierto que los profesores necesitamos herramientas para mantener el orden, no podemos asumir roles que nos conviertan en figuras policiales dentro de las escuelas. No estamos formados para ello, ni es nuestra función”, añade esta profesora, quien aboga por la introducción de más psicólogos, trabajadores sociales y programas de mediación en el aula.
También cree que son necesarios más recursos “que nos permitan trabajar en la prevención, no solo en la reacción”. A propósito de prevención, respecto de los controles más estrictos, González dice temer que generen “un clima de desconfianza y estigmatización” hacia los estudiantes.
“¿Qué mensaje estamos enviando cuando tratamos a nuestros niños y jóvenes como potenciales delincuentes en lugar de como personas que necesitan apoyo y guía?”. “La clave para mejorar la convivencia escolar está en la prevención desde la educación inicial. Es esencial enseñar habilidades socioemocionales desde temprano”, concluye.
Jaime Molina, destacado como Profesor Bicentenario 2025: Percepciones mixtas entre diferentes actores Uno de los principales desafíos del proyecto de ley Escuelas Protegidas es su propia implementación, cree este docente de Matemática del Liceo Bicentenario Nuevo Mundo de Mulchén, en la Región del Biobío, premiado por las fundaciones Piñera Morel y Futuro como Profesor Bicentenario 2025. “Las escuelas son muy diversas y no todas cuentan con las mismas capacidades. Medidas que en el papel parecen simples pueden ser complejas de aplicar sin afectar la convivencia o sobrecargar a los equipos. Además, existe el riesgo de trasladar responsabilidades de seguridad a los docentes, sin los recursos ni la formación adecuada”, indica. En muchos colegios, “más que una ausencia total de herramientas, lo que se evidencia es la falta ADIDEC de un sistema robusto y articulado que permita contener eficazmente situaciones que ya han escalado. Si bien en varios existen equipos psicosociales que apoyan, estos no siempre cuentan con las condiciones, el tiempo ni el respaldo necesario para intervenir de manera oportuna y sostenida. En la práctica, esto hace que los conflictos que podrían abordarse tempranamente terminen agravándose, lo que deja a los establecimientos educacionales con capacidades limitadas para enfrentar escenarios de mayor complejidad”, plantea. Dentro de las escuelas, el proyecto de ley está siendo discutido y genera percepciones mixtas entre sus diversos actores, agrega. “Muchos docentes valoran contar con más respaldo, pero al mismo tiempo temen asumir roles que no les corresponden.
Los estudiantes tienden a percibir algunas medidas como punitivas y los apoderados suelen estar divididos”. Él mismo reconoce una postura fragmentada: revisar mochilas explica puede “afectar la confianza y dificultar el trabajo formativo que ocurre en el aula. Sin embargo, considero que podría ser una acción estrictamente necesaria en establecimientos que han tenido conflictos que han escalado a niveles de consecuencias fatales”. Autor: M. CORDANO. N Coinciden en la actual falta de herramientas y la sobrecarga de las comunidades. Unos advierten límites en las medidas centradas en control y otros enfatizan la urgencia de fortalecer la prevención desde las primeras etapas. Desde sus distintas realidades Ingreso de armas a los establecimientos y ataques incendiarios han sido parte de los episodios de violencia escolar que han hecho noticia en las últimas semanas. En la imagen, el Liceo José Victorino Lastarria luego del lanzamiento de bombas molotov dentro del recinto. Vilches lamenta que el proyecto aún no se discuta a fondo en establecimientos rurales. El equipo psicosocial no siempre logra intervenir oportunamente, dice el profesor. González no quiere que los profesores sean vistos como “figuras policiales”. Suero lidera un establecimiento público en la ciudad de Calama.