Autor: LORENA CRUZAT
Indagan supuesta "escucha" a Boric por Procultura, pero Gobierno dice que no hay notificación de su nexo con el caso
Indagan supuesta "escucha" a Boric por Procultura, pero Gobierno dice que no hay notificación de su nexo con el caso El Presidente de la Republica, Gabriel Boric,. Cerca de 50 mil páginas tendría el expediente del caso Procultura, según los cálculos de los intervinientes, tras un año de pesquisas bajo reserva.
Algunos de ellos tuvieron acceso parcial a los antecedentes esta semana, mientras se discute en la Corte Suprema la solicitud de remoción presentada por un grupo de diputados oficialistas contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien encabeza las pesquisas. Algunas de las diligencias decretadas en la causa se han ido conociendo en los últimos días, por ejemplo, aquellas relacionadas con actuales o expersoneros de gobierno.
Primero, se supo que, además del "pinchazo" al exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, también se autorizó la intervención de múltiples teléfonos asociados, entre otros, a funcionarios de Procultura, incluido uno de sus directivos, Alberto Larraín, cercano al FA y al Presidente Gabriel Boric. También, al de la hoy exesposa del psiquiatra, Josefina Huneeus, quien tiene la misma especialidad médica. Según Ciper, habrían sido cerca de 40 los celulares interceptados y en la "escucha" a Huneeus se grabó una conversación que ella habría tenido con el mandatario en octubre de 2024. Ella fue su psiquiatra c u a n d o e r a d i p u t a d o, d e acuerdo con La Segunda. Procultura es indagada desde mediados de 2023, cuando surgió el caso Democracia Viva. En lo concerniente a la entidad que encabezó Larraín, la fiscalía investiga convenios q u e i n v o l u c r a n aportes fiscales por casi $6 mil millones.
Una querella de los diputados republicanos Juan I r a r r á z a v a l y Agustín Romero resume parte de los hechos indagados. "Se investiga por parte del Ministerio Público (... ) contratos suscritos en Antofagasta, Atacama, Biobío, Ñuble, Magallanes y Región Metropolitana.
Todos ellos se caracterizan por la supuesta capacidad de la fundación para ejecutar labores y servicios de muy variado y disímil tipo, desde pintura de fachadas de edificios a organización de actividades conmemorativas binacionales, urbanización de un campamento poblacional, a prestación de servicios de telemedicina, entre otros", consigna la acción penal, que, a su vez, cuestiona que la fundación tuviera las competencias para hacerlo. "Desde luego no posee ni el giro ni la e x p e r i e n c i a técnica para ello, ni mucho menos el personal capacitado para tal diversidad de act i v i d a d e s, limitándose a subcontratar tales servicios a nivel local", advierten los querellantes.
Al preguntársele por la interceptación a Huneeus, la vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, aunque hace algunos días criticó el actuar de la fiscalía, en relación con las diligencias intrusivas vinculadas con Crispi y la fallida interceptación al mandatario, en el marco del caso Procultura, esta vez fue más cauta y dijo que no se pedirían explicaciones al Ministerio Público.
Ayer solo comentó: "No ha existido ninguna notificación al Presidente que nos permita suponer que él tenga algún papel en esta causa", advirtiendo que "siempre hemos sido muy respetuosos del actuar de la fiscalía". Ello, luego de que sus anteriores dichos --que apuntaron justamente a la petición de aclaraciones por parte de los investigadores-fueran criticados, acusándose desde la oposición una intervención indebida.
En ese momento, fue el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien puso "paños fríos", planteando que ese tipo de pesquisas, como las interceptaciones, las autoriza un tribunal cuando se considera que hay antecedentes suficientes para ello.
Se habría "pinchado" a la psiquiatra y exesposa de uno de los directivos de la entidad: Indagan supuesta "escucha" a Boric por Procultura, pero Gobierno dice que no hay notificación de su nexo con el caso LORENA CRUZAT ATON AUDIENCIA Se espera que la fiscalía pida audiencia para formalizar la investigación en las próximas semanas. Se trataría de un diálogo de octubre de 2024, de acuerdo con una publicación de Ciper, pero que no proviene del teléfono del mandatario, cuya interceptación no se habría autorizado por la justicia..