Editorial: Violencia escolar en Puerto Montt
Editorial: Violencia escolar en Puerto Montt a crisis de violencia escolar que atraviesa el país ha comenzado a manifestarse con nitidez en la comuna de Puerto Montt. El lamentable episodio registrado recientemente en Calama, donde L una inspectora perdió la vida a manos de un estudiante al interior del recinto, extremó las alertas nacionales sobre la vulnerabilidad del sistema educativo.
La capital regional no está exenta de este escenario, tal como ha quedado en evidencia con los incidentes de seguridad verificados en el Liceo Politécnico Mirasol -con la irrupción de un ex alumno armado con un elemento contundentey las amenazas de un tiroteo masivo que obligaron a desplegar un operativo de resguardo en el Liceo Manuel Montt, en pleno centro de la ciudad. Frente a este nivel de exposición, se espera que la nueva Ley de Convivencia Escolar se consolide como una herramienta jurídica que permita reducir progresivamente este fenómeno en el país. No obstante, en la búsqueda de soluciones sostenibles, no se debe perder de vista que la violencia en los colegios es un problema de carácter eminentemente multicausal. Esta complejidad exige una mirada integral por parte de las autoridades.
Las medidas de contención tienen que ir acompañadas de un abordaje que incluya intervenciones en salud mental, el respaldo institucional a la convivencia y el involucramiento de las familias, evitando que la escuela asuma en solitario todas las actuales fracturas sociales. Con todo, la gravedad de la actual coyuntura local exige aplicar respuestas disuasivas a corto plazo para proteger a las personas. En ese sentido, la evaluación e instalación de detectores de metales en los accesos de los establecimientos surge como una acción del todo pertinente. Si bien este tipo de infraestructura preventiva no resuelve por completo el problema de fondo ni suplanta la indispensable labor pedagógica, sí otorga mayores garantías de protección a las comunidades. El resguardo de la integridad de los docentes, asistentes de la educación y alumnos requiere de determinaciones inmediatas.
El derecho a educar y aprender resulta inviable si el Estado no garantiza primero la seguridad de quienes asisten al aula.. Incidentes en los liceos Politécnico Mirasol y Manuel Montt demuestran que este fenómeno ya se deja sentir en la región. E Editorial